“En este momento, la Unidad Penitenciaria 7 de Resistencia, Chaco, es la peor de todo el Servicio Penitenciario Federal, por la manera en la que tratan a los detenidos.” La afirmación fue realizada ante la prensa chaqueña por Alejandro Marambio Avary y Oscar Cejas Meliare, quienes fueron enviados por la Procuración Penitenciaria de la Nación para que realizaran una visita de tres días a la U-7, para constatar una serie de denuncias formuladas telefónicamente por los presos de esa cárcel de máxima seguridad. En los últimos meses, en las oficinas de la Procuración, cuyo titular es Francisco Mugnolo, se recibieron “más de 30 denuncias por golpizas” que ahora serán investigadas por el juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky. “Por lo que nosotros pudimos corroborar, a través del contacto y el diálogo con los internos, lo que se ha instalado en esa unidad es una verdadera cultura del golpe”, dijeron los enviados de la Procuración, aludiendo a la violencia ejercida sobre los presos por los guardias del Servicio Penitenciario Federal.
Marambio Avary y Cejas Meliare se declararon “alarmados” por el incremento de las denuncias por malos tratos en la cárcel chaqueña ubicada en avenida Las Heras 1555, en el corazón del barrio de Villa Libertad, en la ciudad de Resistencia. El actual director de la U-7 es el prefecto Pedro Alarcón, con quien tuvieron una audiencia los enviados de la Procuración. Uno de los problemas más graves que fueron constatados son las numerosas “celdas de castigo” a las que son enviados los internos cuando son sancionados por indisciplina.
“En la actualidad funcionan unas diez celdas con estas características y los presos que son enviados allí pasan 22 horas por día en un lugar muy pequeño donde comen y hasta tienen que hacer sus necesidades”, informaron los miembros de la Procuración, cuya labor es la de recibir las denuncias de los internos en las cárceles federales y tratar de buscar mejorar las condiciones de detención. “En las celdas de castigo, los detenidos sólo pueden salir dos horas por día para higienizarse o para esparcimiento”, explicaron los funcionarios.
“Quedamos muy preocupados porque hemos recogido gran cantidad de denuncias de los reclusos, que nos hablaron de maltrato físico y psicológico al que son sometidos por parte de los efectivos de la Penitenciaría.” Los dos abogados de la Procuración precisaron que “los mayores problemas se advierten sobre los internos que recién ingresan y el resto de la población del penal sufre maltrato durante las requisas”. Cejas Meliare sostuvo que el juez Skidelsky “se mostró tan sorprendido como nosotros ante esta situación, y por los datos que hemos recogido durante la visita todo parece corroborar la veracidad de lo que nos dijeron los internos”.
Marambio Avary reconoció que “es normal escuchar que los internos de todas las cárceles federales del país tengan alguna queja, pero el caso de la U7 es muy especial, no sólo porque es una cárcel de máxima seguridad, sino porque a lo largo de diferentes visitas hemos acumulado una cantidad excesiva de denuncias”. Su compañero Cejas Meliare corroboró que llegaron a la conclusión de que “es evidente que el régimen que se aplica es sumamente autoritario y agresivo”.
Los enviados de la Procuración estimaron que la situación que pudieron advertir es “de un trato inhumano y degradante”. Aclararon que esa sería la calificación que le daría hoy “cualquier organización internacional como la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Europea, pero acá son conceptos que todavía ni se conocen”. Marambio Avary admitió que la situación es común, aunque con mayor gravedad, a la que se advierte en otras unidades carcelarias del país.
“El problema mayor –sostuvo– es que generalmente las instituciones, en este caso el Servicio Penitenciario Federal, en lugar de hacer el sumario administrativo que corresponde para sancionar a los responsables ocultan al efectivo acusado trasladándolo a otras unidades. Es por eso que el Servicio Penitenciario nunca logra purgarse completamente.” La visitas de inspección a las unidades penitenciarias se realizan a razón de tres veces por año. Los auditores de la Procuración recorren las instalaciones, se entrevistan con los internos y también dialogan con las autoridades. Al mismo tiempo, la Procuración es informada de la situación en las cárceles por sus delegaciones regionales. En el caso de la zona norte del país, el delegado es Oscar Zaacoutegui. “La situación en la U-7 es alarmante, sobre todo porque allí cumplen condena personas con perfiles muy complejos”, explicó Cejas Meliare. “El hecho de que sean autores de delitos graves no significa que merezcan ser tratados como si fueran animales. Una cárcel no puede ser transformada en una suerte de depósito y en el caso de la U-7 hoy se ha instaurado la cultura del golpe.”