En febrero último fue denunciado el asesinato de internos de la cárcel de Batán por encargo de hombres del Servicio Penitenciario. El mes pasado fueron procesados cuatro penitenciarios, también de Batán, por el robo de alimentos. La tercera fue ayer: dos altos jefes de ese mismo penal, ubicado en las afueras de Mar del Plata, terminaron presos, acusados por las torturas que sufrieron ocho detenidos hace dos meses. Se trata de la misma cárcel en la que, a principio de año, durante una visita de jueces, un preso había puesto una faca sobre la mesa donde estaban los magistrados y denunció: “Esto me lo dieron los del penal para que le pegue un par de puntazos a Jaramillo”. Jaramillo es un interno que había sido atacado días antes. Por ese hecho, junto al asesinato de tres internos en 45 días, se había desplazado de sus cargos a las autoridades de la cárcel.
Los detenidos de ayer son el jefe de Seguridad y Tratamiento, Julio Alberto Ferrufino, y el jefe de Seguridad del penal, alcalde mayor Roger Lobos, segundo y tercero en la línea de mando del penal. También está imputado, por “omisión culposa”, el jefe de jefes, Enrique Carmona. A los detenidos se los responsabiliza por “traslados arbitrarios a pabellones, golpes, duchas de agua helada desnudos y detenciones en celdas en esas condiciones”, describió el fiscal del caso, Gustavo Fissore, a Página/12. Entre las pruebas para que el juez Marcelo Medina aceptara el pedido de arresto figuran declaraciones de los internos y del personal de penal, y también el sistema de filmación interno, que “induce a pensar que fue manipulado para no filmar algunas cosas”, señaló el fiscal.
Ambos penitenciarios están acusados de ser los presuntos responsables de maltratos y torturas de al menos ocho presos –seis del pabellón 8, uno del pabellón 5 y otro del pabellón 2–, pero los investigadores no descartan que se puedan sumar más víctimas. Fuentes judiciales dijeron que en otras fiscalías se habría recibido más denuncias sobre hechos similares registrados en los mismos pabellones. Los uniformados estaban ayer alojados en la alcaidía de tribunales, a la espera de su declaración, pero hoy serían trasladados a una celda en el Cuartel de Bomberos. De ser culpables, la pena mínima es de ocho años y la máxima de 25 años.
Ferrufino fue arrestado al mediodía y Lobos algunas horas después. La fiscalía había solicitado otra detención –no precisaron de quién–, pero el juez consideró que, en ese caso, aún no hay suficientes pruebas.
La investigación sobre los miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense se abrió a partir de denuncias de los propios presos ante autoridades administrativas del penal, quienes declararon que en la madrugada del 12 de mayo los ocho presos fueron levantados a los golpes y obligados a desnudarse. Luego fueron conducidos al pabellón número 7, conocido como el “pabellón de los castigos”, donde fueron obligados a ducharse con agua helada y fueron golpeados. Posteriormente, fueron retornados a sus celdas, donde pasaron el resto de la noche mojados y desnudos. El juez de la causa señaló ayer que “durante los traslados se cometieron los apremios ilegales y las torturas”.
La cárcel de Batán está ubicada a veinte kilómetros del centro de Mar del Plata, fue inaugurada en noviembre de 1980 y tiene capacidad para 700 reclusos, pero en la actualidad tiene una población carcelaria –entre procesados y condenados– de 1500 personas. En febrero pasado, mientras los jueces Ricardo Favarotto, José Martinelli y Esteban Viñas habían ingresado a los pabellones para conocer la situación de los internos, el detenido Jorge Farías se acercó y les mostró un cuchillo. “Un guardiacárcel me dio esto y me dijo que mate a (César) Jaramillo (otro recluso)”, aseguró el interno. La investigación posterior comprobó que Jaramillo había sido golpeado en su celda.
Esa investigación también está a cargo de Fissore, que comprobó que dos internos fueron golpeados por haber denunciado a miembros del Servicio Penitenciario. Pero el quiebre fue la noticia de tres homicidios en 45 días. “No son niños de pecho. Vienen con una violencia incontrolable”, había señalado un vocero del SPB. Pero en la interna judicial saben que es el argumento más común para el homicidio por encargo dentro de las cárceles.