Mar 09.04.2002

SOCIEDAD

Tras los gritos, Duhalde empuja una ley para endurecer las penas

Como respuesta a la presión policial, el Presidente sacó de la galera un viejo proyecto que agrava las penas a los homicidas de policías. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, lo informó tras una reunión del Consejo de Seguridad.

› Por Horacio Cecchi

Los gritos contra Ruckauf, durante el entierro de su propio custodio, el sábado pasado, fueron decisivos. Ayer, el presidente Eduardo Duhalde, rápido de reflejos y sensible a las presiones, convocó al Consejo de Seguridad y anunció a quien quisiera oírlo que impulsaba un proyecto de agravamiento de penas a los homicidas de policías. La prisa con que asumió el Gobierno el tema es evidente: en apenas dos días, Duhalde estaba en condiciones de afirmar que el Congreso tratará el proyecto el próximo miércoles. Para ello debió echar mano a un proyecto preexistente, del radical mendocino Víctor Fayad. El debate no es nuevo. El propio canciller Ruckauf, en el clímax de la mano dura, había propuesto elevar las penas de esos delitos, en el ‘99, durante su campaña a gobernador. El proyecto de Fayad retoma la ley vigente durante la dictadura, que condenaba a perpetua a quien matara a un policía. Para Fayad, la cuestión no debe quedar ahí, y pretende modificar la ley contra la Discriminación, agregando a las penas por motivos raciales y religiosos, la discriminación por ser policía.
“Elevar las penas a los autores de homicidios de personal de seguridad, por tenencia y portación ilegal de armas, y por delitos cometidos por menores; incrementar el número de cárceles y fortalecer el accionar de las fuerzas de seguridad para la prevención y represión del delito”. La cita no corresponde a Duhalde sino a Ruckauf, durante su campaña a gobernador, en el ‘99. Ayer, no fue Ruckauf –esfumado hasta el sábado pasado, cuando asistió al entierro de su custodio, Adrián Faldutto– sino Duhalde el que echó mano al manual del buen político. Primero, convocó de urgencia al Consejo de Seguridad, para analizar el tema. Después, ordenó al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, que informara sobre el estado de situación, o sea, el impulso dado a un proyecto de modificación del Código Penal en el Congreso.
Es “absolutamente posible”, aseguró Capitanich, en conferencia de prensa, que el miércoles próximo se dedique una sesión especial de Diputados al debate. Para anunciarlo con cierta sombra de certeza, Duhalde sondeó posiciones parlamentarias durante todo el fin de semana. El proyecto que con tanto vértigo impulsa el gobierno, no es propio sino de un diputado radical mendocino: Víctor Fayad. Y el proyecto de Fayad no es nuevo. Ya desde el 2000, intenta que en Diputados le den cabida. En noviembre del año pasado, por falta de apoyo del propio radicalismo, perdió vigencia. El 10 de enero pasado, el mendocino lo volvió a presentar. Y el jueves pasado pidió el tratamiento especial.
Mantener el proyecto en vigencia fue más trabajoso que redactarlo: tiene cinco líneas y media. Se trata de un agregado al artículo 80, que en sus 7 incisos condena a reclusión o prisión perpetua al homicida de padres, hijos o cónyuge; por alevosía; por encargo; por odios raciales o religiosos; para crear peligro común; por concurso de dos o más personas; o para ocultar otro delito. Fayad agrega el inciso 8, que pena por matar a un miembro de las fuerzas de seguridad, policiales o penitenciarias, ya sea que ocurra en ejercicio de sus funciones, o franco de servicio.
Para ser tratado sobre tablas, el proyecto requiere los dos tercios de los legisladores presentes. Pero no hay una posición homogénea en los dos bloques mayoritarios. En la Comisión de Legislación Penal, tampoco está resuelto. La presidenta de la comisión, la radical Margarita Stolbizer se mostró opuesta. “Las reacciones del Congreso son espasmódicas –aseguró a Página/12–, según lo que pasó el fin de semana anterior. En lugar de analizar las causas, sacan leyes. Está corroborado que el agravamiento de las penas no reduce los delitos. Pero, además, yo no estoy de acuerdo en hacer una diferencia. Ese proyecto hace aparecer que el funcionario policial vale más que cualquier otro ciudadano y que cualquier otro funcionario.” “La solución no es cambiar las leyes –sostuvo Marcela Bordenave, del ARI–. Leyes hay, pero no se las hace cumplir. Están votando leyes para quedar bien con la sociedad.” Desde Mendoza, entusiasmado por el impulso, Fayad agregó: “También voy a proponer modificar la ley contra la Discriminación, que contempla la discriminación racial, la religiosa, pero no por ocupación.
–¿Por ocupación?
–Sí. ¿Escuchó la cumbia villera, cuando cantan que hay que matar a un policía? Bueno, están discriminándolo por su trabajo.

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