Por Pablo X. de Sandoval*
Desde Madrid

Cuando la abogada María Angeles López decidió especializarse en temas de inmigrantes, en 1980, sólo había tres despachos en Madrid dedicados a ese problema. “Había uno que atendía a chinos, otro y el mío”, recuerda. España no tenía una Ley de Extranjería. “Cuando encontraban a un inmigrante irregular, lo metían en la cárcel de Carabanchel hasta que le compraban un billete de avión y lo mandaban a su país.” Ocho gobiernos y tres leyes de extranjería después, hay unos 2000 abogados que se dedican a atender trámites de inmigrantes, sólo en Madrid, según estima Marcelo Belgrano, coordinador del área de migración del Colegio de Abogados de Madrid. “El turno de oficio de extranjería tiene 400 abogados y hay 13 personas, 24 horas de guardia”, añade.
Sus clientes también se han multiplicado exponencialmente y, según estimaciones aceptadas, hay un millón de inmigrantes irregulares en España. Alrededor de ellos, además de abogados e inmensos problemas legales, se mueven decenas de organizaciones de apoyo, desde sindicatos hasta asociaciones vecinales. “Se ha creado toda suerte de redes de apoyo”, dice López. Razones de agenda han hecho que esa amalgama de voces se haya hecho de nuevo visible estos días en Barcelona.
Alrededor de 1700 inmigrantes se encerraron el sábado 5 en la catedral de Barcelona y la iglesia del Pi. Pedían papeles para todos, el lema por el que se han hecho más conocidas este tipo de manifestaciones. Aunque aseguran que pactaron con el obispo de Barcelona, Ricard Maria Carles, abandonar la catedral a las nueve de la mañana del lunes, fueron desalojados violentamente por la policía. Quince personas fueron detenidas y serán expulsadas del país por estancia ilegal, pues no tienen los papeles que precisamente pedían. El caso ha provocado distintas opiniones sobre la estrategia de la defensa de los inmigrantes, así como las oportunas acusaciones políticas.
Las protestas son apoyadas por una serie de organizaciones bajo el nombre colectivo de Asamblea por una Regularización Sin Condiciones, que el próximo 4 de julio iniciará una huelga de hambre en reclamo de “papeles para todos”. Es el nuevo nombre de un movimiento que en un principio se llamó Iguales en Derechos y, hace unos dos años, Papeles para Todos. El número de miembros ha disminuido con los años, y ahora son 45 organizaciones. Algunos han sido tan dispares como el sindicato minoritario Confederación General del Trabajo (CGT), presente en la Asamblea o una de las asociaciones judiciales mayoritarias, Jueces para la Democracia, que participó en Papeles Para Todos.
“No hay unidad de criterios a la hora de defender a los inmigrantes”, sentencia Mustafa El M’Rabet, presidente de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (Atime). “Están los radicales, los moderados y los que no hacen nada.” Atime cuenta con 15.000 afiliados y no ha estado presente en ninguna de estas plataformas.
En el primer caso, lo que El M’Rabet llama “los radicales”, se encontraría CGT, señalado por diversas fuentes como catalizador a escala estatal de estas movilizaciones. “CGT no está detrás de nada, está delante, apoyando a los inmigrantes”, responde Juan Carlos del Val, coordinador de este sindicato en Cataluña. Reconoce un “papel considerable” en ocasiones anteriores, de las que “queda una inercia”.
A la hora de organizar manifestaciones, “se valoran cuestiones de calendario”, dice Del Val. “Todo el mundo mueve su ficha. Los inmigrantes saben que éste es un momento apropiado para reivindicar.” El calendario dice que el gobierno prepara un nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería, que debe estar en marcha después del verano (europeo). Así que papeles habrá, pero aún no se sabe para quién. Por ahora, el Ejecutivo ha anunciado un plan de choque para reducir el colapso de las delegaciones del gobierno, que centralizan los trámites de extranjería. En España hay374.749 expedientes de extranjeros sin resolver por falta de medios humanos y materiales.

* De El País, de Madrid. Especial para Página/12.