En una vuelta de tuerca al debate sobre la eutanasia, la Alta Corte de Justicia de Londres falló ayer a favor de un paciente que teme que los médicos le retiren la alimentación e hidratación artificial cuando ingrese en la fase terminal de su enfermedad. Leslie Burke llevó al Consejo Médico a la Justicia por temor a que, bajo la actual directiva oficial para el tratamiento de pacientes terminales, los médicos consideren que su calidad de vida no amerita su alimentación artificial.
La directiva del Consejo abarca casos de pacientes que no pueden comunicar si quieren o no prolongar la intervención médica. Burke argumentó ante la Corte que la directiva contraviene el derecho a la vida consagrado por la ley de derechos humanos de 1998 que incorporó la convención europea vigente en la materia. El Consejo Médico señaló que ni la letra ni el espíritu de la directiva quitan al paciente el derecho a decidir o la necesidad de llegar a una resolución basada en el consenso. “Nos alegra que la Justicia haya confirmado, como decíamos nosotros, que Burke tiene derecho a que sus deseos sean obedecidos. Queremos dejar en claro que la directiva no busca concentrar el poder en las manos de un médico. Esencialmente intenta que la decisión se base en dos posibles conductas. En caso de que haya divergencia de opinión, estimamos que la Corte debe intervenir”, señaló el Consejo en un comunicado.
El fallo fue recibido con júbilo por la Comisión por los Derechos del Minusválido. Según una integrante de la comisión, Liz Sayce, existe en la sociedad una tendencia inconsciente a asumir que si el paciente es minusválido su calidad de vida es menor. “Si alguien no es minusválido, tiende a dar por sentado que la vida de la persona debe ser terrible y que quizá lo mejor es que no siga viviendo”, señaló Sayce.
Otro miembro de la comisión, la doctora Jane Campbell, experimentó este prejuicio de primera mano cuando estuvo internada en el hospital. En dos ocasiones distintas, Campbell se dio cuenta de que los médicos asumían que ella no quería que se le practicaran técnicas de resucitación en caso de que fuera necesario. “La sociedad es tan negativa sobre el tema que tiende a alentar la idea de que la minusvalía es una razón para quitarle la vida a alguien. La experiencia fue aterrorizadora”, indicó Campbell a la BBC. Tan aterrorizadora que no durmió durante 48 horas por temor a que los médicos aprovecharan un descuido para inducirle un sueño eterno.
La decisión de la Alta Corte encendió nuevamente el siempre candente debate sobre la eutanasia. La muerte asistida no está autorizada en Gran Bretaña, pero en los últimos 11 años distintos casos han acotado la interpretación de la ley. En 1993 la Alta Corte de Justicia autorizó que se desenchufara el sistema que mantenía artificialmente vivo a Anthony Bland, un adolescente de 17 años que se encontraba en esa condición clínica límite llamada “estado vegetativo permanente” desde hacía cuatro años.
A partir de esa resolución de la Alta Corte, la Justicia británica dictaminó en otros 20 casos de “estado vegetativo permanente” que debía interrumpirse la alimentación artificial y se pronunció en el mismo sentido en dos pacientes con “estado vegetativo casi permanente”, condición en la que el sistema nervioso todavía responde a algunos estímulos externos.
En un sentido contrario se pronunció la Justicia en el caso de Diane Pretty, en 2002. Pretty perdió su apelación ante la Justicia británica y la Corte Europea de Derechos Humanos cuando solicitó permiso para que sumarido le administrara una dosis letal de morfina para acabar con el sufrimiento que le causaba una enfermedad neuronal motriz terminal.