Un sobrino del caudillo santiagueño Carlos Juárez fue detenido y procesado por presunto abuso sexual calificado en perjuicio de su propia hija de 3 años. Se trata de Luis Juárez Villegas, un ingeniero de 52 años, que fue ministro de Economía del gobierno de su tío. La denuncia en su contra fue presentada en septiembre del 2001, pero la causa estuvo dormida todo este tiempo en los tribunales de Santiago a pesar de las pruebas que constaban en el expediente. Al punto que el caso fue uno de los fundamentos del pedido de intervención a la provincia de la senadora Diana Conti. “Es el primer acto de justicia en casi tres años de lucha contra la impunidad”, declaró a Página/12 la arquitecta Marta Garay, ex esposa de Juárez Villegas, quien llegó a huir de la provincia para evitar el contacto de la nena con el padre –ordenado por un tribunal– y con el amparo de los sacerdotes Jesús y Pedro Olmedo, de Jujuy, llegó a esconderse en La Quiaca y luego en un pueblito cercano al límite con Bolivia.
Juárez Villegas siempre negó los hechos. Su ex mujer, docente en la Universidad Católica de Santiago del Estero, lo denunció a partir de los relatos de su hija. Según declaró en la Justicia, daban cuenta del abuso sexual de parte de Juárez Villegas durante las visitas acordadas tras la separación de la pareja, en 1999, cuando Garay estaba embarazada y esperaba la segunda hija del matrimonio. Profesionales especializados certificaron que la nena no fabulaba. En el expediente figuran descripciones de “fiestas en las que el sobrino de Juárez y otros hombres se disfrazaban de mujer”, que habrían sido presenciadas por la chiquita, que hoy tiene 6 años. Estas reuniones habrían tenido lugar en la finca que tiene el ingeniero en la localidad de Maco, a unos quince kilómetros de la ciudad de Santiago, donde también tiene una propiedad el mismo Juárez. Tío y sobrino tenían un buen vínculo, tan es así que durante el exilio en Madrid del veterano caudillo durante la última dictadura militar, Juárez Villegas lo visitaba asiduamente.
Desde su inicio, la causa pasó por las manos de varios jueces. Algunos renunciaron antes de ser sometidos a jury, acusados por diversas irregularidades vinculadas con otros expedientes. Otros fueron removidos tras la intervención federal o se excusaron por su cercanía con el acusado. “Siempre tuvo protección por portación de apellido y por el amiguismo y parentesco con los jueces”, denuncia Garay. Ella hoy respira más aliviada. Después de casi tres años en que la causa estuvo aletargada, el 15 de junio último el juez del Crimen de Primera Nominación, Raúl Oscar Romero, imputó a Juárez Villegas el supuesto delito de “abuso sexual calificado” en perjuicio de su hija. Tras la declaración indagatoria, el 17 de junio, el magistrado le dictó el procesamiento y ordenó su detención. Luego le denegó la eximición de prisión. Desde entonces está en una cárcel de la Jefatura de Policía de Santiago. “Es el primer acto de justicia en estos años. Yo era la que me sentía encarcelada. Si no hubiera caído el régimen de los Juárez, nunca habrían ordenado su detención”, consideró Garay, en diálogo con este diario. No es la única causa contra su ex, pero sí la más grave: también está procesado por lesiones leves a la madre de Garay, a quien según la acusación agredió físicamente, y por no pasarle alimentos. “Se declaró insolvente, aunque ha remodelado su casa y llevaba un buen vivir. Pero este tema es el que menos me interesa”, dice la mujer.
Ante la falta de respuestas en la Justicia santiagueña, durante el régimen de los Juárez, Garay llegó a denunciar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También en la Defensoría del Pueblo de la Nación. Y concurrió a cada marcha del silencio por el esclarecimiento del doble crimen de La Dársena con un cartel en el que pedía la investigación de la denuncia contra su ex marido, lo que le valió –dice– varias amenazas de muerte de él. “Sigo yendo a las marchas, pero ya no llevo el cartel porque ahora la Justicia se está moviendo”, explicó. Garay presentó la denuncia el 17 de septiembre de 2001, en el marco de un juicio de divorcio contradictorio, ante la entonces jueza civil Alicia Gómez de Bulacio. “Me separé porque era una relación violenta, sufrí violencia psicológica y física”, aseveró. Aquella magistrada dictó inmediatamente una medida cautelar prohibiéndole a Juárez Villegas continuar con el régimen de visitas a las nenas, durante el cual habrían sucedido los abusos a la hija mayor. Pero a los cuatro días, el sobrino del caudillo santiagueño consiguió una autorización especial para ver a la pequeña en el día de su cumpleaños. Paralelamente pidió la nulidad de las pruebas presentadas por su ex mujer. Intervino, entonces, la Cámara de Apelaciones de Segunda Nominación en lo Civil, cuyo secretario era y sigue siendo Gustavo Juárez Villegas, hermano del imputado. En abril del 2002, el tribunal dictaminó en favor del ingeniero y de esa forma anuló la medida cautelar que le impedía el contacto con las pequeñas.
Es en ese momento cuando Garay decidió huir con las dos nenas de la provincia para evitar que su ex las viera. Emprendió su escape el 12 de abril de 2002 y, tras pasar por Tucumán, llegó a Jujuy, donde tuvo la protección de la Prelatura de Humahuaca, que les dio alojamiento en La Quiaca. Pero Juárez Villegas siguió sus pasos con policías provinciales y federales y una orden de captura, que luego fue desestimada por un juzgado de San Salvador de Jujuy. El ingeniero “llegó a alojarse en un hotel de La Quiaca con un nombre ficticio y haciéndose pasar por un misionero”, sostuvo la mujer. Mientras Garay y sus hijas huían con la protección de los padres Jesús y Pedro Olmedo a Santa Catalina, un pueblito limítrofe con Bolivia, el 13 de mayo de 2002 un millar de pobladores de La Quiaca movilizados por los sacerdotes hacían una marcha de repudio frente al hotel donde paraba Juárez Villegas.
En Santiago, por entonces, la hermana de Garay había presentado la denuncia por abuso sexual en el fuero penal, en el Juzgado del Crimen de Quinta Nominación a cargo del juez Antonio Uñates. Tras el escándalo periodístico que generó la marcha en La Quiaca, el 14 de mayo de 2002, el juez Uñates restituyó la media cautelar y le mandó una delegación policial para custodiar su regreso a la provincia. La denuncia, sin embargo, durmió en el juzgado penal hasta fines del 2003, cuando un juez subrogante pidió que se le tomara declaración testimonial a los profesionales que habían validado el relato sobre el abuso sexual de la nena. Esos testimonios desembocaron luego en el pedido de indagatoria y la reciente detención de Juárez Villegas. “Su mejor defensora fue la fiscal del juzgado de Quinta Nominación, Lina Sánchez Avalos, que sostenía que había que promover el vínculo entre el padre y las nenas”, acusó Garay. Mientras el sobrino de Juárez duerme en la cárcel (igual que su tío), su hija mayor sigue bajo tratamiento psicológico. Ni ella ni la hija menor ven a su padre desde hace casi tres años.