En la última semana fueron expulsados 46 altos oficiales del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en algunos casos acusados por “graves irregularidades” y en otros por “ineficiencia funcional”. El anuncio fue realizado por el ministro de Justicia provincial, Eduardo Di Rocco, quien informó además que 305 oficiales fueron reubicados en distintos penales bonaerenses, en el marco de una reestructuración general de la jefatura de la fuerza de seguridad. Al mismo tiempo, el funcionario admitió que la superpoblación carcelaria “oscila entre el 20 y el 25 por ciento” y en relación con ese problema anticipó que se ejecutará un plan de construcciones para la creación de 4688 plazas, con una inversión del orden de los 230 millones de pesos. Sobre el mismo tema, Di Rocco aseguró que en los últimos días, 2700 presos fueron sacados de distintas comisarías, aunque reconoció que “muchos siguen en esa situación”, porque la población carcelaria crece en forma permanente.
El balance del ministro fue hecho al cumplirse cuatro meses de la decisión de intervenir el SPB, al detectarse en su seno la existencia de numerosos casos de corrupción y sobredimensionamiento de la estructura de la cúpula de la institución. Di Rocco precisó que de un organigrama que tenía 42 cargos se pasó a otro de 23, “donde sólo cinco funcionarios de máxima jerarquía van a participar en la toma de decisiones”. Ese esquema será puesto a prueba durante 90 días y, de ser considerado eficaz, será incorporado a la futura ley orgánica. Lo que se busca es lograr “una mayor rapidez en el cumplimiento de las órdenes y una absoluta certeza de quiénes son los responsables de cada acción ejecutada”.
Sobre la separación de los 46 altos oficiales del SPB, Di Rocco precisó que el jefe de la cárcel de Mercedes fue relevado del cargo porque se descubrió que un preso tenía una herida en el codo producida por una bala de plomo, un hecho considerado grave “porque está absolutamente prohibida dentro de los penales la portación de armas de fuego con ese tipo de munición”. Entre los oficiales dados de baja figura uno de apellido Uzal, que aparece en el listado de la ex Conadep por haber participado en la represión, durante la dictadura militar, en la unidad 9 de La Plata.
También fue expulsado el jefe de la unidad penitenciaria de Florencio Varela, por la muerte del detenido Sergio Gustavo Jaramillo Barría, quien apareció colgado de una sábana en una celda de castigo. Di Rocco explicó que en el penal de Varela se advirtió que había “un exceso en la utilización de la celda de castigo” y que, en algunos casos, los detenidos pasaban allí hasta 17 días seguidos.
Otro de los relevados fue el jefe del penal de Batán, cerca de Mar del Plata, en este caso a pedido de la justicia local, porque estaba vinculado a una causa en la que se investigan supuestas irregularidades administrativas en un destino anterior. Entre los sancionados hay dos altos jefes que están actualmente presos por maltratos y torturas. En Baradero, el director de la cárcel local fue relevado por “ineficiencia funcional”, mientras que en San Nicolás, el máximo jefe fue dado de baja por irregularidades cometidas antes de asumir ese cargo.
Di Rocco sostuvo que en los últimos cuatro meses han tomado “medidas disciplinarias importantes” que también han producido relevos en las unidades de Sierra Chica y Mercedes. “La nueva estructura prevé controles directos por parte de la subsecretaría de Política Penitenciaria y Readaptación Social.” Esto llevó “a la designación de 13 supervisores que controlarán directamente el accionar de las 40 unidades carcelarias”. Esa medida incluye la supervisión de “todo el proceso de compra de bienes y servicios”.