El monte santiagueño se redujo en un 70 por ciento desde 1914. En la última década el proceso se aceleró por el desplazamiento de la frontera agrícola y la revalorización de las tierras. En ese lapso los Juárez autorizaron una tala de 492 mil hectáreas, pero un informe reciente de la subsecretaria de Recursos Naturales local, demostró que otras 200 mil hectáreas se desmontaron de forma ilegal. El desmonte indiscriminado y los desalojos compulsivos fueron dos núcleos centrales de las políticas de violación a los derechos de la comunidades campesinas del juarismo. Alentaron la formación de las guardias blancas y de los ejércitos paramilitares controlados por terratenientes y policías, tal como anticipó Página/12 en forma exclusiva. La intervención acaba de sacar una ley inédita que obliga a frenar el desmonte durante seis meses para hacer un diagnóstico de la devastación, revisar las leyes que la posibilitaron, impulsar denuncias penales y frenar indirectamente a los paraguardianes.
Para la agenda política de la Intervención, la devastación del monte santiagueño es uno de los temas con peso semejante a las violaciones de los Derechos Humanos vulnerados en las últimas cuatro décadas en Santiago del Estero. El proceso se aceleró en los últimos seis años. Aunque no hay estadísticas ciertas, los integrantes de la Mesa de Tierras coordinada por el Obispado cuentan con alguna dimensión: “El desmonte fue cada vez más impresionante, se vendían tierras fiscales: eran una depredación absoluta”, le dijo a Página/12 Silvia Borselino, de la Mesa de Tierras y del Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero (Mocase).
El desmonte está íntimamente vinculado al problema del acceso a las tierras. Alrededor del 60 por ciento de los santiagueños habitan en zonas rurales; un 60 por ciento son pequeños productores que, aunque son dueños de sus tierras, no accedieron a los títulos de propiedad. Parte de las explicaciones están detrás de un laberinto jurídico que imposibilitó históricamente el acceso a la tenencia definitiva de la tierra.
De acuerdo con los cálculos de la Mesa, alrededor de 1.700.000 hectáreas habrían sido entregadas en forma irregular. Los cálculos en realidad son sólo estimaciones porque la información catastral de los últimos 40 años no se actualizó: “Sabemos que se hizo y que hubo fraude –dijo Borselino–, hubo ventas ilegales de tierras, se inventaron registros, pero no hay un número ni un dato preciso ni en el Registro de Propiedad ni en el Registro de Tierras”.
La nueva ley llega para ordenar ese universo. Entre otros aspectos, el parate del desmonte durante seis meses prorrogables a otros tres sobre propiedades del estado nacional, provincial, municipal y privado, abre un proceso de diagnóstico sobre el monte. “Nos permite hacer como un inventario del monte santiagueño: en qué términos están los recursos ambientales”, señaló a este diario Fernando Rinaldi, secretario de Derechos Humanos de la Intervención. La política de la Intervención pretende llevar adelante “un proyecto económico de inclusión con un modelo sustentable en el campo que integre los recursos ambientales vulnerados y la inclusión de las comunidades campesinas”. El Estado en ese sentido, agregó el funcionario, “es el garante del medio ambiente y de mantener un perfil productivo cuyos aspectos técnicos llevará adelante la subsecretaria de Recursos Naturales, Forestación y Asuntos Campesinos”.
El segundo punto de la ley 6657 le encomienda parte del trabajo de revisión a Recursos Naturales. Exige a partir de ahora una revisión exhaustiva de “todos los permisos de desmonte”, la verificación de compatibilidades o incompatibilidades de acuerdo con las normas vigentes y abre una instancia penal “en los casos en que se verifique una violación flagrante a la normativa”. Ese proceso llegará incluso a revisar el andamiaje jurídico que permitió que las tierras se explotaran legalmente. Los desmontes santiagueños fueron habilitados por un decreto de la dictadura militar que aún está vigente. Con cuidado, y despacio, la Intervención se tomará el trabajo de revisar la legalidad. Intenta entender si la “institución legal” fue compatible o no con los derechos de las comunidades campesinas: “Porque –explicó Rinaldi– los desmontes podían ser legales pero no sustentables ambientalmente”.
Otro aspecto de la ley apunta a fortalecer las “cortinas forestales” en los campos, para proteger a los suelos bajo cultivo de los efectos de la erosión y la pérdida de nutrientes. El área de Recursos Naturales detectó sobre 100 casos, que en 85 no se respetó la reglamentación que obliga a mantener las “cortinas de árboles sobre los suelos”. La ley ahora exige un régimen de sanciones que incluye la reposición de las cortinas vulneradas o que hubiesen sido removidas ilegalmente. Incluye una nueva zonificación del desmonte y un régimen de sanciones que incluya reposición.
Es la primera vez que las organizaciones sociales que estaban detrás de las denuncias de la situación del campo, participan en el armado de una ley. “Para nosotros –dijo Borselino– es un paso muy importante: haber conseguido una ley, aunque sea por seis meses (renovable por otros tres) nos habilita a comenzar con los procesos legales a largo plazo.” La Mesa fue parte de las organizaciones que denunciaron la existencia de los Guardias Blancas o Peonadas Armadas, grupos financiados por medianos y grandes propietarios, que funcionaron hasta ahora como pequeños ejércitos. Defendían el derecho de usurpación ilegal, a la santiagueña: con “escopetas y perros, intimidando con disparos al aire, obstrucción de caminos, exhibición de armas y amedrentamiento a los campesinos poseedores de las tierras”.
Esos nuevos ejércitos eran el emergente de una nueva forma de apropiación ilegal y extrajudicial de las tierras. “El giro del modelo estaría basado en el abandono de la instancia judicial por parte de los supuestos compradores para pasar al uso de la fuerza”, indicaba el año pasado un informe de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación. La ley, ahora incluye una propuesta de creación de Guardaparques Voluntarios para cumplir funciones de apoyo a las acciones de control del desmonte clandestino. En los hechos puede ser una herramienta indirecta también de control sobre los guardianes: “Es una red de comunicación y alerta –decía Borselino– de las comunidades del campo”.