El gobierno argentino se comprometió a implementar servicios hospitalarios que realicen abortos en los casos previstos por la ley. Fue en el marco de un acuerdo regional del Mercosur más Chile, que se presentó en el último período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) que finalizó una semana atrás en Puerto Rico.
La resolución, que no había trascendido hasta ahora, fue confirmada ayer por la viceministra de Salud, Graciela Rosso, en declaraciones a Página/12. “No significa que promovamos el aborto ni su despenalización, pero queremos avanzar para ofrecer servicios de calidad en las situaciones autorizadas por la ley”, explicó.
El compromiso fue firmado por los países del Mercosur –Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil– más Chile, dentro de la Comisión Intergubernamental sobre Salud Sexual y Reproductiva de la región. El órgano dio a conocer el acuerdo en la reunión del Comité Especial sobre Población y Desarrollo de la Cepal, a la que concurrió Rosso en representación del gobierno argentino. Tuvo lugar en Puerto Rico y terminó el 2 de julio. Allí, la delegación oficial confirmó la posición gubernamental en relación con la definición de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos y votó en coincidencia con los países latinoamericanos por la ratificación del Plan de Acción aprobado diez años atrás en la Conferencia Mundial de Población, realizada en El Cairo, que prevé una serie de compromisos en materia de políticas de planificación familiar, a los que se oponen férreamente tanto Estados Unidos como el Vaticano.
Argentina asumió el compromiso a pesar del fuerte lobby que ejerció la cúpula eclesiástica local para modificar la postura oficial. La declaración firmada por los países del Mercosur más Chile insta a las cinco naciones a “redoblar los esfuerzos” para:
u “El pleno reconocimiento de los derechos reproductivos de la población sin discriminación alguna”.
u “El desarrollo pleno de programas de educación sexual en la educación formal como estrategia para la promoción y prevención en salud sexual y reproductiva, especialmente dirigida a adolescentes y jóvenes.”
u “Asegurar el acceso universal a los servicios de Salud Sexual y Reproductiva integrales y de calidad garantizando su continuidad, mediante la asignación de recursos.”
u “La constitución y fortalecimiento de servicios diferenciados de atención a la salud sexual y reproductiva de adolescentes y jóvenes, salvaguardando el derecho a la privacidad y consentimiento informado.”
u “Profundizar los esfuerzos en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual en particular VIH/sida.”
u “Reducir la morbilidad y mortalidad maternas, garantizando el acceso a la planificación familiar, la atención obstétrica de calidad, la atención a las consecuencias del aborto inseguro y el acceso a los servicios de aborto legal cuando la legislación así lo establece.”
En el país el aborto no es punible: 1º) si “se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; 2º) si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre un mujer idiota o demente”. Pero en la práctica los hospitales exigen una autorización judicial, que los magistrados muchas veces no llegan a otorgar argumentando que no deben darla –porque el Código Penal no la exige– y se inicia un círculo vicioso que deja en el medio, sin respuestas, a las mujeres que reclaman la interrupción del embarazo permitida por la ley (ver aparte).