El escándalo de los curas pederastas crece en el país. Ningún obispo se hace cargo de haber trasladado de diócesis a un sacerdote procesado por el delito de “abuso deshonesto calificado”, el mismo mecanismo de encubrimiento que aplicó la Iglesia Católica en Estados Unidos para ocultar los casos de curas paidófilos. El sacerdote Virginio Isottón está acusado de obligar a varias menores de 13 años a sentarse en sus rodillas durante la confesión, besarles el cuello y manosearlas en la cintura, mientras estaba al frente de una parroquia en la localidad bonaerense de Cañuelas. Tras las denuncias en su contra, Isottón pasó a dirigir otra parroquia en Gregorio de Laferrère a partir de marzo de 2000. En esa fecha, esa localidad pertenecía a la diócesis de San Justo, a cargo de monseñor Jorge Meinvielle. Pero nueve meses después, se creó la de Gregorio de Laferrère, encabezada por monseñor Juan Suárez. Consultados por Página/12 los dos obispos se acusaron mutuamente de ser responsables de autorizar a Isottón a dar misa y confesar niñas a pesar de su procesamiento. En la Conferencia Episcopal optaron por el silencio.
–¿Por qué el cura Isottón dirige una parroquia en su diócesis? –le preguntó este diario al obispo de Gregorio de Laferrère.
–Yo llegué acá en diciembre de 2000 y él ya estaba. El que sabe del tema es el obispo de San Justo –se lavó las manos monseñor Suárez.
–Más allá de quién lo haya autorizado, lo cierto es que hoy pertenece a su diócesis y está procesado por abuso sexual de menores.
–Pero hay que probarlo. No se puede condenar a nadie hasta que esté todo aclarado –terminó la charla el obispo de Laferrère.
Tras esta conversación, este diario consultó al obispado de San Justo. En nombre de monseñor Meinvielle respondió su secretario, el padre Horacio: “Al dividir las diócesis, la parroquia donde está Isottón quedó del lado de Laferrère. Su obispo ahora es Suárez”.
–Pero antes de la división, esa parroquia era parte de la diócesis de San Justo –le recordó Página/12.
–Lo que era no interesa. Aquí no hay nada más que decir –cortó la entrevista el religioso.
En la Conferencia Episcopal prefirieron el silencio. El presidente del Tribunal Eclesiástico, monseñor Bonet Alcon se negó sistemáticamente durante toda la semana a atender a este diario.
Isottón, de 50 años, está procesado desde mediados de 1999. Se le imputa haber cometido el delito de “acceso carnal sin penetración, agravado por tratarse de una persona encargada de la educación”, mientras era el cura de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima de Cañuelas, provincia de Buenos Aires. Ese delito tiene una pena de 3 a 10 años de prisión.
La denuncia contra el sacerdote fue presentada en la UFI Nº 3 de La Plata, a cargo del fiscal Marcelo Martini, por el padre de una de las supuestas víctimas. El 29 de julio de 1999 el juez de Garantías Guillermo Atencio ordenó su captura al considerar prima facie que Isottón “mantuvo reiterados contactos de claro contenido sexual con niñas de menos de 13 años, quienes le fueran confiadas para su catequización”. El sacerdote fue eximido de prisión por la Cámara de Apelaciones. Por entonces desapareció de la parroquia de Cañuelas, pero fue designado al frente de otra, Nuestra Señora de la Esperanza, en Gregorio de Laferrère, tal como reveló Página/12 en su edición del domingo.
Conocido como “padre Gino”, Isottón estaba en Cañuelas desde marzo de 1993. De acuerdo con la investigación de la UFI Nº 3, durante las clases del año 1999, el sacerdote “daba un trato inusual a las niñas que se preparaban para la confirmación, acariciándolas y besándolas en forma impropia, especialmente mientras se confesaban”; además, “solía concurrir a los diferentes grupos de catecismo” y “también molestaba a las niñas, besándolas en el cuello y acariciándolas en la zona de la cintura”. Las víctimas del párroco habrían sido una cinco menores de 13 años. Informes periciales descartaron que las niñas fabularan. El fiscal pidió la elevación de la causa a juicio. Pero el 7 de marzo el juez anuló el requerimiento por una cuestión formal: Martini no había discriminado la cantidad de hechos que se le imputan al sacerdote. El fiscal debe rehacer el pedido. Mientras, el sacerdote sigue dando misa y confesando niñas en otra diócesis.