El gobierno de Neuquén desató una intensa polémica, luego de que anunciara su intención de modificar la Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia, para reponer la privación de libertad como castigo para los menores de edad en conflicto con la ley. La polémica se inició luego de que el ministro de Seguridad provincial, Luis Manganaro, sostuviera que “los menores que cometen delitos son una ruleta rusa para la sociedad”. El jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Rodolfo Mattarollo, abrió la puerta a una posible intervención del Estado en caso de producirse tal modificación.
Durante toda la semana pasada, la Universidad Nacional del Comahue fue escenario de un debate para tratar el tema de la minoridad en conflicto con la ley. Entre la infinidad de asistentes no se encontraba el ministro de Seguridad provincial, Luis Manganaro. El ministro, sin embargo, fue quien desató la polémica al utilizar un acto de egreso de cadetes policiales para hacer pública su posición y, por lo tanto, la del gobierno. Flanqueado por el propio gobernador, Jorge Sobisch, Manganaro apeló al manodurismo para cargar contra “los menores delincuentes, porque para la sociedad son una ruleta rusa”. Acto seguido, anunció la propuesta de reformar la Ley de Protección a la Niñez y Adolescencia, con la intención de considerar penalmente como detenidos a los menores que cometan delitos. Las expresiones de Manganaro desataron un fuerte rechazo en ámbitos del Poder Judicial y en sectores representativos de la vida comunitaria, social y política de la provincia.
La ley 2302 fue sancionada en el año 1999 y es considerada una norma moderna y “modelo”, que responde a las más avanzadas concepciones en la materia y está basada en la Declaración Universal de los Derechos del Niño y en tratados internacionales. La ley establece un régimen especial de libertad asistida para los menores que cometan delitos y por esa razón no pueden ser privados de su libertad. Los programas previstos por la ley deben ser financiados y ejecutados por el gobierno provincial. A partir de la sanción de la ley, en Neuquén dejaron de funcionar los institutos destinados a alojar a menores con procesos judiciales.
Pero Sobisch fue más allá y con el decreto 1264 asignó una suma de 500 mil pesos para programas de asistencia a menores y puso a disposición de la Defensoría de los Derechos del Niño y Adolescente la partida de dinero para que se haga cargo de su ejecución. La titular de la Defensoría, Nara Osés, rechazó las pretensiones oficiales, calificó al decreto de inconstitucional, por considerar que la medida “era una intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial” y afirmó que no iba a aceptar que el gobernador le “diga lo que tiene que hacer”.
Por su lado, el jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Rodolfo Mattarollo, se sumó a la polémica y afirmó que “sería inevitable la intervención del Estado nacional ante cualquier intento de desmontar lo que podría ser un sistema de garantías y derechos que marca un avance importante”. Mattarollo explicó que el Estado nacional es responsable ante las naciones por los tratados internacionales suscriptos en la materia y por esa razón no puede “desentenderse” del tema.