El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño entregó ayer a abogados de familiares de víctimas de República Cromañón las primeras 500 planillas que se utilizarán para la recolección de firmas para el referéndum sobre la revocatoria del mandato del jefe de Gobierno. Aníbal Ibarra ayer volvió a hablar del tema: “De a ratos, en la Legislatura, tenía la sensación de que yo había prendido la bengala, cerrado la puerta y además, personalmente, tenía que controlar los matafuegos”. Las hojas entregadas por el TSJ están foliadas, selladas, firmadas y con código de barras. Tienen espacio para los datos de 20 adherentes y son las únicas que se podrán utilizar para ese trámite. Luego de esta formalidad, los electores porteños podrán adherir al pedido de consulta popular a partir de hoy, en mesas dispuestas en los lugares más transitados de la Capital Federal.
Para que el plebiscito se haga realidad deberán juntarse 520 mil firmas. Algunos familiares representados por el abogado Fabián Bergenfeld y distintas ONG recabarán adhesiones en mesas –que tendrán globos negros con la leyenda “basta de tragedias”– ubicadas en las plazas Flores y Miserere y en las esquinas de José María Moreno y Rivadavia, Entre Ríos e Independencia, Callao y Rivadavia, Diagonal Norte y Florida, Callao y Santa Fe, Florida y Corrientes, San Juan y Boedo y Cabildo y Juramento. Sólo podrán firmar aquellas personas que vivan en la Capital y se presenten con su DNI, no así con la cédula de identidad.
“Si fuera necesario, me voy a poner en las esquinas frente adonde estén las mesas juntando firmas para manifestarme en contra. No queremos que la gente firme”, comentó a Página/12 Mariana Márquez, que lidera la Comisión de Familiares de Víctimas de Cromañón (Cofacrom) de La Matanza y cuya hija Liz murió en el boliche. La agrupación tiene definido iniciar una campaña en contra del plebiscito, pero aún no definió su metodología.
Por su parte, la UCeDé porteña anunció que se plegará a la recolección de firmas para habilitar la consulta popular. Mediante un comunicado, el viejo partido fundado por Alvaro Alsogaray se pronunció a favor de que Aníbal Ibarra deje su cargo. “Hoy el ciudadano porteño tiene la posibilidad de expulsar a Ibarra a través del 20 por ciento de las firmas del padrón, y vamos por él”, advirtió la declaración firmada por el titular de esa agrupación política, Jorge Pereyra de Olazábal.
Sin embargo, el Partido de los Trabajadores Socialistas fue menos ambiguo: inició una campaña en contra del plebiscito bajo la consigna “La masacre no se plebiscita”. Los afiches firmados por la fuerza política exigen a la sociedad: “No le firme a Ibarra”.
Por otra parte, ayer fracasó una mediación civil entre funcionarios porteños y representantes legales de algunos damnificados que no acordaran el monto indemnizatorio para los sobrevivientes. El pedido del abogado Fernando Soto fue de 1.352.000 pesos a Ibarra y los renunciantes Fabiana Fiszbein y Juan Carlos López. El letrado defensor del jefe de Gobierno, Julio Golodny, aclaró que su representado no tiene bienes personales para hacer frente a ese reclamo.