“Reserva natural se remata a mejor postor”, podría ser el título de una historia escrita en Salta por la mano del gobernador, Juan Carlos Romero, y los legisladores justicialistas. Se trata de la Reserva Natural de General Pizarro, de 25 mil hectáreas, creada en 1995, que hoy será literalmente subastada por el gobierno provincial. De concretarse, serán desalojados miles de campesinos asentados en el lugar desde hace décadas y también serán echados de su tierra ancestral pobladores originarios wichís. Además, sería la primera vez en la Argentina que una zona destinada a la protección de flora y fauna es “desprotegida” y ofrecida a empresarios con fines agrícolas y ganaderos. “Es la impunidad total y sienta un precedente gravísimo para los escasos bosques nativos que aún no fueron deforestados”, denunciaron desde la organización ambientalista Greenpeace.
En marzo último, la Legislatura provincial aprobó la “desafectación” del 72 por ciento –18 mil hectáreas– de la reserva original. ¿El fin? Ofrecerlas primero en una suerte de licitación pública donde esperan ofertas de entre 300 y 500 dólares por hectárea. Hoy serán abiertos los sobres y las tres mejores propuestas participarán del remate, que también se hará hoy. El responsable de la subasta será el ministro de Producción y Empleo de Salta, Víctor Brizuela. Al cierre de la edición, ningún funcionario salteño había aceptado dialogar con Página/12.
La Reserva de Pizarro está ubicada en el departamento de Anta, 280 kilómetros al nordeste de la capital salteña, y según afirman todas las organizaciones ambientalistas, el objetivo del gobierno de Romero es dedicarla al pastoreo de animales y la ampliación de la frontera agrícola, específicamente de las multinacionales de la soja. “Por acá se dice mucho que quieren vender cuanto antes a las sojeras porque si el precio internacional de la soja sigue cayendo también bajará el precio de las tierras. Aunque en voz baja también se dice que hay otro tipo de negociados, con testaferros de funcionarios”, reveló en voz baja una fuente del gobierno salteño.
El referente de los vecinos de General Pizarro, Carlos Ordóñez, rechazó la venta de los lotes “porque se producirán grandes desmontes que van a terminar con la fauna y la flora de la zona, porque con los agroquímicos van a contaminar toda la zona y porque despojarnos de nuestras tierras es el acto más injusto que pueden cometer pues es lo único que tenemos para forjarnos un futuro”.
Como último intento de frenar el remate, organizaciones ambientalistas presentaron ayer un recurso de amparo ente la Justicia de Salta. Además de la comunidad wichí Eben Ezer y de las familias criollas de la región, respaldan el pedido Greenpeace y las fundaciones Vida Silvestre, Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Pro Yungas.
La reserva es el único sustento de comunidades criollas y de las familias wichís, y también única en su tipo, con especies arbóreas del ecosistema de las Yungas como el cebil, el lapacho y el cedro, y del ecosistema del Chaco Semiárido, como el quebracho colorado y blanco, el algarrobo y el mistol. La fauna de la zona es muy rica: se destacan diversas especies de aves y mamíferos como el loro hablador, tucanes y corzuelas, pecaríes, monos y diversas especies de armadillos.
“Vender nuestras reservas naturales es un crimen ambiental y debe ser condenado por todos. La fiebre de la soja no debe avanzar a expensas del último tercio de bosque nativo que queda en la Argentina, y mucho menos sobre los derechos de los pobladores locales”, manifestó Emiliano Ezcurra, coordinador de la campaña de Biodiversidad de Greenpeace.
Página/12 intentó en vano comunicarse con funcionarios salteños en varias oportunidades. En cambio, pudo hablar con la ex secretaria de Medio Ambiente, Ana María Pontussi –alejada del cargo hace tres semanas–, quien opinó que “la venta de esas tierras tiene un estudio ambiental que las sustenta”. No obstante, remarcó que el “verdadero punto es controlar qué harán ahí. Si nos atenemos a la ley provincial, debe ser una actividadque priorice la sustentabilidad, el medio ambiente”. Sobre su alejamiento, la ex funcionaria señaló que fue multicasual, pero remarcó que “algunos sectores veían con desagrado que me apegue mucho a la ley”.

Informe: Darío Aranda.