La prisa del Gobierno por impulsar una ley de agravamiento de penas a homicidas de policías encontró ayer un aliado necesario e insustituible: la prisa del Congreso por impulsar el mismo proyecto. Ayer, al filo de la medianoche, y después de un ajetreado día de evidentes marchas, contramarchas y disensos internos, los legisladores se disponían a tratar el tema sobre tablas. Las posibilidades de que una vez en el recinto el proyecto recibiera mayoría eran arrasadoras. De todos modos, no estaba claro si alcanzaría a ser tratado: era el último de siete temas y existían muchas posibilidades de que a la hora del tratamiento no hubiera quórum y fuera postergado. “Sale como por un tubo”, aseguró eufórico a Página/12 un diputado del PJ antes de entrar a sesión. El vértigo por responder a las presiones policiales tuvo, de todos modos, una silenciosa polémica. El secretario de Seguridad, Juan José Alvarez, manifestó a este diario que “la ley viene bien para reforzar la moral policial. Pero sacando una ley no se soluciona el problema de fondo”. Y –era inevitable– al vértigo del proyecto se le colgó un pedido añejo y reiterado: el ministro de Seguridad bonaerense, Luis Genoud, salió a la palestra recomendando que se baje la edad a partir de la cual se permite condenar a menores. “Si a los 17 somos mayores para sacar registro, somos responsables para todo.”
Por la mañana, la Comisión de Legislación Penal se reunió para unificar los cinco proyectos existentes y obtener, por síntesis y consenso, uno solo. Los proyectos correspondían a los justicialistas Jorge Casanovas, Graciela Camaño, Franco Caviglia, el ignoto Edmundo Robles Avalos (ni en su partido se acordaban que había sido diputado) y el radical Víctor Fayad. La tarea no fue excesiva: todos los proyectos coincidían en que el artículo a modificar del Código Penal era el 80, que establece en 7 incisos la tipificación de homicidio agravado y la condena a prisión o reclusión perpetua. Salvo pequeñas diferencias (algunos proponían incluir en la supuesta protección a guardias de seguridad privada y custodios de blindados y portavalores), todos coincidían en que se debía agregar el inciso 8, que incluyera a asesinos de uniformados.
Finalmente, el inciso 8 agregado, según el dictamen de la comisión decía: “(Se impondrá reclusión o prisión perpetua al que matare) a un miembro de las fuerzas de seguridad pública, policiales o penitenciarias, por su función, cargo o condición”. El dictamen llevaba las firmas de Adrián Menem, Juan Carlos López, Franco Caviglia, Jorge Casanovas, Angel Baltuzzi, María del Carmen Falbo y María Suárez Alvarez de Palou, del PJ, y el radical Víctor Fayad.
Entretanto, en Olivos, la bancada del PJ aunaba criterios en el ser o no ser legislativo: tratar o no tratar el proyecto en sesión especial. Las dudas no estaban referidas estrictamente a la ideología del proyecto, en el que coincidían prácticamente todos, sino que se tornaría un debate engorroso en medio de una sesión con otros temas en la preferencia. Finalmente resolvieron la no conveniencia del tratamiento, según postulaba Graciela Camaño. No por estar en desacuerdo sino porque no era la prioridad del día. “Antes están los proyectos de Economía”, confió uno de los asistentes.
Pero no todas eran manos levantadas. Llamativamente, del mismo Gobierno surgieron voces en disidencia. Poco después del mediodía se reunió la Comisión de Seguridad Interior de Diputados con el secretario de Seguridad, Juan José Alvarez. Lo habían invitado para tratar el temor al tercer atentado, tras la crisis en Medio Oriente. “Como quien no quiere la cosa –reveló uno de los legisladores asistentes–, al final de la reunión se le preguntó sobre la modificación al artículo 80.” La respuesta la repitió el mismo Alvarez a este diario: “El agravamiento de la pena viene bien para reforzar la moral policial, pero sacar una ley por sí sola no soluciona el problema”. Un día antes, el mismo Alvarez había dicho que “el problema de la inseguridad no se resuelve sobre la base de calenturas. Eltema hay que trabajarlo con mucha prudencia”. Alvarez pidió a los legisladores entre siete y diez días para reunir ideas y coincidencias.
Hasta las siete de la tarde, la fecha de tratamiento del proyecto de Fayad era un interrogante. En la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, que elabora la agenda de sesiones, se discutió el tema. Los del PJ insistían con la postergación, los más urgidos por la presión policial proponían el jueves (hoy). El temor se concentraba en el impulsivo Fayad, a quien sabían dispuesto a pedir la sesión especial ayer mismo. Y no pretendían correr detrás suyo, siendo que la bandera del agravamiento de penas había sido un lema de batalla del PJ, y el mismo presidente Duhalde lo había lanzado como promesa. Decidieron entonces, que se tratara sobre tablas, en último lugar, o sea, prácticamente después de la medianoche. Aunque al cierre de esta edición, la votación aún no había sido iniciada, apriori los números jugaban sensiblemente a favor del proyecto. Sólo la hora parecía conspirar en contra.
“Los que creen que elevando las penas van a parar esto, viven en otro país –soltó un disconforme antes de entrar en sesión–. Creen que los que matan policías primero leen el código penal para saber qué es lo que pueden y qué es lo que no.” Y dejó un interrogante: “No es una cuestión de leyes sino de preparación. El bar donde mataron a Faldutto (el custodio de Carlos Ruckauf) había sido asaltado varias veces en el año. ¿Por qué a los de Ruckauf no se les ocurrió hacer inteligencia antes?”.