Anoche se investigaba la posibilidad, en Mendoza, de otro caso de falsificación de una inyección de hierro. Al mismo tiempo, la Administración Nacional de Medicamentos relativizó otro caso, denunciado en Entre Ríos –en el que falleció una mujer–, que hasta ahora sólo se basa en la acusación de un particular. Entretanto, la investigación judicial del primer hecho, ocurrido en Río Negro, pasó por una droguería en Bahía Blanca y otra en la ciudad de Buenos Aires, que aparentemente habrían comercializado de buena fe el medicamento luego adquirido para el hospital de Viedma. El fiscal de la causa señaló a este diario que “este delito requiere una infraestructura que habitualmente se usa para falsificar más de un medicamento” y, como ya lo había hecho el titular de la Anmat, deploró el hecho de que este delito no esté aún incluido en el Código Penal argentino. El funcionario comentó también las condiciones en que operan los laboratorios falsificadores: “Bajo pésimas condiciones de salubridad, incluso entre animales sueltos; en uno de estos lugares, para preparar las drogas usaban una mezcladora de cemento”.
La denuncia sobre el posible caso de efectos adversos por administración de Yectafer falsificado en Mendoza llegó a la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) desde el sistema de salud de esa provincia, pero a última hora de ayer todavía no estaba confirmada. En cambio, “la denuncia procedente de Entre Ríos no llegó a través del sistema de farmacovigilancia de esa provincia sino como una presunción del abogado de la familia de una persona fallecida”, aclaró a este diario Manuel Limeres, titular de la Anmat.
El caso entrerriano, que se dio a conocer ayer, es el de Luciana Jiménez, una joven que falleció el 22 de noviembre. El abogado de la familia, Néstor Schlotahuer, denunció que poco antes había recibido una inyección de Yectafer correspondiente al mismo lote cuya falsificación se constató en el caso de Río Negro. La familia todavía no hizo llegar a la Anmat, para su análisis, el envase correspondiente. De todos modos, el Ministerio de Salud y Acción Social de Entre Ríos dispuso ayer rastrear a pacientes que se hayan aplicado ampollas de ese lote. Ayer, en Paraná, fueron internadas dos mujeres que se habían aplicado la inyección, aunque no presentan síntomas.
El caso de Río Negro –en el que perdió la vida Verónica Díaz, de 22 años, que había recibido la inyección en el Hospital Artémides Zatti, de Viedma– es investigado en Buenos Aires por la fiscalía de instrucción a cargo de Marcelo Munilla Lacasa, una de las dos con especialidad en el tema, asistidas por el Programa Nacional de Pesquisa de Medicamentos Ilegítimos de la Anmat. El Yectafer inyectable había sido vendido por la droguería Gavazza, de Bahía Blanca, que a su vez la había adquirido legalmente a la droguería Kimbel, de la ciudad de Buenos Aires. Tampoco se constató mala fe para este establecimiento, que a su vez habría comprado el medicamento a una tercera droguería. Según aclaró a este diario una fuente de la Anmat, esta intermediación es común, y en todo caso no es ilegal. Pero, a veces, la última droguería de la serie resulta ser “sólo un terreno baldío”, comentó una fuente de la fiscalía.
El fiscal señaló a este diario que “la falsificación de medicamentos suele requerir una organización que involucra a distintas personas en diversos lugares: no se trata sólo de la droga sino de la folletería, los envases, la distribución, la comercialización; en algunos casos, la producción requiere aparatos especiales”.
El montaje de esa infraestructura delictiva implica que comúnmente se la use para falsificar más de un medicamento: “Es común que, cuando finalmente llegamos al laboratorio clandestino, descubrimos que ya están falsificando otro producto que el que causó la investigación”, observó Munilla Lacasa y graficó “las pésimas condiciones de salubridad con las que nos encontramos: galpones precarios o elaboración a la intemperie, conanimales dando vueltas por el lugar; en algún caso, usaban una mezcladora de cemento para preparar la tintura de las pastillas”.
Como lo había hecho hace unos días el titular de la Anmat, el fiscal Munilla Lacasa cuestionó la falta de una ley que, en la Argentina, sancione penalmente la falsificación de remedios: “Desde 1997 hemos presentado proyectos, incluso a pedido de las comisiones respectivas del Congreso de la Nación, para que se incluya este delito en el Código Penal”. Mientras tanto, la figura relativamente aplicable es “envenenamiento”.
En cuanto al caso del Yectafer, ayer Julio Rodríguez, coordinador del programa nacional de Pesquisa de Medicamentos Ilegítimos de la Anmat, afirmó que “la falsificación comprendería 300 cajas de diez ampollas cada una”, de las cuales 100 ampollas fueron vendidas al hospital de Viedma. Rodríguez confió en que “muy pronto se podrá identificar el laboratorio” donde se efectuó la falsificación.
Hoy a las 17, el padre de Verónica Díaz encabezará una marcha en Viedma, pidiendo el esclarecimiento del caso y la adopción de mayores controles sobre los medicamentos.