La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dispuso que el gobierno nacional y el mendocino informen cada quince días sobre medidas de protección de salud y cuidado de la integridad física de los internos de los penales de Mendoza, a raíz de la muerte de doce reclusos en lo que va del año. De esta forma, el organismo internacional hizo lugar al recurso de amparo interpuesto el 12 de julio último por seis abogados mendocinos que, avalados por el Pacto de San José de Costa Rica, denunciaron la gravísima situación de hacinamiento e inseguridad que derivó en la muerte de doce internos en lo que va del año en penales de Mendoza.
Diego Lavado, uno de los abogados denunciantes, explicó que la Comisión Interamericana “dispuso una medida cautelar o de recomendación obligatoria al gobierno nacional y éste lo deriva al de Mendoza, para que se tomen medidas de protección de la integridad física y salud de los presos del penal mendocino”.
El gobernador Julio Cobos reconoció ayer que tiene conocimiento de la resolución de la CIDH y explicó que el tema “es una responsabilidad nuestra pero es compartida (con la Nación) porque hay presos federales. Lo cierto es que el organismo internacional pide que se dé una solución definitiva al hacinamiento, al tema de los sanitarios y que se separen presos condenados de los procesados”.
El gobernador también solicitó al titular de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Nanclares, que acelere la causa judicial que demora la construcción del nuevo penal proyectado en el Campo Cacheuta, en el departamento Luján de Cuyo. El intendente del lugar, Omar Demarchi, interpuso una causa judicial y alegó que por razones turísticas, económicas y ambientales es perjudicial la construcción del penal en su departamento, en la zona precordillerana de Cacheuta.
El actual penal mendocino fue inaugurado en 1900 para alojar alrededor de 700 personas y en la actualidad alberga 1600 reclusos. El abogado Lavado indicó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos obliga al Estado nacional a informar durante seis meses y cada quince días sobre las condiciones de la cárcel mendocina, “debiendo resguardar las condiciones mínimas de respeto a la vida”.
El 12 de julio, Lavado y los letrados Carlos Varela Alvarez, Alejandro Acosta, Alfredo Guevara, Pablo Salinas y Alfredo Guevara Escayola efectuaron la presentación ante la Corte Interamericana. Lavado explicó que en la denuncia se destacó que “los presos del penal se encuentran en permanente riesgo de sufrir graves ataques contra su integridad psicofísica y su vida, en el contexto del gravísimo hacinamiento que ha derivado en casos violentos y con muerte de internos”.
En lo que va del año murieron doce internos y hubo varios heridos en diversas circunstancias entre el 16 de marzo y mediados de julio. El suceso más grave se registró el 1º de mayo, cuando murieron carbonizados cinco presos en la Colonia Penal del departamento rural de Lavalle.
En cuanto al alojamiento de los internos, los abogados mendocinos denunciaron que “padecen encierro en celdas que no superan los dos metros cuadrados, duermen hasta cuatro personas en una cama de material, sin luz natural y escaso ingreso de aire del exterior”. También contó que en varias oportunidades los encierros en esas pequeñas habitaciones superan las veinte horas de permanencia en el lugar.