La Cámara de Apelaciones de San Isidro dejó sin efecto el procesamiento de Carlos Carrascosa por el homicidio de María Marta García Belsunce, no accedió a la elevación a juicio oral que había solicitado el fiscal Diego Molina Pico, pero requirió que continúe la investigación sobre la hipótesis que lo involucra. Además, confirmó el apartamiento de la causa de Molina Pico y del juez Fernando Maroto –quien, paradójicamente, preside la misma Cámara que lo apartó y que ahora rechazó su apelación–. Las medidas se inscriben, por una parte, en el confuso trámite del caso, plagado de conflictos entre integrantes del Poder Judicial bonaerense. Por otra parte, pueden leerse desde las dos posibles hipótesis que siempre estuvieron en danza para la autoría del crimen: o bien Carlos Carrascosa –según Molina Pico– o bien Nicolás Pachelo, vecino del country, quien a su vez está preso por robos reiterados. Está por verse si las últimas decisiones conducirán a que se investigue esta última línea o no.
Las decisiones de desprocesar a Carrascosa y de no llamar a juicio oral responden al criterio de que aún no habría elementos de prueba suficientes, por lo cual debería profundizarse la investigación del crimen de María Marta García Belsunce, cometido el 27 de octubre de 2002 en el exclusivo country Carmel. Además, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantía en lo Penal de San Isidro –integrada para el caso por Celia Margarita Vázquez, Emilio Rodríguez Mainz y Gustavo Herbel– confirmó la recusación del fiscal Diego Molina Pico, solicitada por los abogados de la familia García Belsunce y aceptada por el juez de garantías Diego Barroetaveña, por estimar que el fiscal había actuado en forma “parcial”.
Según fuentes judiciales, el fiscal general de San Isidro, Julio Novo, “evalúa la posibilidad de designar dos fiscales para que trabajen conjuntamente en esta causa, a fin de acelerar la investigación”.
Además, está pendiente una decisión de la Suprema Corte bonaerense, que envió una inspección para examinar la causa a fin de decidir si hubo irregularidades en la actuación de Barroetaveña, a partir de la denuncia del camarista Maroto.
El tema de fondo es el de las dos teorías en pugna con respecto al crimen. El fiscal Molina Pico orientó su acusación contra Carrascosa, que habría matado a su mujer por una cuestión de dinero procedente del narcotráfico, ligada al Cartel de Juárez. La familia García Belsunce sostiene que el crimen fue cometido por una banda formada por Nicolás Pachelo, vecino del country, y varios vigiladores, que habrían entrado a robar y, ante la aparición imprevista de María Marta, la mataron.
Nicolás Pachelo está preso en la Ciudad de Buenos Aires, acusado de seis robos en domicilios. Anteayer, la Cámara de Apelaciones confirmó la prisión preventiva que le había sido dictada por el juez Mariano Bergés.
Según José Scelzi, abogado de Carlos Carrascosa, “en una primera lectura parecería que se ha despilfarrado el esfuerzo de casi dos años de investigación, pero lo que queda por delante es el tramo más corto para la averiguación definitiva de la autoría de este homicidio”.
La Cámara rechazó también el recurso de apelación presentado por Fernando Maroto contra la decisión que lo apartó de la causa. En rigor, y aunque parezca mentira, Maroto es el único integrante de la cámara que lo apartó: los jueces Vázquez, Mainz y Herbel, que tomaron la medida, pertenecen a otras salas y cubren transitoriamente las vacantes; apartaron a Maroto de la investigación luego de que éste ordenó al juez Barroetaveña que revocara la prisión domiciliaria de Carrascosa y lo llevara a la cárcel, tal como había dispuesto en ese momento la Cámara de Casación: los otros dos jueces le reprochan a Maroto haber actuado por su cuenta. “Voy a recurrir en queja ante la Cámara de Casación”, anticipó ayer Maroto, quien, además, pidió a la Suprema Corte bonaerense que investigue a los otros jueces por la posible comisión de delitos.