El gobierno nacional asumió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la responsabilidad del Estado Argentino en la muerte del poeta Sergio Schiavini, ocurrida al quedar en medio de un enfrentamiento entre ladrones y policías en el interior de un bar del partido bonaerense de Lomas de Zamora en el año 1991. Concretamente, reconoció que se violó el derecho a la vida y a las garantías judiciales en el caso, y que el homicidio devino de “un uso excesivo de la fuerza de los agentes policiales”, quienes fueron absueltos en un polémico fallo.
El compromiso del Gobierno quedó explicitado el martes último durante una reunión que mantuvieron en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, representantes de la Cancillería y el Ministerio de Justicia, la madre del joven asesinado y el nuevo relator para la Argentina de la CIDH, el salvadoreño Florencio Meléndez.
“Este gobierno es el primero que me trata como una persona. Los ministros de Menem, De la Rúa y Duhalde me han maltratado muchísimo y yo soy la madre de la víctima”, señaló a Página/12 Schiavini, y elogió el avance en la búsqueda de una “solución amistosa” en el caso, un proceso que lleva casi dos años en la CIDH. Schiavini llegó al organismo internacional después de agotar todas las instancias legales en el país para que se anule el juicio y se revea la sentencia que absolvió a los policías acusados de la muerte de su hijo.
“Si bien los hechos tuvieron lugar en la provincia de Buenos Aires y las imputaciones de violación al derecho a la vida, integridad personal y deficiencias en la investigación policial y judicial son responsabilidad primaria de esa subdivisión política, el Estado nacional, en tanto responsable directo frente a los organismos internacionales de derechos humanos, decidió asumir la responsabilidad objetiva por los hechos denunciados”, informó ayer el Ministerio de Justicia en un comunicado de prensa. De esta forma, el Gobierno se adelantó a un acuerdo para evitar una condena segura del organismo internacional como ya ocurrió en el caso de Walter Bulacio.
Schiavini reclama al Estado argentino una serie de puntos que van desde un resarcimiento económico de 350 mil pesos por daño moral hasta una serie de cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de la Justicia en la provincia. “Vamos a firmar esta semana un acta con todos los puntos acordados”, adelantó a este diario la secretaria de Derechos Humanos de la Cancillería, Alicia Oliveira. La funcionaria participó de la audiencia en la OEA.
Respecto de la indemnización, las partes acordaron que el monto sea fijado por un tribunal arbitral, cuyos integrantes también serán consensuados. La madre del joven solicita, además, que se modifiquen ciertas normas relacionadas con las prácticas policiales en la represión del delito en casos de tomas de rehenes o enfrentamientos cuando hay de por medio gente indefensa, y la prohibición a las fuerzas de seguridad del uso de ametralladoras. También pide la creación de una policía judicial y una modificación legal para que los familiares de víctimas sean notificados sobre la realización de autopsias para que puedan poner peritos de parte en los casos en los que la policía esté involucrada en crímenes.
El Gobierno avanzó en el “acuerdo amistoso” a pesar de la opinión en contrario de la Procuración del Tesoro de la Nación. La luz verde la dio un dictamen del secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Eduardo Luis Duhalde, firmado el 30 de agosto. Duhalde dio por acreditado que “en el caso ha mediado un uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes policiales”.
Schiavini murió el 29 de mayo de 1991. Se encontraba en la confitería Dalí de Lomas de Zamora, cuando entraron cuatro hombres armados con la intención de efectuar un robo. La policía fue alertada y una dotación de uniformados llegó al lugar. En respuesta al disparo de uno de los ladrones comenzó un prolongado tiroteo y los asaltantes tomaron como rehenes a las personas que se encontraban en el local. El joven intentó salir y recibió varios disparos que le ocasionaron heridas graves que derivaron en su posterior muerte. El juicio oral por el homicidio se llevó a cabo en la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Lomas de Zamora. El 16 de mayo de 1997, el tribunal dictó la polémica absolución del personal policial acusado y la condena a los asaltantes por los delitos de robo en concurso real con tenencia de armas de guerra y en concurso material con homicidio en ocasión de robo en grado de tentativa. A partir de ese momento, la madre de Sergio inició una tenaz batalla judicial para conseguir la condena de los uniformados.