La empresa Seabord Corporation, propietaria del mayor ingenio azucarero de la provincia de Salta, había echado en septiembre pasado a 75 familias de la comunidad indígena guaraní El Tabacal, que durante décadas vivieron en el paraje La Loma. Pero nuevas y recientes medidas restrictivas ejecutadas a través de su compañía de seguridad privada les quitaron los últimos derechos que los aborígenes tenían: el ingreso transitorio a sus tierras para buscar alimentos –elementos básicos para la subsistencia– y la visita a sus cementerios. Para que tampoco puedan intentarlo, los guardias del ingenio derribaron con topadoras tres puentes que daban acceso al paraje, instalaron garitas móviles de vigilancia y persiguen a aquellos que sólo manifiestan la intención de ingresar. Ante esta situación, las titulares de la comisión que representa a la comunidad El Tabacal viajaron hasta Buenos Aires para pedir al gobierno nacional la expropiación de las tierras en favor de los guaraníes. En el Ministerio de Desarrollo Social, les respondieron que una medida de ese tipo no es atribución de la Nación. Y se comprometieron a hacer un envío de leña y mercadería para la comunidad.
Luego de que guardias de Search, la empresa de seguridad privada contratada por Seabord, los expulsaran el 4 de septiembre último al grito de “bolivianos indocumentados”, la comunidad debió trasladarse a un asentamiento de la localidad de Hipólito Yrigoyen, donde las carencias los empujan a vivir en la miseria. La importancia de entrar a La Loma, el lugar donde habitaban, reside en que allí quedaron las huertas donde cosechaban verduras y frutas, recolectaban hierbas medicinales y leña para cocinar. “Donde estamos no tenemos cocina a gas; pero si las tuviéramos tampoco podríamos comprar garrafas”, explicó a Página/12 Mónica Romero, presidenta de la comisión que representa a los guaraníes de El Tabacal.
Del 18 al 24 de octubre, Romero estuvo en Buenos Aires junto con la vicepresidenta, Haydée Cuñandipa, para pedir la intervención del Estado nacional en el conflicto. Los funcionarios que los atendieron se comprometieron a “trabajar en el mientras tanto”, enviando leña y bolsas con mercadería. Otros ofrecieron asesoramiento para el juicio por usurpación que Seabord, propietaria del Ingenio San Martín de El Tabacal, productor de azúcar El Chango, inició contra los guaraníes y otras dos comunidades. “Nosotros no queremos asesoramiento –puntualizó Haydée–, queremos una solución.”
En Salta, la situación es muy tensa. Los aborígenes están decididos a recuperar sus tierras. Haydée contó que “hay hermanos que dicen ‘metámonos y si nos tienen que matar que nos maten.” Hoy, los que quieren entrar a La Loma tienen que firmar unas planillas. Pero los que están incluidos en esas listas son los integrantes de una comisión “armada por la empresa y el gobierno con la condición de resignar el reclamo por la propiedad de la tierra”, dicen los representantes de la comunidad. “Cuando vamos –cuenta Mónica–, los guardias nos preguntan de dónde somos, y si les contestamos que somos de El Tabacal no nos dejan entrar y dicen ‘si te ponés duro llamo a la policía y listo’. Los hermanos andan caminando a orillas de la ruta para conseguir un palito para quemar y calentar un jarrito de mate. Así no podemos seguir.”
El próximo 23 de noviembre, en el Juzgado Civil de la 1ª nominación a cargo de Inés Daher comenzará el juicio por la posesión de las tierras. La demanda había sido hecha por la empresa contra la comunidad. Según el abogado de las familias de El Tabacal, Hernán Mascietti, los cementerios son uno de los temas clave por los cuales la empresa planteó dos recursos para acelerar el juicio. La comunidad aborigen “estaba a punto de conseguir que arqueólogos y otros profesionales visitaran los cementerios y probasen la posesión ancestral de las tierras” a fin de conseguir su titularidad, explicó el letrado.
El conflicto de El Tabacal no es el único que Seabord Corporation mantiene con comunidades Kolla Guaraní del Río Blanco Banda Norte y la Tupí Guaraní de Río Blanco Banda Sur. Respecto de esta última, el pasado 5 de agosto, guardias privados de Search echaron a palazos, machetazos y sin orden judicial a unas sesenta familias. A horas del inicio del conflicto, la policía provincial se hizo presente en el lugar y detuvo a una decena de aborígenes.
La última vez que el gobierno salteño de Juan Carlos Romero hizo oír su voz fue mediante su secretario de Gobierno, Raúl Romeo Medina, quien dijo que “en el país no hay antecedentes de una provincia que haya trabajado tanto por las tierras de nuestros hermanos indígenas”.

Informe: Adrián Figueroa Díaz.