Los jueces de Menores de Morón, Ricardo Oyama y Clementina Cristina Landolfi, sobre quienes pesa un pedido de jury de enjuiciamiento por el presunto intento de encubrimiento del cura Julio César Grassi en una causa por abuso de menores, son ahora investigados también por el supuesto abandono de persona de un menor discapacitado que murió de leucemia. El fiscal José de los Santos recibió una denuncia presentada por la directora de una escuela de enseñanza especial de William Morris, según la cual Oyama, titular del Juzgado de Menores Nº 1, y Landolfi, a cargo en la actualidad del Juzgado Nº 3 y ex asesora de Menores del tribunal 1, se habrían “desentendido del cuidado del menor, que tenía 5 años al momento de morir”. El niño, que estaba “desvalido psíquica y físicamente”, según confirmó a este diario una fuente judicial, requería de atención intensiva por la leucemia y “no habría contado con ella, a pesar del pedido expreso formulado en varias ocasiones por la denunciante”, de acuerdo con lo que surge de la presentación recibida por De los Santos.
La denuncia fue comunicada a la Procuración de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, que viene investigando la actuación de Oyama y de Landolfi, en relación con la causa por abuso menores contra el sacerdote Julio César Grassi, quien este año podría ser sometido a juicio oral y público. El nuevo cargo contra Oyama y Landolfi se debe a que ambos “habrían actuado con negligencia respecto de la enfermedad que padecía un menor de 5 años que murió en una presunta situación de desamparo y abandono por falta de atención médica adecuada, una responsabilidad que podría caberle tanto al titular del Juzgado de Menores Nº 1 de Morón como a la entonces asesora de Menores”.
Respecto de Landolfi, la fuente precisó que “como asesora de Menores, tiene la responsabilidad de velar por el bienestar del menor tutelado por el juzgado y eso la convierte en su defensora, lo que la obliga a impulsar ante el juez todas las peticiones que se formulen para garantizar la seguridad del niño”. Las fuentes consultadas precisaron que el menor, que había nacido como consecuencia de un caso de violación, estaba bajo la tutela del Estado dado que tenía una discapacidad permanente que lo obligaba a estar internado en un instituto especializado ubicado en la localidad bonaerense de William Morris, en el partido de Morón.
“Lo que afirma la denunciante es que la muerte pudo ser evitada con una correcta atención médica”, explicó el vocero judicial consultado por Página/12. En este caso, lo que podría imputarse a los dos funcionarios judiciales es el delito de “abandono de persona seguida de muerte”, penado con hasta 15 años de cárcel. “La denuncia se ha presentado y se han ordenado distintas pericias, se han pedido la historia clínica y todas las constancias existentes respecto del tratamiento recibido por el menor. Todavía no hay una tipificación de la conducta de los dos funcionarios señalados en la denuncia”, precisó el vocero judicial.
La denuncia fue presentada en primera instancia al fiscal general de Morón Federico Nieva Woodgate, quien la derivó a la fiscalía a cargo del doctor De los Santos, quien también interviene en una causa anterior contra Oyama y Landolfi, relacionada con el caso Grassi. “Tanto Oyama como Landolfi están en la puerta de un jury de enjuiciamiento, acusados de encubrimiento para favorecer al sacerdote Julio César Grassi”, recordó a este diario Juan Pablo Gallego, el abogado que representa a “Gabriel” y “Ezequiel”, los dos menores que acusaron al sacerdote por presuntos abusos sexuales cometidos por el titular de la Fundación Felices los Niños.
Oyama y Landolfi están acusados de haber fraguado una supuesta retractación presentada por “Ezequiel”, quien en realidad había sido objeto de una maniobra para favorecer a Grassi. Por la causa Grassi también fue procesado el secretario del juzgado, Carlos Enríquez, y fue imputado uno de los defensores del sacerdote, Miguel Angel Pierri, quien está en libertad aunque su situación todavía no está definida. Las fuentes judiciales dijeron que el juez Oyama tiene “nueve acusaciones en el último año”, motivo por el cual podría ser removido del cargo.