SOCIEDAD
› PIDEN 18 AÑOS PARA UNA MAESTRA ACUSADA DE ABUSO
La seño, contra las cuerdas
El juicio a la jardinera de 54 años de un colegio católico en Mar del Plata entró en la etapa final. Una pericia pedida por la defensa concluyó que las nenas supuestamente abusadas “no fabulan”. La mujer se declaró inocente ante el tribunal. El veredicto, el jueves.
› Por Pedro Lipcovich
La fiscal no sólo pidió 18 años de prisión para la maestra jardinera Ana Pandolfi, por “abuso sexual gravemente ultrajante” y corrupción agravada de menores: además, requirió que la investigación se amplíe hacia otra docente del colegio y en busca de las “personas de sexo masculino no identificadas” que participaron en los actos de corrupción. Los rasgos de dos de ellos empiezan a discernirse en el testimonio de una de las pequeñas: “Había hombres vestidos de blanco, uno tenía rulos, otro pelado, y me hacían comer gusanos blancos que tenían veneno”. La abogada de las familias de las niñas denunció la “actitud corporativa” de las autoridades y docentes del Instituto Divino Rostro, colegio católico donde habrían ocurrido los hechos denunciados. El defensor de Pandolfi, por su parte, pidió la absolución, aduciendo que “los hechos no están probados y, si los hubo, no está probada la responsabilidad”, y la acusada aseguró que “no pasó absolutamente nada”. Sin embargo, la pericia psicológica solicitada por la misma defensa ratificó ayer que los dichos de las seis niñas no eran fabulaciones: sobre todas ellas se habría cometido abuso y, por lo menos sobre tres de ellas, también habría habido corrupción, es decir que habrían sido inducidas a realizar “actos perversos”. Anoche finalizaron los alegatos en el juicio oral que se efectúa en Mar del Plata. El tribunal dará su veredicto el jueves que viene, pero la acusada podría ser detenida en los próximos días, si se hace lugar a un pedido de la fiscalía.
En su alegato, la fiscal María de los Angeles Lorenzo pidió una condena de 18 años de prisión para Ana Pandolfi por “abuso sexual gravemente ultrajante” y, en tres de los casos, “corrupción agravada de menores”. La diferencia entre ambos cargos es que, en el último, no sólo se actúa sobre el cuerpo de la víctima sino que se la induce u obliga a efectuar “actos perversos”. Es doblemente agravada por la cortísima edad de las menores y la condición de educadora de la imputada. Según la fiscal, “ha sido probado que hubo tocamiento entre niños, participación de adultos mayores en hechos de sexo oral, tocamientos y besos en boca por parte de adultos no identificados”. También habría habido “una exigencia compulsiva a guardar silencio, mediante amenazas de muerte y de coserles la boca”, todo lo cual habría ocurrido “en más de una oportunidad, estimativamente en 2001 y hasta mediados de 2002”.
Entre los testimonios citados por la fiscal, una nena contó que “Ana me llevó a un lugar donde había hombres vestidos de blanco, uno tenía rulos, otro pelado y me hacían comer gusanos blancos que tenían veneno”.
La fiscal también pidió que se amplíe la investigación a la preceptora Dolores Bellocq, quien fue “reticente” y “llegó a negar circunstancias comprobables” en su intento de exculpar a Pandolfi y a la institución. También pidió que la investigación alcance a “otras personas de sexo masculino no identificadas”.
Alicia Ramos Fondeville, abogada de los padres de las niñas, destacó a este diario, refiriéndose al Instituto Divino Rostro, que “el colegio todo ha tenido una actitud corporativa: no hicieron siquiera un sumario interno de investigación. En el juicio, desde la vicedirectora hasta la preceptora Bellocq adoptaron la misma actitud, en lugar de aprovechar para sanearse; la vicedirectora tampoco explicó por qué no había ordenado el sumario”.
Eduardo Berchot, defensor de la maestra, pidió su libre absolución “porque los hechos no fueron probados, no ocurrió nada”. En todo caso, “si hubo algún hecho, tampoco está probada la responsabilidad” de la acusada. Berchot sostuvo que las pericias psicológicas fueron efectuadas “en forma corporativa, respaldándose sin sustento científico”, y, de los lugares señalados por las niñas, como “la cuevita” y “el castillo rojo”, afirmó que “no se probó que existieran porque no existen”. Acusó también a la fiscal porque “no busca esclarecer los hechos sino llevar adelante la acusación”.
La acusada, por su parte, pidió declarar y manifestó que “no pasó absolutamente nada en la escuela”, “no tengo nada que ver con lo que se me acusa” y “no tengo ni idea de cómo empezó todo esto”.
La jornada se había iniciado con el testimonio de las peritos psicólogas Lía Martínez y Alicia Rodríguez, quienes habían efectuado una revisión de los testimonios de las niñas, registrados en texto y en videos. El peritaje había sido ordenado por el Tribunal en lo Criminal Oral Nº 3 de Mar del Plata –integrado por los jueces Daniel Adler, Eduardo Alemano y Hugo Trogu– como respuesta al pedido de Eduardo Berchot, abogado defensor de Ana Pandolfi. Este había solicitado que se efectuaran nuevas pericias psicológicas a las presuntas víctimas, a sus padres, hermanos mayores de 12 años, tíos, abuelos y familiares en contacto directo, a lo cual el tribunal respondió disponiendo que dos peritos psicólogos revisaran los videos de las niñas para expedirse sobre las posibilidades de fabulación, mendacidad o inducción, alternativas que resultaron descartadas por las peritos.
La denuncia fue efectuada por los padres en 2002, luego de haber consultado con profesionales del Hospital Provincial Materno Infantil de Mar del Plata, quienes estimaron verosímil el abuso.
El tribunal pasó a cuarto intermedio hasta el jueves, cuando hará conocer su veredicto. La acusada se halla en libertad pero la fiscal solicitó ayer su detención al tribunal, que podría expedirse hoy al respecto.