La muerte de dos mujeres jóvenes del conurbano bonaerense a consecuencia de abortos mal realizados se ha transformado en noticia, visibilizando la lúgubre realidad de la vida cotidiana de las mujeres en edad fértil de nuestro país.
Andrea Romina Ayunta, de 25 años, madre de tres chicos de 2, 5 y 7 años, y Mabel Fernanda Facciano, de 24, no hubieran muerto si hubieran tenido dinero para pagar abortos seguros –igualmente clandestinos– pero realizados por personas idóneas en medio adecuado; si hubieran podido recurrir al hospital a tiempo cuando surgieron las complicaciones; si hubieran sido atendidas con todos los recursos médicos y humanos que requería su situación, tanto antes como después del aborto. Todo esto requiere que la interrupción voluntaria del embarazo sea una práctica legal y que esté al alcance de todas las mujeres que lo demanden en los servicios públicos de salud, como resultado de una decisión de conciencia ante un embarazo que juzgan imposible continuar. Una mujer embarazada es la única persona que puede decidir legítimamente si quiere o no continuar su gestación y hacerse cargo de sus implicancias. Ni la iglesia, ni el Estado, ni la corporación médica, nadie puede sustituirla en esta decisión, forzándola a tomar cada embarazo que no pudo evitar –por las razones que fueren– como la realización de una feminidad esencial representada por la maternidad incondicionada. Por el contrario, deben garantizarle medios para cumplir con su derecho a decidir sobre el curso de su vida. Y esta decisión debe prevalecer sobre cualquier otra consideración que merezca la existencia de un embrión que podría llegar a ser un hijo para ella si sus circunstancias internas y externas fueran otras. En las suyas no lo es y eso configura la situación de aborto. La vida en juego es la de la mujer. Es ésa la vida que debe ser protegida, ya que no fue posible prevenir el embarazo involuntario que la pone en riesgo y padece la inseguridad a la que la condena la ilegalidad del aborto.
En los países como EE.UU., Francia, España, Italia, Holanda, Inglaterra, Canadá, Australia, Cuba, y un largo etc. (el 64% de la población mundial vive en países en los que el aborto es legal), la mortalidad por aborto es casi inexistente: 1 cada 100.000 abortos. En el nuestro es la mayor causa de muerte de mujeres (jóvenes y productivas) por gestación. Se estima que ocasiona 100 muertes cada 100.000 abortos.
Las muertes que hoy, seleccionadas entre muchas, acceden a la prensa por un designio inescrutable deben dar lugar al monitoreo social activo de la situación de déficit del sistema de salud que revelan.
En Florencio Varela, Ensenada y Berazategui deben formarse comités comunitarios que incluyan a familiares, organizaciones de mujeres, de defensa de los derechos reproductivos y los derechos humanos, de personal de los servicios médicos, que investiguen y establezcan las reponsabilidades sobre estas muertes relacionadas con la gestación y sus avatares. Desde la provisión previa de los métodos anticonceptivos eficaces y seguros –que para las mujeres heterosexualmente activas que no quieren tener hijos son una necesidad vital– hasta cómo las recibió el hospital, en qué estado y con qué medios y diligencia enfrentaron la urgencia. Una vez más reafirmamos: “Educación sexual para prevenir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir”.

* Foro por los Derechos Reproductivos.