Para terminar el año, la Corte Suprema planea ordenar la reapertura de la investigación judicial sobre la muerte de Walter Bulacio, que quedó paralizada en 1996 y luego fue declarada prescripta. Los jueces del alto tribunal ya tienen casi terminado un fallo que dirá que la causa penal debe continuar. Esa era una de las exigencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le impuso al Estado argentino al expedirse sobre el tema en septiembre de 2003. A comienzos de este mes, el Gobierno recibió un ultimátum del tribunal internacional que, al parecer, comienza a mostrar sus primeros efectos.
El caso Bulacio llegó a la Corte Suprema después de que la Sala VI de la Cámara del Crimen dispusiera hace casi tres años que había prescripto y exculpara al único imputado, el ex comisario Miguel Angel Espósito, quien comandaba el operativo, en abril de 1991, donde fueron apaleados medio centenar de jóvenes frente al estadio Obras Sanitarias donde había un recital de los Redonditos de Ricota. A Bulacio lo llevaron a la comisaría 35ª. Allí, según testigos de la propia fuerza, fue golpeado por Espósito. Murió unos días después. Ni su familia ni el juez de menores habían sido notificados de la detención.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) reclamaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como no se alcanzó ninguna solución amistosa, finalmente hubo un pronunciamiento lapidario de la Corte Interamericana. Ordenó: que la investigación continúe y sean sancionados los responsables; que el Estado adecue su legislación interna a los estándares internacionales para evitar que se reproduzcan las prácticas abusivas de las fuerzas de seguridad y que se reponga a la querella –los padres de Walter–, ya que fueron expulsados como parte en la causa. Ante la falta de resultados visibles, el tribunal internacional intimó días atrás al gobierno argentino a que “a más tardar el 31 de enero de 2005” presente un informe de lo que se hizo para acatar sus directivas.
El ministro de Justicia, Horacio Rosatti, le hizo llegar rápidamente su preocupación al presidente de la Corte Suprema, Enrique Petracchi, tanto por el caso Bulacio como por algunos otros expedientes que amenazan con poner a la Argentina en situación de infracción internacional, como los de menores condenados a prisión perpetua. Anteayer, Rosatti se reunió con todos los supremos menos Carlos Fayt con la excusa de hablar del desborde en las cárceles y buscar estrategias para evitar traslados y reducir el número de detenciones. A la salida se llevó la promesa de Petracchi de que habría un pronunciamiento sobre el asunto Bulacio.
La Corte Suprema tiene previsto firmar un fallo mañana, en el último acuerdo del año, que ya contará con la presencia del nuevo miembro, Ricardo Lorenzetti, aunque es poco probable que se pronuncie. La novedad corrió como un reguero en medio de un brindis de fin de año y fue confirmado a Página/12 por cuatro miembros del tribunal. Hasta ayer a la tarde, había una mayoría dispuesta a revocar la prescripción de la causa y disponer su reapertura.
Los ministros comparten una idea no menor: que deben acatar, como vinculantes, las disposiciones de la Corte Interamericana. Discrepan, sin embargo, en la interpretación del contenido del fallo internacional sobre la muerte de Bulacio. Por eso, la resolución final tendrá varios votos de contenido diferenciado. Lo más probable es que la encabece el que comparten Petracchi y Raúl Zaffaroni, que interpretan que el hecho en juego implica un delito común y no un crimen de lesa humanidad. Zaffaroni razona que “no se le puede cargar al procesado la demora del Estado”.
María del Carmen Verdú, de la Correpi, había planteado ante la Corte que “el caso Bulacio, como todos los de represión policial, deben ser concebidos como crímenes de lesa humanidad”, explicó. “Eso es lo que se desprende, además, de la decisión de la Corte Interamericana. Si el alto tribunal no sigue ese criterio pero acta el fallo internacional espero quela decisión termine llevando a Espósito preso, una condición en la que sólo estuvo dos horas alguna vez”, señaló. “La Corte, además, debería reincorporar a los padres de Walter como querella –reclamó– y aun así el país seguirá en falta si no se modifica la legislación. Eso ya es cuestión del Gobierno.”
“Es muy importante que la Corte Suprema defina cuál es el valor que le da un fallo de la Corte Interamericana. Que lo acate y lo considere obligatorio marca que no sólo es una obligación dirigida a los poderes políticos sino al Poder Judicial”, destacó Andrea Pochak, del CELS, quien entiende que el pronunciamiento de la Corte también responde a una presentación reciente de la defensa de Espósito, que pidió la nulidad de todo lo actuado desde 1994. Para Pochak, la definición suprema puede tener una proyección clave en otros temas: “Si asumen las indicaciones de la CIDH en un caso determinado también tendrán que hacerlo en otros, como por ejemplo cuando entren a analizar a fondo las leyes de Obediencia Debida y Punto Final”.