La Comisión Interamericana de Derechos Humanos intimó al Estado argentino a regularizar, antes de marzo, los títulos de propiedad de dos lotes en los que habitan más de treinta comunidades originarias, al noreste de Salta. Sus integrantes piden un certificado de propiedad único, acorde a su concepción de un solo territorio para la comunidad. El problema es que a los habitantes ancestrales de la región se suman familias de criollos que llegaron hace unos cien años al lugar y, hasta ahora, las vastas diferencias culturales han provocado choques entre las partes. El gobierno salteño propone una solución basada en el consenso, pero las vías del diálogo seguidas hasta el momento no han dado frutos. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales, que patrocina a los indígenas, apuestan a una respuesta favorable, ya que la normativa internacional prioriza el derecho de los pueblos originarios sobre el suelo que habitan.
El reclamo fue presentado ante la CIDH en 1998 por la Asociación Civil Lhaka Honhat, que agrupa a 35 comunidades –entre ellas, la wichi, toba y chorote–. En 2001, junto a las autoridades salteñas, emprendieron el camino de una “solución amistosa” sobre los lotes fiscales 55 y 14, que en términos de números significan 500 mil hectáreas, donde viven alrededor de seis mil indígenas y seiscientas familias criollas. Según la tradición seguida por los primeros, el territorio comunitario “es el que ocupan: es único y no tiene fronteras”, sintetizó ante este diario Andrea Pochak, directora adjunta del CELS. De acuerdo con este principio, los indígenas sostienen que el papel que acredite la propiedad también debe ser uno.
Esta es una observación que afecta directamente a los criollos del lugar, porque el cuadro se completa con las costumbres de cada una de las partes: los indígenas son recolectores de frutas y verduras, con un fuerte consumo de algarroba, miel, frutos y plantas medicinales. Pero algunos de estos productos suelen ser alimento para el ganado criado por criollos. Esa contradicción, según puntualizó Pochak, ilustra “la imposibilidad de convivir entre dos culturas tan distintas”.
La intimación de la Comisión tuvo como antecedente una reunión en la Cancillería, el viernes 17, entre autoridades provinciales y nacionales, miembros de las comunidades originarias y de la CIDH. En esa ocasión, los funcionarios salteños insistieron en la necesidad de buscar el consenso entre todos los habitantes. Pero desde el CELS apuntan que esa opción ya demostró ser estéril. Ahora, el Estado argentino tiene plazo hasta marzo para regularizar la situación. De lo contrario, le seguirá un juicio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En ese campo, el reclamo de las comunidades podría llevar ventaja, porque hay un antecedente de un caso similar de 2001, en el que la Corte se pronunció a favor de una comunidad originaria de Nicaragua.

Informe: Daniela Bordón