“En 2004, a pesar de discursos de funcionarios que plantean como prioridad la defensa de los derechos humanos, se han desarrollado acciones que pueden incluirse entre los retrocesos más graves de los últimos años”, sostiene el informe anual del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que ayer fue entregado al presidente Néstor Kirchner. La presentación cuestiona a los tres poderes del Estado y a gobiernos provinciales, especialmente el bonaerense, y muestra cómo se entrelazan sus responsabilidades: así, la situación en las cárceles bonaerenses, que “se agravó hasta límites intolerables”, es desde luego responsabilidad del gobierno provincial, pero también de los legisladores nacionales cuya “demagogia punitiva” los llevó a sancionar las leyes que llevaron –y llevarán todavía más– a superpoblar esas prisiones; y es igualmente responsable, según el CELS, el Poder Ejecutivo nacional, que se negó a vetar leyes como la que eleva las penas hasta los 50 años de prisión. Igual responsabilidad cabe al Poder Judicial, que “aplica leyes inconstitucionales” y prolonga los procesos de manera “inadmisible”. Entre los jueces crece una “preocupante tendencia” a “criminalizar la protesta social” mediante “figuras penales abusivas” cuyo propósito es encarcelar a quienes se manifiesten.
El informe señala que “la afectación de la ESMA a un futuro museo de la memoria, concretada el 24 de marzo, fue un hecho de enorme significación política y valor simbólico”, pero observa que “ese espacio, además de su función reparadora de las víctimas y de la sociedad”, debe contribuir “a la reflexión crítica sobre el abuso del poder en el pasado y en el presente”.
La reflexión del CELS vincula aquellos “graves retrocesos” en derechos humanos con normativas como éstas: “Se duplicó el límite para la acumulación de penas, hasta un máximo de 50 años; se apoyó la generalización de la prisión preventiva como pena anticipada y la reducción de las garantías procesales. Por otra parte, se consolidó la presencia de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval, que son fuerzas de seguridad militarizadas”.
Entre las causas del endurecimiento punitivo, el CELS subraya lo que Martín Abramovich –director ejecutivo de la entidad– llamó “demagogia punitiva” del Poder Legislativo, que “aprobó las demandas formuladas en abril por Juan Carlos Blumberg como si los legisladores estuvieran obligados a hacerlo”, y del Poder Ejecutivo, “que no vetó la ley de acumulación de penas, pese a los pedidos del CELS y de la Facultad de Derecho de la UBA”.
Es más, según el CELS esta orientación punitiva ya estaba marcada desde antes: por ejemplo, desde noviembre de 2003 el gobierno nacional “puso en marcha el Programa de Protección Integral de Barrios (PIPB), que implicó la saturación y ocupación, en un esquema básicamente militarizado, de tres asentamientos pobres del conurbano bonaerense por parte de fuerzas policiales y de seguridad”. También antes de Blumberg, “el Poder Legislativo aprobó endurecimientos de las leyes penales, que incluyeron “importantes reformas a los Códigos Penal y Procesal Penal, algunas de ellas de dudosa constitucionalidad”. Por todo esto, dice el informe, “sería difícil sostener que las medidas aprobadas luego de la manifestación encabezada por Blumberg implicaron una modificación del rumbo”.
En cuanto a la situación de las personas encarceladas, “se agravó hasta límites intolerables, en particular en la provincia de Buenos Aires”, a causa de “la sanción de leyes penales inconstitucionales y su aplicación por gran parte del Poder Judicial, la inadmisible prolongación de los procesos, la falta de mantenimiento de la infraestructura penitenciaria, en suma, la actuación irresponsable de los tres poderes del Estado”. El documento señala “la tolerancia o incluso promoción de la tortura”, junto con “la estimulación del uso del encarcelamiento preventivo” y “la intensificación del rigor de las condiciones de ejecución de las condenas y el agravamiento de las sanciones penales”.
En 2004 se efectuaron “numerosas reformas legislativas con impacto sobre la situación penitenciaria” para “hacer aún más masiva la privación de libertad de las personas sometidas a proceso y extender el plazo de detención de los condenados. Las reformas al Código Penal y a los Códigos de Procedimiento implicaron serias violaciones a derechos y garantías constitucionales”. Entre éstas, el informe destaca “el incremento de los requisitos para la libertad condicional al requerirse un pronóstico de reinserción social”, en lugar de “la observancia regular de los reglamentos carcelarios”, como era antes: supeditar la libertad condicional a un “pronóstico” penitenciario es “inadmisible”, ya que se plantea “en consideración a la personalidad y no sobre el fundamento de la comisión de un hecho o conducta descripta previamente en la ley”.
En las cárceles bonaerenses, “la sobrepoblación alcanza niveles inauditos”. También llega a “extremos inauditos” en esa provincia “el abuso de la prisión preventiva”: sólo “11 por ciento de los privados de la libertad han sido condenados”.
El informe también define “la violación del derecho a la vida por parte de las instituciones de seguridad” como “una práctica extendida en la Argentina”. Sólo entre enero y junio, “fueron 139 los civiles muertos por las fuerzas de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano”.
En materia de “criminalización de la protesta social”, el CELS cita el caso de los incidentes frente a la Legislatura porteña, el 16 de julio, tras los cuales “la jueza Silvia Ramond dispuso el procesamiento con prisión preventiva de 15 personas imputándoles privación ilegítima de la libertad y coacción agravada, figuras que resultan abusivas y desproporcionadas”. Es que –comentó Abramovich– “es absurdo plantear que, porque los manifestantes obstruyeron por un rato la salida de la Legislatura, privaron de la libertad a los que estaban adentro; el único objetivo de esa imputación es tenerlos presos hasta que vayan a juicio oral, y lo más preocupante es que la Cámara convalidó la decisión”.
El caso de Caleta Olivia, Santa Cruz, se desencadenó el 19 de agosto, cuando “250 personas, en su mayoría mujeres” que reclamaban trabajo, encontraron “una violenta reacción de la Gendarmería Nacional”. Pese a haberse logrado un acuerdo con el gobierno provincial, “el juez Marcelo Bailaque dictó la detención por ‘privación ilegítima de la libertad agravada’ y hubo utilización innecesaria de la fuerza” por la policía de la provincia, según señala el CELS. El organismo denuncia “una preocupante tendencia a la utilización de figuras penales abusivas y desproporcionadas” y recuerda que “el Derecho Penal es la herramienta más torpe para controlar la conflictividad social”.
El presidente de la Nación, Néstor Kirchner, recibió el informe de manos del titular del CELS, Horacio Verbitsky.