Como ocurre con llamativa frecuencia en muchos casos de gran notoriedad pública, ayer la Justicia resolvió dejar en libertad, por falta de mérito, a nueve de los 13 detenidos por el secuestro extorsivo de Cristian Ramaro, quien fue capturado el 8 de junio y liberado ocho días después, luego del pago de dos rescates por una suma total estimada en 400 mil pesos. De los 13 imputados, hasta anoche sólo se había confirmado que continuarán presos Leandro Santos, el primer detenido en la causa, Víctor Mansilla y Leandro Sánchez, aunque fuentes judiciales aseguraron que también seguirá en esa situación Amadeo Gastón Araujo. La fiscal federal de San Isidro, Rita Molina, apeló la decisión del juez federal de esa jurisdicción, Conrado Bergesio, respecto de la liberación de al menos dos de los acusados, uno de ellos el suboficial de la Policía Federal Roberto Mansilla, según confirmaron las fuentes judiciales consultadas por Página/12.
En la causa hay “entre cuatro y seis prófugos”, todos ellos identificados, aunque públicamente sólo se dieron a conocer los nombres de Cristian Muñoz, alias “Hígado”, y Maximiliano Peñaflor, a quien se lo conoce como “Pachu”. Respecto de las nueve personas que fueron dejadas en libertad, otras fuentes judiciales aclararon que Bergesio dictó “la falta de mérito”, con la aclaración de que todos siguen siendo investigados, en algunos casos por el secuestro de Ramaro y en otros por haber extorsionado a sus familiares solicitando un secuestro adicional del que se apoderó uno de los grupos en los que estaba dividida la banda.
“En realidad, todavía no se pudo establecer si se trata de la misma banda”, aclaró una fuente cercana a la fiscalía de San Isidro. “Dos de los que siguen detenidos aseguraron que ellos sólo participaron de la extorsión y que obtuvieron el teléfono de la familia Ramaro consultando la guía telefónica, pero ese punto todavía no fue debidamente esclarecido.” Uno de esos testimonios es el de Leandro Santos, el primer detenido, quien cayó preso en la villa Cri Cri, de la localidad de Garín, cuando intentaba cobrar el segundo rescate por la liberación del joven Ramaro, a bordo de un Mercedes Benz en el que llevaba cautivos, en el baúl del vehículo, a los comerciantes Edgardo Stambolian y Fernando Trota.
En algunas de las detenciones se pudo recuperar parte de los rescates abonados por la familia Ramaro. La información difundida por la policía y la Justicia habla del pago de unos 400.000 pesos, aunque existen versiones que señalan una cifra mucho más alta: 350 mil dólares. “Es imposible para nosotros determinar con exactitud el monto abonado; de todas maneras lo que importa es esclarecer el hecho y haber logrado la libertad, sano y salvo, del secuestrado”, dijo anoche la fuente judicial consultada por este diario.
De las tres personas detenidas en la ciudad santafesina de Santo Tomé, sólo seguirá preso Víctor Mansilla, hermano del policía federal Roberto Mansilla. Fueron dejados en libertad Norma Martínez, de 23 años, concubina de Víctor Mansilla, y Luis Mansilla, de 45, primo de los otros dos imputados que llevan el mismo apellido. Otro de los que seguirá detenido es Walter Martínez, cuñado de Víctor Mansilla, quien confesó, primero ante el juez santafesino Manuel García Porta y luego ante la fiscal Molina, que había cobrado una parte del primer rescate que pagó la familia. El dinero fue arrojado, dentro de un paquete, en la estación ferroviaria de Villa Rosa, en el partido de Pilar.
Hasta anoche, el juez Bergesio no había dado a conocer, oficialmente, su resolución respecto de la situación procesal de Amadeo Gastón Araujo, de 31 años, quien fue detenido el 1º de julio, en el partido de Tigre, escenario del secuestro del joven Ramaro. Igual que Santos, el detenido Araujo está acusado de participar en el cobro del segundo rescate. “Araujo está acusado, además de participar en el secuestro de Ramaro, de extorsión y por la privación ilegal de la libertad de los dos comerciantes que estaban en el baúl del auto, de manera que es imposible que pueda serdejado en libertad porque las pruebas son contundentes”, sostuvo una fuente de la fiscalía federal de San Isidro.