“El hombre padeció sida, pero sanó gracias a tratamientos médicos, naturistas y a su fe religiosa.” Podría tratarse de un milagro de la naturaleza o de una reivindicación pseudocientífica contra sus detractores, pero no. La frase es apenas un fragmento del alegato judicial que el Consejo de Defensa del Estado chileno presentó con el fin de evitar pagar una importante indemnización a un ex recluso a quien, estando ya detenido, se le diagnosticó aparentemente en forma errónea la enfermedad y debió vivir cinco años medicado y con presos afectados por el virus. La Justicia hizo propio el alegato y denegó la indemnización, medida que fue apelada por el abogado querellante.
El juicio comenzó en 1999, cuando Luis Palma Núñez, una vez en libertad condicional, se sometió por cuenta propia a un examen médico para corroborar si efectivamente era portador del HIV, como lo habían determinado los análisis realizados en 1994 por médicos del Instituto de Salud Pública. Sorpresivamente, el resultado del nuevo test fue negativo, por lo que Palma decidió demandar al Estado de su país exigiendo 320 mil dólares en compensación por los “padecimientos psicológicos y morales” que sufrieron él y su familia a causa del “diagnóstico erróneo”. Sin embargo, el juez Raúl Trincado rechazó la demanda de Palma y aceptó el razonamiento estatal, por lo que la causa pasó a la Corte de Apelaciones de Santiago.