El gobierno porteño formulará la semana próxima una propuesta a la Nación para hacerse cargo de la postergada construcción de la autopista ribereña –que uniría la Illia con la Buenos Aires-La Plata– con fondos propios, producto de lo que recauda la empresa estatal AUSA en concepto de peaje. Con esta obra quedaría cerrada la red de autopistas del Area Metropolitana: el nuevo viaducto uniría la Panamericana y el tramo norte de la General Paz, a través de las actuales Cantilo e Illia, con la autopista a La Plata, la 25 de Mayo y la Perito Moreno. “Será una autopista en trinchera, es decir que correrá bajo nivel pero a cielo abierto”, dijo a Página/12 el secretario de Infraestructura y Planeamiento porteño, Roberto Feletti. La propuesta se completa con la construcción de la Autopista 27 de Febrero, en la ribera del Riachuelo, que unirá la Boca con puente La Noria.
El trazado de la autopista ribereña es uno de los que más polémica despertó en los últimos años. Durante el gobierno de Carlos Menem se propuso hacerla a siete metros de altura; luego se optó por construirla a nivel, superponiéndola con la Avenida Alicia Moreau; también se sugirió hacerla pasar por la Reserva Ecológica o por un túnel, debajo de los diques de Puerto Madero. Finalmente se optó por la trinchera: la autopista iría a unos cinco metros bajo nivel, entre Belgrano y Córdoba, para subir en los extremos y empalmar con las autopistas existentes.
La propuesta que formulará Aníbal Ibarra la semana próxima consiste en que la empresa Autopistas Urbanas SA (AUSA), dependiente del estado porteño, se haga cargo de la dirección de la obra. “Para financiarla, se utilizará el 70 por ciento de los fondos recaudados por AUSA en concepto de peaje, que hoy son destinados a rentas generales”, dijo Feletti a Página/12. “El objetivo es que la obra sea financiada por los propios automovilistas que utilizan la red de autopistas y no por todos los vecinos de la ciudad”, explicó el funcionario. De esa manera, no sería necesario tomar créditos para su ejecución.
La propuesta, en cualquier caso, debe ser aprobada por el gobierno nacional: fue el gobierno federal el que otorgó la concesión para la construcción de la autopista ribereña a la empresa Coviares, concesionaria de la Buenos Aires-La Plata. La misma empresa administraba la autopista Illia, hasta que el estado porteño le retiró la concesión.
AUSA recauda unos 100 millones de pesos anuales sólo en las cabinas de peaje. De ellos, el 70 por ciento los paga a Rentas de la ciudad en concepto de canon por la concesión. El otro 30 por ciento se destina a gastos operativos o a los distintos proyectos que encara la empresa. Además de operar las autopistas Illia, 25 de Mayo y Perito Moreno, AUSA explota en alquiler los espacios comerciales bajo las autopistas y realiza trabajos de bacheo en buena parte de la ciudad. Ya cuenta con experiencia en la construcción de una autopista: tuvo a su cargo la ejecución de la AU7, Héctor J. Cámpora, que une la 25 de Mayo con la ribera del Riachuelo.
La propuesta que presentarán Ibarra y Feletti incluye la construcción de la Autopista 27 de Febrero, con lo cual la ciudad estará rodeada íntegramente por un anillo vial rápido. “Con esta autopista y con la ribereña vamos a sacar el tránsito pesado de las calles y avenidas de la ciudad”, destacó Feletti. Para la construcción de la 27 de Febrero será necesario despejar la traza, hoy ocupada en algunos tramos por viviendas precarias. “A todos se les dará una solución habitacional”, prometió el funcionario.
La construcción de esa vía rápida paralela al Riachuelo tiene especial interés para la Corporación Buenos Aires Sur, el organismo que tiene como objetivo el desarrollo de la zona sur de la ciudad. “De esa manera nos va a ser más fácil encarar la limpieza de la costa del Riachuelo”, destacó Enrique Rodríguez, presidente de la Corporación.