La comunidad pilagá de Campo del Cielo, en la zona formoseña de Bañado La Estrella –en el centro de la provincia– recibió en 1985 el título de propiedad de las tierras que siempre ocupó. El por entonces gobernador Floro Bogado, fue quien se llevó los aplausos por el reconocimiento de la tierra ancestral. Pero el 15 de abril de este año, para la reconstrucción de la Ruta Provincial 28, el mismo Bogado, ahora como vicegobernador del reelecto Gildo Insfrán y presidente de la cámara legislativa, impulsó la aprobación, a libro cerrado y sobre tablas –sin tratamiento en comisión– de la ley de expropiación de las mismas tierras que él había otorgado. Ante la resistencia de las comunidades y las presentaciones judiciales, dos semanas después, el ejecutivo formoseño decidió no expropiar las tierras, pero confirmó la reconstrucción de la ruta que, como consecuencia de la obra, inundará el territorio pilagá.
La obra consiste en elevar 45 centímetros la Ruta Provincial 28 en un tramo de cuarenta kilómetros de zona inundable. El objetivo es evitar que vuelva a quedar bajo el agua y, al mismo tiempo, crear un reservorio de agua. Tiene un costo total de 29 millones de pesos, con un préstamo del BID. A partir de la última decisión de Insfrán y Bogado, se deja las 4000 hectáreas de Campo del Cielo en manos de las comunidades pilagá, pero 2000 quedarán directamente bajo agua y el resto “protegidas” por un terraplén de tierra.
El gobierno formoseño alegó que con esas montañas de tierra frenará el avance de las aguas. El abogado de las comunidades y los criollos afectados, Luis Zapiola, afirmó la contrario: “Los terraplenes son sólo montañas de tierra en las que el agua filtra por debajo y, como en la zona donde ya hay de estos ‘diques’, estamos seguros que se romperán. Lo que se inundará, en un mes o un año, es incalculable, podría superar las 20.000 hectáreas”, aseguró a Página/12. Entre las tierras que quedarán bajo las aguas también hay una escuela y un cementerio aborigen. En peligro de inundación estarán tres poblados de criollos y diez comunidades pilagá. En total, según cálculos de las organizaciones, se afectará a unas seis mil personas. Este diario intentó comunicarse con el gobierno formoseño, pero no tuvo respuesta a las consultas.
Las comunidades y las organizaciones –el Instituto de Cultura Popular (Incupo), la ONG Pueblos Indígenas y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), entre otras– resaltaron que no se oponen a las mejoras en la ruta, pero sí a elevarla medio metro y desviar las aguas a tierras comunitarias. También aseguraron que la obra puede ser evitada y hasta insumir menor cantidad de dinero: proponen construir dos pequeñas represas 14 y 50 kilómetros aguas arriba del Bañado La Estrella.
Zapiola sostuvo que “además de violar la Constitución Nacional, la realización de la obra desoye el Artículo 79 de la Constitución de Formosa, el Convenio 169 de la OIT (que en Argentina tiene rango constitucional) y la misma normativa del BID, que solicita la participación de las pueblos indígenas en todo acción que involucre su territorio”. Por ley, la realización de la obra también requiere un estudio de impacto ambiental independiente. Pero para esta obra lo realizó el mismo gobierno de Insfrán. “El estudio carece de toda objetividad y seriedad técnica. La obra producirá un desastre ambiental”, afirmó Zapiola. En junio, FARN patrocinó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de la Nación. “A partir de ese día se multiplicaron los aprietes”, denunció el abogado.
Formosa tiene 450 mil habitantes y es una de las provincias con mayor población aborigen: casi el treinta por ciento entre las comunidades pilagá, toba y wichí. En Formosa también son recurrentes las denuncias por violaciones a los derechos de esos mismos pobladores: en 2002, un violento allanamiento en un barrio aborigen incluyó golpes y torturas a hombres, mujeres y ancianos.
El último año, un programa de investigación televisivo denunció que punteros del partido gobernante virtualmente secuestraban a los indígenaspara hacerlos votar en provecho propio. Esa edición mostró también, con cámara oculta, al ministro de Turismo, Cacho Juárez, mientras intentaba vender 13.000 hectáreas de tierras indígenas, algo prohibido por leyes nacionales y provinciales. El funcionario fue eyectado del puesto, pero ahora es diputado provincial y fue uno de los que votó la expropiación de las tierras pilagá.
El sacerdote Francisco Nazar, que trabaja desde hace tres décadas con las comunidades aborígenes de la provincia, entregó en noviembre pasado un escrito al ministro del Interior, Aníbal Fernández, en el que denunció “el régimen de control y sometimiento que rige en Formosa sobre la población en general y los pobladores originarios en particular”. “En Las Lomitas donde vivo, era vox populi esta realidad de encerramiento, de documentos retenidos antes y durante las elecciones. Hay que sancionar a estos delincuentes de la democracia que privan de libertad física y psicológica, que llevan como ‘detenidos’ y como animales a votar, a los que amenazan con castigos y castigan si pierden. Son antidemocráticos. Mientras existan estos personajes, que además van escalando en la pirámide política, y mientras haya impunidad, en Formosa no habrá democracia y seguirá este sistema feudal que funciona en toda la estructura del Estado.”

Informe: Darío Aranda.