El Gobierno impulsará la ratificación por parte de la Argentina del tratado internacional más importante para combatir la discriminación contra las mujeres. Se trata de un instrumento jurídico que permite denunciar ante un órgano externo –cuando la Justicia local no da respuestas– situaciones que afectan los derechos humanos de las mujeres, ya sea en casos particulares o en violaciones masivas y sistemáticas. “Es una asignatura pendiente”, declaró ayer el vicecanciller Jorge Taiana. La Argentina es el único país del Mercosur y uno de los tres latinoamericanos que todavía no lo ratificó.
La ratificación debe aprobarla el Congreso, a solicitud del Poder Ejecutivo. Diversos organismos del Gobierno ya dieron su dictamen favorable, entre ellos, el Consejo Nacional de la Mujer, la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, la cartera de Desarrollo Social, la Jefatura de Gabinete de ministros y la Cancillería. Todavía el Presidente no envió la comunicación al Senado, pero se descarta que lo hará próximamente.
El tratado se llama Protocolo Facultativo y es un complemento de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Esta convención (conocida como Cedaw, por su sigla en inglés) exige a los estados la adopción de medidas tendientes a garantizar los derechos humanos de las mujeres y eliminar la discriminación de género. El protocolo establece un mecanismo para poder exigir en un ámbito internacional el cumplimiento de esos compromisos. Si se ratifica, se podrá denunciar las violaciones en esa instancia. Desde allí se podrá exigir al país la rectificación de situaciones de discriminación, ya sean masivas como de casos singulares.
En el gobierno de la Alianza, Fernando de la Rúa pidió al Congreso la ratificación de este instrumento internacional, pero el proyecto fue retirado luego durante la gestión de Eduardo Duhalde. El principal obstáculo para su aprobación ha sido la presión en su contra de la jerarquía católica, que argumenta –erróneamente– que abrirá la puerta para la legalización del aborto. Sin embargo, este tratado no reconoce nuevos derechos.
La Convención de la Cedaw fue sancionada por la ONU en 1979 y tiene rango constitucional en el país desde 1994. “Es una incongruencia notoria que le demos jerarquía constitucional y no aceptemos el protocolo. Es algo que no hemos hecho con otras convenciones internacionales. En esto tampoco las mujeres resultan iguales. Es una asignatura pendiente”, señaló ayer el vicecanciller Taiana, en el marco de un seminario convocado para abordar el tema por el Area Mujer del Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de la embajadora Juliana Di Tullio. En ese encuentro expresaron también su compromiso con el Protocolo el subsecretario de Derechos Humanos, Rodolfo Mattarollo; la titular del Consejo Nacional de la Mujer, María Lucila Colombo, y la senadora del Frente Grande Diana Conti. “La no aprobación inmediata del protocolo podría denunciarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, observó Conti.
La ratificación de este protocolo es un histórico reclamo del movimiento de mujeres, al que se han plegado organismos de derechos humanos. Ayer, participaron del encuentro en el Palacio San Martín Estela de Carlotto; la presidenta de Amnistía Internacional, Soledad García Muñoz, y representantes de más de medio centenar de ONG de mujeres.
“La inequidad de los salarios de las mujeres en relación con los de los varones puede considerarse una grave y sistemática violación de los derechos humanos y podrá denunciarse ante el protocolo de la Cedaw si es ratificado”, señaló Mattarollo. En América latina faltan ratificarlo, además de la Argentina, Chile y Colombia.