Le arrojaron una Molotov por la ventana de la casa en la que vivía con su familia, en Ciudadela. Se mudaron al barrio Piedrabuena, en Villa Lugano, frente a la General Paz, y otra vez le incendiaron una de las habitaciones. El fuego consumió colchones, frazadas y algunos muebles. Tuvieron que sofocarlo con su familia, a baldazo limpio, y se salvaron porque uno de sus siete hijos, David, de 2 años, vio “una luz que entró por la ventana” y les avisó “más rápido que un bombero”, cuenta como si estuvieran jugando con un clásico bocadillo de Carlitos Balá, cuando lo que está viviendo es una pesadilla. Claudio Venchiarutti, 41 años, taxista, sufrió amenazas varias, tres atentados a balazo limpio –en uno de ellos resultó herido de gravedad uno de los custodios permanentes que tuvo que ponerle la Justicia–, y todo porque fue testigo presencial de un crimen alevoso y se atrevió a declarar en un juicio oral donde el autor fue condenado a diez años de prisión.
“No me arrepiento, lo haría de nuevo, pero la vida se me hace cuesta arriba, me tienen en jaque todo el tiempo y nadie me da una solución”. Venchiarutti, a pesar de todo, mantiene su sonrisa ancha y el temple de un hombre que se hizo en la calle, a puro laburo. “Yo no tengo miedo por mí, ya estoy acostumbrado, pero pienso en mi familia”, es el argumento que despliega el testigo en peligro. Su mujer, Mónica, opina exactamente lo contrario: “Es él quien está corriendo riesgo todo el tiempo y no es posible que tenga que vivir así por haber cumplido con su deber”. En su departamento del barrio Piedrabuena, rodeado por sus cuatro hijos menores, el matrimonio reclama una solución a la Oficina de Asistencia a la Víctima del Delito, de la que depende su seguridad. “Me parece que se han olvidado de nosotros”, opina Venchiarutti.
Todo comenzó en la medianoche del 1o de octubre de 2003. Esa noche, siguiendo un hábito adquirido en los tiempos en que era chofer de la empresa Río de la Plata, Venchiarutti había hecho un alto en su jornada como chofer de un taxi Peugeot 504, en un kiosco ubicado en La Rioja 30, a metros de la plaza Once, frente a un bolichón llamado irónicamente Todo un peso. El conflicto comenzó cuando el joven Ariel Fernández, acompañado por dos amigos, pasó por el lugar montado en su moto, vestido de pantalón corto y camiseta, ya que venía de jugar al fútbol.
Sin quererlo, Fernández estuvo a punto de atropellar a un hombre que cruzaba la calle luego de salir del boliche. “El pibe era muy educadito y le pidió disculpas, pero el otro, un hombre grandote, que era tucumano, lo empezó a agredir y el pibe se bajó de la moto y se cruzaron algunos golpes”. En medio de la confusión, a Fernández le robaron una mochila y su rival, luego de volver a ingresar a Todo un peso, salió de allí acompañado por dos mujeres y cuatro hombres.
“Yo los vi, adentro del bolichón, cómo rompían botellas de cerveza y salían para seguir la pelea. El pibe agarró una llave de la moto y se quiso defender, pero el tucumano le pegó una puñalada. Me siento mal porque le dije al pibe que se fuera y no me hizo caso. Tendría que haber sido más insistente”, se reprocha todavía Venchiarutti, aunque está claro que no dependía de él evitar la tragedia. Al chico herido se lo llevó una ambulancia del SAME que “llegó en 120 segundos” y el taxista creyó que se había salvado “porque cuando se fue estaba lúcido”.
Fernández murió dos días después y Venchiarutti, luego de algunas dudas, se presentó a declarar como testigo. “Una noche se despertó sobresaltado y me dijo: ‘No puedo dormir porque mataron a un pibe y yo no hice nada’”, recuerda hoy Mónica. El taxista se presentó primero ante el juez de primera instancia, Roberto Ponce, y luego declaró en el juicio que estuvo a cargo del Tribunal Oral número 15 de la Capital Federal. El día de la sentencia se tuvo que escapar por los techos, porque los amigos del hombre condenado por homicidio lo habían amenazado de muerte. Desde su presentación como testigo, su vida se convirtió en una pesadilla. Primero le arrojaron una Molotov en su vivienda de Rucci 690, en Ciudadela, una casa grande, con dos locales comerciales. Las continuas amenazas obligaron a una mudanza “que fue impuesta como obligación, por nuestra seguridad, por la Oficina de Asistencia a la Víctima”. Mientras estaba en Ciudadela, el taxista sufrió el primero de los tres ataques a balazos. “Todos los balazos los recibió uno de los custodios, Carlos Rey, quien tuvo que ser internado y por suerte se salvó.” En ese hecho tuvo que intervenir un segundo custodio personal, Raúl Peña, “que nos salvó a los dos porque el móvil policial que me acompañaba quedó todo agujereado”.
Después del primer incendio, la Oficina de Asistencia a la Víctima le recomendó que dejara de trabajar en la calle y como resarcimiento “por el lucro cesante”, decidió que se le abonara “cien pesos diarios en compensación”. El testigo en peligro aseguró a Página/12 que le deben “unos mil pesos, que ya ni los reclamo porque lo más importante es que hagan algo para darle seguridad a mi familia”. Mónica, la esposa de Venchiarutti, cree que la solución sería irse del barrio Piedrabuena “porque acá nos pasa de todo, no estamos seguros para nada”. En los últimos tiempos, volvió a ser baleado y recibe permanentes amenazas. “Yo terminé mi actuación en la causa, pero me siguen persiguiendo y siento que nadie se preocupa por nosotros”, asegura el testigo acorralado, rodeado por sus cuatro hijos menores.