Las sospechas de intoxicación con pastillas para dar una manito en el suicidio de un preso del Servicio Penitenciario provincial son las líneas que sigue la investigación por la muerte de Sergio Gustavo Jaramillo Barría. Jaramillo fue hallado colgando de una sábana en su celda del penal de Florencio Varela, el 21 de julio, minutos antes de que fuera trasladado al juzgado marplatense de Pedro Hooft, quien le había concedido un hábeas corpus. Jaramillo tenía cuentas pendientes con el SPB: le cargaban la detención de dos jefes de Batán acusados de torturadores, el 8 de julio. Durante ese mes, el padre fue amenazado, también sus tíos y primos. La orden judicial era que Jaramillo debía ser custodiado las 24 horas, pero ese día hubo una lamentable distracción de dos horas. El caso se informó como suicidio. Curioso suicidio el de Jaramillo, a pocas horas de recibir protección judicial, con cuatro pedidos de traslado por temor a ser asesinado y varias amenazas de muerte. La última: “Vayas donde vayas, somos una familia muy grande y tenemos el brazo muy largo”.
La persecución no era una novedad en la vida carcelaria de Jaramillo. Durante cuatro años, hasta octubre de 2003, había cumplido condena en varias unidades del SPB, entre otras, la 15 de Batán. “Le querían doblegar los brazos –dijo su padre, Gustavo Jaramillo, a Página/12–. Siempre lo invitaron a tener privilegios si se prendía en el tema del negocio de la droga. Eso le costaba apremios y traslados.”
En febrero pasado fue detenido nuevamente por tentativa de robo. Preso, con antecedentes y denunciante, Jaramillo tenía grabado su futuro como carne de cañón. El 27 de ese mes fue trasladado desde la comisaría 2ª de Mar del Plata al penal de Batán. Ese mismo día se armó un plan para matarlo con la habitual excusa de una riña entre presos. Pero el 28, Jorge Farías, el interno al que habían encomendado el trabajo, entregó la faca al camarista Ricardo Favarotto y denunció a los jefes del penal, Julio Ferrufino y Roger Lobo, como los encomendadores.
La amenaza casi se cumple días después, cuando Jaramillo fue gravemente herido por otro preso y otra faca. Después del hospital, pasó a la comisaría 1ª marplatense. El 4 de marzo, el padre recibió un llamado sugerente: “Decile al quilombero de tu hijo que levante la denuncia y que el lunes no reconozca a nadie, porque si no sos boleta”. Jaramillo pidió garantías para declarar. De todos modos, el 2 de abril la investigación fue archivada por falta de pruebas (pese al testimonio de los presos).
Alojado en la comisaría 2ª a fines de abril y ante la certeza de que sería devuelto al SPB, presentó un pedido de hábeas corpus y traslado. “De ser posible a una comisaría, un lugar de detención donde esté tranquilo y sin sufrir hostigamiento.” Tanto pedido de ayuda lo dejaba lejos de la idea de un suicidio. No fue a una comisaría. El camarista Esteban Viñas lo envió a la cárcel federal de Ezeiza.
Los Jaramillo también constituyen una familia grande, varios de ellos conocidos por el SPB. Patricio y José Luis son primos de Sergio. En mayo estaban presos en la U6 de Dolores. Según denunciaron, el 7 de ese mes fueron llevados de paseo a la oficina del jefe del penal, Atilio Toledo. En su relato, los dos Jaramillo sostuvieron que “mientras nos golpeaban decían que le dijéramos a nuestro padre que levantara la denuncia en contra de Ferrufino y Lobos”, creyendo los penitenciarios que ambos presos eran hermanos de Sergio.
Entretanto, en Ezeiza, Sergio recibía lo suyo. “Fuimos de visita –dijo su padre–. Me pidió que saliéramos al patio porque lo vigilaban y ahí me dijo ‘me dieron como en bolsa’ y me mostró los golpes.” Jaramillo padre presentó una denuncia ante la Oficina de Derechos Humanos de la Procuración de la Corte bonaerense. Como resultado, el juez Viñas trasladó a Sergio a la comisaría 2ª de Ezeiza y ordenó una revisación médica. Antes de salir de la cárcel, el médico del penal lo revisó y lo encontró rozagante. Pero en el hospital local y en la policía confirmaron los golpes. Adivine usted cuál de los médicos tenía emparchado su ojo clínico. Según dispuso Viñas, Jaramillo debería permanecer en comisaría hasta que se le encontrara una unidad donde no corriera peligro, cuestión que a esa altura ya se tornaba una utopía. En junio, aterrizó en el pabellón 11 de la unidad hospital 34 de Melchor Romero, donde según denuncias ante Viñas, fue golpeado nuevamente. Presentó un nuevo amparo, esta vez contra los dos servicios penitenciarios, el bonaerense y el federal. La resolución de Viñas fue ordenar a la dirección del SPB que “se haga cargo de la custodia y seguridad” de Jaramillo, “bajo apercibimiento de ley”. Lo mismo dijo el juez Eduardo Alemano, a cargo del caso durante la feria judicial, además de ordenar “especial vigilancia” que no signifique “agravamiento en las condiciones de detención”. Jaramillo fue a parar entonces a la U23 de Florencio Varela.
A las 18 del 20 de julio pasado, la familia Jaramillo recibió el llamado de un preso alertando que fueran a los tribunales porque “algo raro está pasando con Sergio”. Gustavo pidió un hábeas corpus a Pedro Hooft, que el juez marplatense concedió tras ordenar el traslado de Jaramillo a su juzgado a las 9 del día siguiente. Pero, a la 1.40 del 21, un guardia lo vio colgado. Que las condiciones de vigilancia no agravaran su detención fue una orden que quedó en el olvido, porque Jaramillo fue alojado en un buzón. Y que la “especial vigilancia” no fue tal quedó demostrado, porque lo descubrieron después de dos horas sin que nadie controlara lo que pasaba en la celda. Sergio apareció colgado con una sábana de colores, que no es del SPB, y que sus familiares no le dieron. Ahora investigan si fue dopado para ayudar al supuesto suicidio, figura recurrente en las muertes de presos rebeldes al sistema de corrupción.