Ayer, este diario publicó que la cárcel de Resistencia es “la peor de todas las unidades del Servicio Penitenciario Federal”, según describió un funcionario de la Procuración Penitenciaria de la Nación enviado a revisar la unidad, tras recibir treinta denuncias de torturas y comprobar que los presos son tratados como animales. La cárcel de Mendoza del servicio penitenciario de esa provincia tiene el dudoso mérito de haber arrebatado el top del ranking no sólo a la federal de Chaco sino a todas las unidades del país –federales y provinciales– y, más aún, de toda Latinoamérica. Página/12 informó en ediciones anteriores que se trata de la prisión de mayor hacinamiento, con la lúgubre lista de 15 muertos en diez meses –hasta el sábado pasado– y una situación infrahumana espantosa que motivó la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la posibilidad de que el Estado argentino reciba durísimas sanciones internacionales por una cárcel que ni siquiera le pertenece (es de órbita provincial) y que el gobierno mendocino defiende como si se tratara de un oasis. El sábado pasado, La Penitenciaría confirmó su negro record de una manera horrorosa: hallaron a un preso que había sido decapitado y le habían arrancado brazos y piernas. La semana pasada, un funcionario de Cancillería había visitado la unidad y la describió como “en situación terminal”. Se había quedado corto.
El sábado pasado, alrededor de las 17, los guardias de La Penitenciaría –como conocen a la cárcel ubicada sobre la calle Boulogne Sur Mer, en la capital mendocina– observaron un agrupamiento extraño de presos en el pabellón 7. Cuando se acercaron descubrieron el torso de un preso. Había sido decapitado y le habían arrancado las piernas y los brazos. Después descubrieron de quién se trataba, cuando aparecieron sus restos diseminados en bolsas en diferentes sectores de la unidad: la víctima se llamaba Sergio Norberto Salinas Ares, tenía 24 años, cumplía una condena de 5 años y 10 meses por tentativa de robo agravado, y llevaba cumplidos un año y dos meses. Estaba pronto a salir.
El horrendo final de Salinas Ares incrementó la lista negra del servicio penitenciario mendocino a 16 muertos en menos de diez meses, 11 de los cuales ocurrieron en La Penitenciaría capitalina. El extenso listado se agrega al hacinamiento, la ausencia de retretes, de agua corriente, de medicinas o de atención médica, y la transformación de los diferentes pabellones en un coto de caza para diversión de bacterias, virus, hongos, sarna y demás. Lo anterior no es un artilugio para provocar sensiblería barata sino apenas una mención de la larga cadena de irregularidades que motivó a los abogados del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Diego Lavado, Alfredo Guevara, Alfredo Guevara Escayola, Carlos Varela Alvarez y Pablo Salinas a presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos, y a la Comisión a aceptar el caso y disponer medidas cautelares (de aplicación inmediata) para salvaguardar la vida de los presos, su separación entre procesados y condenados, y que se garantizaran higiene y salud.
Pero después de la medida cautelar, dos internos murieron apuñalados, varios fueron baleados y unos cuantos mordidos por los perros guardianes. El estado de cosas y el incumplimiento de la medida cautelar llevó a la Comisión a realizar una presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, solicitando medidas provisionales hasta tanto concluyera con una visita a la unidad (se realizará este mes) y un informe ante la Corte. El propio presidente de la Corte envió a la Cancillería comunicando que la situación carcelaria mendocina era “de considerable gravedad”. No obstante cinco días más tarde asesinaban a otro preso. A fines de noviembre, la Corte Interamericana aprobó las medidas provisionales solicitadas, que obligan al Estado argentino a presentar una serie de medidas para solucionar la grave situación y tomar medidas extraordinarias para interrumpir las muertes, investigar los casos y garantizar la vida de los internos. La Corte diosiete días para que el Estado respondiera con un informe sobre las medidas tomadas al respecto.
En el medio, el ministro de Justicia mendocino, Roberto Grillo, desató una ola de críticas contra los abogados del MEDH, con un fuerte tufillo a caza de brujas macartista.
El 29 de noviembre, con la firma del subsecretario de Política Exterior, Roberto García Moritán, el gobierno nacional respondió a la Corte. La respuesta estaba a tono con la línea asumida por los abogados denunciantes y con la preocupación manifestada por la Comisión y la Corte. En el informe de una veintena de puntos, el gobierno nacional proponía diversas soluciones al problema atacándolo desde varios puntos.
Pero uno de los abogados denunciantes, Pablo Salinas, señaló que “lo curioso es que mientras el Gobierno dice que la situación está controlada el gobierno mendocino pone todo su esfuerzo para descontrolarla”. Salinas ejemplificó con un “botón de muestra: en su informe –dijo Salinas a Página/12–, una de las decisiones del gobierno nacional es limitar el encierro estableciendo un horario de verano e invierno, atento a las temperaturas reinantes, que no podrá superar las ocho horas. Al día siguiente, Grillo dijo que el problema de La Penitenciaría se soluciona con más horas de encierro, a horas de que el ministro Aníbal Fernández visitara la provincia”.
Según el informe del Estado, al que tuvo acceso este diario, otro de los puntos proponía la contratación de psicólogos y trabajadoras sociales. Pero cuando el abogado Diego Lavado se entrevistó con el subsecretario de Asuntos Penitenciarios mendocino, Eduardo Orozco, el funcionario le respondió con un tajante “no hay recursos para eso”. Orozco es el mismo funcionario que tras la muerte de cinco internos durante una revuelta en la granja penal de Gustavo André, el 1º de mayo pasado, calificó a los tres guardias a cargo como héroes y aseguró a todos los medios locales que él mismo los defendería en caso de llegar a juicio. El juicio llegó. Los tres guardias fueron detenidos. Y Orozco siguió como subsecretario.
Hoy, los abogados del MEDH elevarán un informe a la Corte Interamericana señalando que “el Estado argentino sólo compromete tinta, porque lo que garantiza con su firma ante los organismos internacionales después el gobierno de Mendoza no lo cumple”. Pablo Salinas aseguró que “con mucho menos alcanza para que el presidente (Néstor) Kirchner, por lo menos, intervenga al servicio penitenciario mendocino. La Corte tiene jurisdicción para sancionar a la Argentina. Y eso, a nivel internacional, es gravísimo”. El sábado, el cuerpo descuartizado de Salinas Ares pareció confirmar que del lado del gobierno mendocino no debería esperarse demasiado más que un par de zapatos y un cinturón de buzo.