A cuatro días de finalizado el motín de presos más espectacular de la historia cordobesa, lo que reina en la cárcel de San Martín es el hermetismo oficial. Con la visita de los familiares suspendida hasta nuevo aviso, nadie sabe con precisión lo que ocurre puertas adentro y empiezan a circular versiones de todo tipo: que las armas no fueron entregadas en su totalidad por los internos, que ciertos pabellones no tienen rejas y que los guardiacárceles están paralizados por el miedo. En señal de protesta y agudizando la actual situación, estos empleados del Servicio Penitenciario le enviaron un comunicado al gobernador De la Sota, en el cual lo emplazan a que en cinco días efectivice a todos los contratados, que son casi la mitad, y a que aumente su salario al doble de lo que hoy perciben.
Aunque fiscales y secretarios de seguridad digan que “todo está bajo control”, la situación en el penal más viejo y deficiente de la provincia es toda una incógnita, ya que nadie está autorizado a entrar y por decisión oficial fueron suspendidas hasta nuevo aviso las visitas de los familiares de los presos. “No sabemos nada, ningún funcionario ha salido a dar explicaciones y mucho menos a brindarnos información sobre nuestros familiares”, decían con rabia y resignación algunos de los parientes de los internos.
Esta imposibilidad de ingresar al penal, sumado al secreto de sumario impuesto por los fiscales que entienden en la causa que se abrió el viernes, no hace otra cosa que potenciar un sinfín de versiones que circularon con intensidad ayer en esta ciudad. Entre ellas, que un grupo de internos no habrían entregado la totalidad de las armas el jueves pasado, y que algunos pabellones se encontrarían sin las rejas correspondientes. Por lo pronto, efectivos de la Guardia de Infantería de la Policía de Córdoba y Gendarmería Nacional siguen diseminados alrededor del penal para garantizar que no vuelvan a repetirse levantamientos o se produzca algún tipo de fuga por parte de los presos.
Esa sensación de inseguridad puertas adentro llevó a que el juez federal José Pérez Villalobos decidiera no ingresar a interiorizarse de la situación de 16 presos federales, porque no estaba asegurada su integridad física. “Solo vestido de plomo entro a este lugar”, dijo, antes de marcharse del barrio San Martín.
El otro elemento que agudizó un panorama todavía sombrío fue la decisión de los guardiacárceles de exigir nuevas condiciones de trabajo para continuar en funciones. En un comunicado enviado ayer al gobernador De la Sota, los empleados del Servicio Penitenciario solicitan que se efectivice a todos los contratados, que serían la mitad de los que allí trabajan, que sean formados debidamente para esta tarea, y que se aumente su sueldo básico a mil doscientos pesos, el doble de lo que hoy perciben. Si sus demandas no son escuchadas por la máxima autoridad política de la provincia, amenazaron con autoacuartelarse desde el viernes, lo que agravaría notablemente la seguridad dentro del penal y fuera de él.
“La mayoría de los que ingresan hoy al Servicio Penitenciario no tiene la formación adecuada, no contamos con los instrumentos básicos para hacer nuestro trabajo y encima cobramos una miseria para arriesgar nuestras vidas. Mientras todo esto sucede, los funcionarios del área cobran seis mil pesos para no hacer nada”, se quejaba indignado un guardiacárcel, que prefirió no dar su nombre por temor a represalias.