La Justicia citará a declaración indagatoria, en la causa de República Cromañón, a quienes eran máximos responsables de las inspecciones y habilitaciones en el gobierno de la ciudad cuando se produjo el incendio en la discoteca. Se trata de Fabiana Fizsbin, subsecretaria de Control Comunal; Gustavo Torres, director general de Fiscalización y Control; y Ana Fernández, directora adjunta en la misma área. El delito por el que podrían quedar imputados es homicidio culposo, excarcelable. Serán los primeros ex funcionarios del gobierno porteño que serán indagados en la causa, donde ya están detenidos Omar Chabán, responsable del local siniestrado, y Raúl Villarreal, su jefe de seguridad.
La medida fue dispuesta por el juez Julio Lucini, quien así accedió a la solicitud del fiscal Juan Manuel Sansone. Fabiana Fizsbin, quien desempeñaba el cargo de subsecretaria de Control Comunal, fue citada para declarar el 22 de este mes.
De esa subsecretaría dependía Gustavo Torres, quien desempeñaba el cargo de director general de Fiscalización y Control: prestará declaración indagatoria entre el 17 y el 18 de este mes.
Ana Fernández era directora adjunta de Fiscalización y Control; también declarará entre el 17 y el 18, y su citación obedece a que, si bien su rango era inferior al de Torres, este último llevaba pocas semanas en funciones cuando se produjo la catástrofe de República Cromañón, y la antigüedad de su adjunta era mayor.
Los tres funcionarios ahora citados a declarar tuvieron que renunciar como consecuencia del incendio en el que perdieron la vida 193 personas.
La responsabilidad de Torres y Fernández se refería especialmente a las inspecciones que se llevan a cabo a los locales habilitados.
Fizsbin estaba a cargo de toda el área de control, incluyendo las habilitaciones.
José Iglesias, abogado de buena parte de las víctimas –y cuyo hijo perdió la vida en la catástrofe– se manifestó “totalmente de acuerdo” con las citaciones judiciales a estos funcionarios: “Se han ido sumando en la causa declaraciones de funcionarios, particularmente inspectores y ex inspectores que, al describir el sistema, involucran a esos funcionarios. En cuanto a Fizsbin, casi todos los testigos ratifican y amplían los cargos que, aun antes del incendio, había formulado el defensor del pueblo Atilio Alimena”.
El abogado de las víctimas coincidió en que “la tipificación probablemente se organice alrededor del homicidio culposo. El delito de ‘incumplimiento de deberes del funcionario público’ quedaría en principio subsumido en la negligencia propia del ‘homicidio culposo’”.
Raúl Fernández, jefe de Gabinete del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, afirmó, en relación con estas citaciones indagatorias, que “el gobierno encabezado por Aníbal Ibarra, tal como lo planteó desde el 30 de diciembre, mantiene su compromiso con el esclarecimiento de los hechos, la delimitación de los responsables y la búsqueda de la verdad y la justicia; como hasta ahora, este gobierno seguirá colaborando con el juzgado a fin de que se delimiten las responsabilidades públicas y privadas”.
Entre tanto, prosiguen los sumarios administrativos dispuestos por el gobierno de la ciudad, que alcanzan a más de 15 funcionarios, básicamente del área de inspección. “La adopción de las medidas más graves, como cesantías, seguramente va a estar muy ligada con el desarrollo de la causa judicial”, anticipó una fuente del gobierno de la ciudad.