Jue 26.08.2004

SOCIEDAD

Diego, ausente en la audiencia en la que se resolverá su destino

El juez convocó para mañana a la familia y a los abogados de Maradona. Pretende “consensuar” su próximo lugar de internación.

› Por Pedro Lipcovich

Mañana, los abogados de Diego Maradona y sus familiares se reunirán con el juez de Familia de Morón, Norberto García Vedia, para “consensuar” acerca de su próximo lugar de internación. El magistrado anticipó que Maradona no seguirá en la clínica psiquiátrica donde se halla desde mayo y que será trasladado a una “comunidad cerrada”, es decir, que continuará bajo encierro. El ex futbolista manifestó su deseo de trasladarse a una clínica especializada en adicciones en Cuba; los familiares propusieron que se interne en la quinta de General Rodríguez donde ya había estado residiendo, convertida para el caso en un lugar de atención. Los mismos familiares habían pedido la inhabilitación de Diego, lo cual le impediría administrar sus bienes, que quedarían a cargo de un curador. El juez no dispuso hasta ahora esa medida.
Maradona “es una persona influenciable” y “tiene su capacidad de decisión alterada”, afirmó Norberto García Vedia, presidente del juzgado de Familia Nº 2 de Morón. El magistrado alteró así su decisión de no hacer declaraciones públicas sobre la privacidad de la persona a su cargo, ya que fue influido o “presionado”, según manifestó, por los medios de comunicación. El martes a la noche, por televisión, Diego había pedido, llorando, que se le permitiera continuar su tratamiento en Cuba.
García Vedia recordó que “la intervención del tribunal se hizo a pedido de la familia de Maradona, concretamente de tres hermanos”, y destacó que “lo esencial es la salud de Maradona, que se debe sustentar en opiniones médicas que coinciden en que debe ir a una comunidad cerrada”, sin posibilidad de externación voluntaria.
García Vedia contó que “la familia (los hermanos y la ex esposa, que representa a las hijas por ser menores) propone la internación en la quinta que en General Rodríguez poseen los Mastellone”, donde se organizaría una comunidad cerrada “junto a otros adictos y operadores terapéuticos”. Y “por el otro lado, el médico personal (Alfredo Cahe), propone abandonar el país. Ahora se debe consensuar entre las dos”, para lo cual citó a todos (excepto Diego Maradona) para una reunión mañana a la mañana.
Por su parte, Héctor Leguizamón, abogado de Maradona, sostuvo que “hay privación de la libertad” de su cliente y afirmó que la voluntad de Diego es trasladarse al “centro Cesam, de Cuba, especializado en adicciones”. Aclaró que es un lugar distinto a La Pradera, donde estuvo internado anteriormente. Alfredo Cahe, médico personal de Maradona, había criticado al juez porque “pasa la pelota de uno a otro” y lo acusó de ser “tremendamente lento”.
Maradona está internado desde el 9 de mayo en la clínica psiquiátrica Del Parque, en Ituzaingó. García Vedia advirtió que, si se retirara sin consentimiento de los profesionales, “legalmente hay que pedir la captura”. El juez aclaró que “nunca” Maradona le solicitó trabajar para medios de prensa en los Juegos Olímpicos. El martes el ex jugador había afirmado: “Le dije (al juez) de trabajar a través de una computadora haciendo comentarios de las Olimpíadas, como me lo habían ofrecido. Pero nunca me contestó. Necesito trabajar, llenar mi cabeza de cosas que me hagan sentir útil”.
Ernesto Pisani, vicepresidente del juzgado que preside García Vedia, aclaró a este diario que “la inhabilitación de Diego Maradona fue planteada por los familiares pero hasta ahora no ha sido decidida por el juzgado”. La inhabilitación, “según el artículo 152 del Código Civil, se refiere a personas que, sin ser dementes, tienen una seria alteración en las facultades mentales, producida entre otras cosas por adicciones” y su consecuencia es que “los actos del inhabilitado quedan a cargo de un curador bajo control judicial”; requiere “ser avalada por un informe de por lo menos dos médicos”, precisó el juez.
Aunque Maradona no está inhabilitado, “las leyes autorizan al juez a la internación de personas cuyos actos puedan implicar peligro para sí mismoso para terceros, bajo certificación médica –señaló Pisani–; no sería el primer caso en que, luego del tratamiento, la persona no necesita ya ser inhabilitada ni internada”.

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