Una vivienda del barrio porteño de Mataderos, donde funciona un taller de costura presuntamente clandestino, fue allanado ayer por la Policía Federal, que investiga la presunta “reducción a la servidumbre” de familias de origen boliviano. Se trata de un conventillo donde viven y trabajan ocho familias, en su mayoría inmigrantes indocumentados. Según fuentes del juzgado que interviene en el caso, se investiga si en ese espacio se obliga a las personas a trabajar “fuera de su voluntad o bajo amenazas contra su vida”. El taller funciona desde hace 10 años en el barrio y no es la primera vez que es allanado. Ayer, después del procedimiento, la encargada del lugar permitió a este diario recorrer la casa, hablar con los habitantes y conocer la realidad en que viven los inmigrantes en situación irregular.
Rosalía abrió las puertas de la vivienda a Página/12, ubicada en Coronel Cárdenas 2012, donde funciona la vivienda-taller. Aseguró que de allí “la gente puede salir y entrar cuando quiera. No se trata de una casa tomada. La casa tiene dueño y es un argentino. Yo pago 1350 pesos por el alquiler y a su vez subalquilo habitaciones a ocho familias, todas de Bolivia”.
Sin embargo, según el subcomisario Jorge Curti, a cargo del procedimiento realizado ayer por la División de Asuntos Extranjeros de la Federal, “es una vivienda tomada y se está averiguando si el taller tiene permiso municipal. Por ahora no se pudo constatar el delito de reducción a la servidumbre y tampoco se comprobó la privación de la libertad de las personas que viven en el lugar”.
En el conventillo, gente de todas las edades convive con una densa mezcla de olores agrios. Allí, varias escaleras conducen a decenas de pequeñas habitaciones, en algunas de las cuales viven familias enteras, aunque otras están vacías. Tanto en la planta baja como en el primer piso, los pasillos se bifurcan e innumerables puertas encierran la historia de personas que decidieron dejar Bolivia, algunas antes que otras. Una de esas puertas fue destruida por el personal policial que ayer allanó el lugar.
Kevin tiene 11 años y fue el primero en ver el procedimiento. Jugaba con su hermanito en la terraza cuando vio trepar a los policías por las paredes, se asustó y corrió por el pasillo del primer piso buscando a su padre que, dentro de uno de los cuartos, cosía pantalones. “Me dio miedo. Pensé que eran rateros”, relata el niño. Después se enteró de que no eran rateros ni soldados, sino de la Policía Federal.
“Los policías patearon todas las puertas, incluso la de mi cuarto, cuando me estaba cambiando”, cuenta Albi, la hija de Rosalía, que tiene unos 15 años, algo ruborizada. Y dice que cerró la puerta y alcanzó a vestirse antes de que la volvieran a abrir. Mientras, Kevin se refugió junto a sus seis hermanitos en el cuarto que alquila su familia por 50 pesos al mes.
Rosalía no quiso que este diario se acercara al taller de costura, “mi sobrino está en la comisaría y se llevó la llave”, explica. Pero relata que allí hay más de 15 máquinas de coser, en las que las ocho familias hacen trabajo a pedido de una empresa. “El trabajo es a destajo y la producción normal genera a un grupo familiar cerca de 700 pesos mensuales”, asegura. Según dijeron en el juzgado, la denuncia por “reducción a la servidumbre” fue presentada por uno de los habitantes del lugar. “Sería gente que está obligada a trabajar fuera de su voluntad con amenazas contra su vida. Se trata de personas que son ingresadas al país en forma ilegal y son obligadas a trabajar para pagar los gastos de traslado del país de origen”, relataron fuentes judiciales.
En el tercer piso de la vivienda, hay una serie de casillas de madera, que Rosalía alquila a la gente por 20 pesos. En la casa vive gente de todas las edades que contaron a este diario lo sucedido. Mercedes tiene 32 años, pero parece que tuviera 20 más. Es la madre de Kevin, viene de La Paz y hace 6 años que vive en el conventillo. Su cuarto, amoblado por dos camas marineras, y otra común, fue “dado vuelta por la policía buscando no séqué cosa”, afirmó la mujer, mientras le daba el pecho a su niño de un año, que “es el menor y argentino”.
Según Mercedes, ella llegó a ese lugar por recomendación de una amiga. Y se instaló allí, donde cría a sus siete hijos. Su marido tiene 29 años y pasa los días cosiendo para sostener a la numerosa familia. Lo mismo que hacía en Bolivia. Pero hace 7 años llegaron desde ese país buscando un destino.
Los habitantes de la casona, en su mayoría, no tienen documentos. Algunos no trabajan en el taller, sólo alquilan una habitación y se dedican a otra cosa.
“En el taller puede trabajar gente que vive dentro o fuera de la casa”, aclaró Rosalía. Los chicos, en total son 25, no pudieron ir al colegio ayer por la tarde porque “la policía no los dejó”, dijeron los vecinos.
Y todos desfilaron desde los interminables pasillos de la casona hacia el patio de la planta baja, donde tuvieron que esperar a que finalice el operativo. Sólo Sandi logró persuadir a las autoridades policiales porque “si faltaba hoy al colegio quedaba libre”, contó su hermana.

Informe: Silvia Marchant.