“El menor tiene que cumplir la pena como un mayor: que su familia sufra por tener a ese chico preso y que el chico preso sufra por estarlo”, fue lo que declaró ayer a Radio 10 el comisario inspector Alberto Cánepa, titular de la Jefatura Departamental de San Isidro. En un contexto signado por denuncias de asesinatos sistemáticos por parte de la policía en perjuicio de chicos de sectores humildes en su área de influencia, el jefe de la Departamental optó por alinearse sin matices al discurso de la mano dura, exigiendo bajar la edad de imputabilidad a los 14 años y dejando bien en claro que para él los institutos de menores no son “lugares apropiados” para su detención ya que “no otorgan suficiente seguridad”.
Como si las investigaciones de la Procuración General bonaerense sobre los escuadrones de la muerte no existieran, como si las denuncias de la Suprema Corte de la provincia acerca de dudosos enfrentamientos con la policía en los que más de 60 menores murieron no dieran cuenta de una realidad más que nefasta, el comisario inspector Cánepa, envalentonado por el auge del discurso policíaco de moda, opinó que “un menor de 14 años tiene que ser imputable y tiene que cumplir la condena como un mayor de edad, en un centro apropiado y no en un instituto de menores” ya que de esa forma se conseguiría que “cumplan la pena”. “El menor tiene que cumplir la pena como un mayor, que su familia sufra por tener a ese chico preso y que el chico preso sufra por estarlo. Si no, no le cuesta nada salir a robar y matar, es todo gratis y no puede ser así”, sostuvo el polémico comisario al ser consultado por las leyes vigentes respecto de los menores.
“Lo que propone Cánepa es inconstitucional. Para que los menores sean juzgados a través del Derecho Penal de los adultos, debería modificarse la Constitución y desconocerse lo acordado en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que justamente imposibilita la aplicación de las leyes penales de adultos a los menores de edad”, explicó a Página/12 Carlos Bigalli, titular de la Defensoría de Menores del Departamento Judicial de San Isidro, que en lo que va del año denunció varios casos de menores detenidos y torturados en comisarías de la zona, motivando la clausura de varios calabozos.
Es que las sorpresivas, o no tanto, declaraciones del comisario inspector generaron una catarata de reacciones, especialmente por parte de defensores de derechos humanos. La abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), aseguró por su parte que “Cánepa debería encargarse de desarticular los escuadrones de la muerte que funcionan en la zona norte, antes de pedir que se baje la imputabilidad de los menores que cometen delitos”. “No puede desear que los menores y los familiares sufran en las cárceles, porque justamente el artículo 18 de la Constitución Nacional dice claramente que los presos deben ser reeducados en cárceles sanas y limpias”, agregó la abogada. De acuerdo a ese artículo de la Constitución, “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”.
Gustavo Palmieri, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), también objetó las declaraciones de Cánepa considerando que “es gravísimo que una persona que debe velar por la seguridad de los demás desconozca de esta manera lo que dice la ley”. “Supongo que habrá sanciones administrativas graves contra ese comisario inspector”, dijo Palmieri, quien consideró que “cualquier sanción, de por sí, ya implica un sufrimiento para el que la debe cumplir”.