La inauguró un grupo de 90 presos políticos el 23 de abril de 1979, cuando el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla apuró su apertura ante la proximidad de la visita de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, casi cinco años después de su cierre definitivo, el proyecto de demolición de la ex cárcel de Caseros volverá a discutirse a partir de hoy y durante dos días, durante una audiencia pública que se celebrará en el Instituto Bernasconi, en Parque de los Patricios. Técnicos del Ejército y del Gobierno de la Ciudad presentarán los detalles del proyecto de “demolición controlada”, en tres etapas, y –tal como ordenó la Justicia– un informe de impacto ambiental. Más de 200 personas se inscribieron para participar, entre vecinos, técnicos y funcionarios. La audiencia, que no es vinculante, estará presidida por uno de aquellos 90 presos políticos: Marcelo Vensentini, quien hoy es subsecretario de Medio Ambiente porteño. Para la ciudad, se trata de la última etapa pendiente antes de la postergada demolición: ahora dicen que podrá hacerse en dos meses.
El gobierno porteño se sometió a la decisión judicial del 9 de octubre último y convocó a la audiencia reclamada por la ex legisladora Patricia Flores, de Autoderminación y Libertad, y un grupo de vecinos de Parque de los Patricios. Consideraban que la demolición no cumplía con las normas de impacto ambiental y la Justicia ordenó una audiencia informativa antes de dar el “vía libre” para la obra. Entre hoy y mañana se hará ese encuentro público, cuyos contenidos centrales acaban de ser publicados en el sitio virtual del Gobierno de la Ciudad.
Una modernísima imagen interactiva adelanta ahí cómo serán los pasos de la demolición. El programa detalla las medidas de seguridad, la zona de influencia, grafica las tres etapas de demolición y adelanta bocetos del proyecto final.
Consta en el informe que la detonación se hará en tres fases o etapas con intervalos de 60 días entre uno y otro: una para cada uno de los tres edificios que componen el viejo presidio, ubicado sobre un predio de 85 mil metros cuadrados, de 23 pisos de alto. El informe técnico adelanta que la demolición explosiva se hará con voladuras de control y la técnica de volteo: no serán grandes detonaciones sino microexplosiones: un estallido espaciado de pequeñas descargas. Las detonaciones harán colapsar la estructura de hormigón de cada torre que caerá –explican– “en forma de acordeón, por el peso de los pisos superiores”.
El sistema se denomina “controlado” porque se hace con cálculos precisos. Y tras la demolición, los equipos de trabajo rociarán la zona con agua para reducir la nube de polvo. Una vez concluidas las explosiones, el trabajo estará casi terminado: retirarán los escombros para despejar la zona que, con la apertura de la calle Rondeau, será de dos manzanas.
Mientras dure el chubasco, los vecinos vivirán algunas horas de zozobra. Según el anticipo en tres dimensiones, los habitantes de las tres manzanas que rodean el predio deberán “retirarse de sus casas durante algunas horas el día de la demolición”. En tanto, quienes se encuentren en un radio de seis cuadras podrán quedarse en sus casas, pero deberán cerrar puertas y ventanas hasta que las autoridades anuncien el final de procedimiento.
Según las previsiones, la demolición se hará un día sábado y cada quien sabrá con anticipación la hora de comienzo y de final.
Lo que sucederá con el predio quedó pautado en la ley de rezonificación de los terrenos, aprobada el 19 de diciembre de 2002. El área conocida como la “nueva” Cárcel de Caseros será reemplazada por viviendas, una escuela, comercios y espacios verdes. Según el nuevo boceto, en dos años se inaugurará además la estación cabecera de la Línea H de subterráneos.
Cada uno de estos puntos serán desarrollados en la audiencia de hoy por técnicos del Ejército, encargados de llevar adelante la demolición. El estudio de impacto ambiental será presentado, en cambio, por sus autores: representantes del Centro Argentino de Ingenieros. Habrá un representantede la Secretaría de Salud porteña y un experto en geología para informar sobre el impacto sísmico.
Aún nadie se arriesga a firmar si será la última discusión pública sobre el futuro de Caseros. Aunque la audiencia de hoy no tiene carácter vinculante, el desacuerdo que aún mantienen algunos vecinos podría dar lugar a nuevas demoras. La presentación judicial de abril pospuso la fecha de la detonación que estaba prevista para noviembre de este año. “Ahora tendremos que ver porque es necesario un momento de pocos vientos y poca lluvias”, reflexiona Vensentini. Aún así supone que, esta vez, los plazos no superarán los dos meses.