Hubo quien creyó durante estos años que la causa contra Andrés Calamaro dormía “el sueño de los justos”. Pero no. Cuando todo hacía suponer su prescripción, los tribunales federales de La Plata elevaron a juicio oral el expediente que se originó una noche de 1994, durante un festival de rock organizado por el entonces gobierno de Eduardo Duhalde. Calamaro pronunció allí aquello de “estoy tan a gusto que me fumaría un porrito”. El delito por el que van a juzgarlo el próximo 18 de abril es “presunta apología del consumo de drogas”, que prevé una condena de 2 a 6 años de prisión. La defensa de Calamaro está conforme: prefiere el juicio a la prescripción. “Que se haga justicia con Andrés”, le dijo ayer su letrado a Página/12.
A muchos de los protagonistas de este insólito proceso ayer les resultaba muy difícil hasta recordar las fechas de las resoluciones judiciales o las idas y vueltas de apelaciones que se sucedieron desde la noche del comentado recital del 19 de noviembre de 1994 organizado por el gobierno de la provincia a raíz del 112º aniversario de la fundación de la ciudad de La Plata en Plaza Moreno, frente a la Catedral.
“Ese día había más de cien mil personas en la plaza, y lo que hizo Andrés, en realidad, se entiende mejor ahora”, después de lo que sucedió con República Cromañón, argumentó ayer el abogado Albino Stefanuolo, representante legal del artista, ante una consulta de este diario. Según las crónicas de aquellos días, Calamaro salió al escenario después de que los organizadores habían decidido suspender el show. “Había tocado La Portuaria, se había armado un despiole y se respiraba un clima de guerra”, continuó el abogado. Calamaro salió al escenario igual, mientras la gente permanecía en ese estado: “Salió a decir viva el sexo y el rock and roll y lo del porro, como para calmar los ánimos”.
Según el abogado, y tal como lo vinieron sosteniendo él y el propio Calamaro cada vez que los convocó la Justicia, aquella estrategia sirvió: “Y tanto es así que hasta lo dijeron en el noticiero de un canal ese mismo día, un material que –advierte Stefanuolo– está en la causa, y yo voy a pedir que se repita en el juicio oral”.
A pedido de un grupo de concejales de La Plata, el ex ministro de Seguridad de Duhalde, el abogado Alejandro Granillo Fernández, presentó una denuncia ante la Justicia Federal a cinco días del show. Las expresiones del músico constituían presuntamente una instigación al consumo de drogas previsto por el artículo 12 de la Ley de Estupefacientes. Lo insólito con el paso del tiempo no sólo fue la denuncia, sino que el pedido de procesamiento prosperó.
Siguió adelante aún con el primer fallo en contra del juez federal de primera instancia Manuel Blanco. El magistrado dictó el sobreseimiento en febrero de 1996. Para hacerlo, escuchó el descargo de Calamaro: había dicho que usó el asunto del “porrito” para comunicarse con el público “más pesado y evitar hechos de violencia” dentro del recital. En la resolución, Blanco sostuvo que “no es posible cuestionar los términos utilizados para establecer algún tipo de comunicación con los más exaltados” y advirtió que “el crecimiento de la violencia puede concluir en una catástrofe”.
Una apelación y la resolución posterior de la Cámara Federal de La Plata permitieron que el proceso continuara. Con el fallo en contra de Leopoldo Schiffrin, los camaristas Sergio Dugo y Román Frondizi ordenaron seguir adelante con el procesamiento. Sostuvieron que la mentada frase no era retórica ni pacifista, sino que “constituía una incitación al consumo de estupefacientes”. Schiffrin era uno de los que ayer se sorprendió con el llamado de este diario: creía que la causa había prescripto y que el expediente completo “dormía ya el sueño de los justos”.
Pero la prescripción no ocurrió, al menos por ahora. Stefanuolo intentaba saber ayer si la decisión de elevarla a juicio oral podría modificarse con la promulgación de las últimas leyes de prescripción de delitos votadas el año pasado. Según Schiffrin esa opción puede alcanzar a Calamaro, depende del tribunal que debe ejecutar “de oficio” la proscripción de la causa. Si eso sucede antes de abril, Stefanuolo lo aceptará, pero él no quiere pedirla: “Que del papelón se haga cargo el que impulsó la causa”, dijo. “El 18 vamos a estar ahí a las 10 de la mañana, porque yo quiero que lo absuelvan, porque acá la prescripción parece ser un regalo.”