Un juez porteño le ordenó al gobierno de la ciudad la clausura, en 48 horas, del casino flotante de Puerto Madero, al considerar que se trata de un emprendimiento ilegal. Además, el magistrado declaró “inconstitucional” el convenio firmado entre Lotería Nacional y el Instituto de Juegos y Apuestas porteño que permite su funcionamiento y establece un reparto de los beneficios. El jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, anunció que apelará la medida, con lo que el cierre del casino queda en suspenso.
La ley que regula el juego en el ámbito porteño fue sancionada en diciembre de 2000 y sostiene, en su artículo 30, que el Poder Ejecutivo “debe realizar todas las acciones correspondientes para lograr el cierre” del casino flotante que funciona en el buque “Estrella de la Fortuna”. También insta al gobierno a “garantizar el ejercicio en plenitud de los derechos autonómicos” en materia de juego en la ciudad.
Con ese antecedente, el juez en lo Contencioso Administrativo Roberto Gallardo cuestionó en su fallo un convenio entre la ciudad y la Nación –aprobado en septiembre de 2003 por la Legislatura porteña–, donde las partes –Nación y ciudad– reconocieron la exclusividad de Lotería Nacional en la explotación de los juegos de azar. De todos modos, por ese convenio, el Estado nacional se comprometió a transferir al instituto un 50 por ciento del producto de las explotaciones de juego en la ciudad. La otra mitad, de acuerdo con el documento, es para el Ministerio de Desarrollo Social. La empresa concesionaria del barco se queda con el 80 por ciento de las ganancias y transfiere el restante 20 por ciento a Lotería, según el fallo del juez.
Gallardo se pregunta en la resolución: “Si la ley prohíbe el casino flotante, ¿por qué el jefe de Gobierno propone a la Legislatura un convenio que lo pseudolegaliza?”. En este sentido, el jefe comunal apuntó que se trata de un acuerdo de transición, porque la ciudad “no podía pasar a administrar el tema de un día para el otro. Según la Constitución porteña, también deberíamos tener policía y no la tenemos”.
Ibarra dijo que previo a ese convenio, la comuna “no recibía nada. Como fruto del acuerdo, el año pasado recaudamos 50 millones de pesos y en lo que va del año otros 19 millones”.
Por otra parte, la resolución de Gallardo sostiene que “para sorpresa y desazón del tribunal, Casinos de Buenos Aires S.A., titular del Casino Flotante, jamás ha tributado un centavo localmente en concepto de impuesto a los Ingresos Brutos”. Y agrega que “de los antecedentes estudiados surge que los inspectores fiscalizadores del gobierno local jamás han podido subir a bordo del barco a efectuar relevamiento fiscal alguno”.
En este punto, el jefe de Gobierno porteño afirmó que Gallardo “sabe que esto no se puede cumplir. Hay una apelación del gobierno porteño, que está en trámite, a una medida de no innovar solicitada oportunamente por el casino; por eso es que no podemos avanzar en este tema”. Esa medida cautelar determina “no innovar respecto de la actividad llevada a cabo a bordo del casino, debiendo abstenerse los demandados (el gobierno porteño) de toda actividad que implique alterar, modificar o suprimir la situación fáctica y jurídica”. Esta decisión fue confirmada en 2000 y 2002.
“Nosotros mandamos inspección de Rentas, pero hubo una resolución de julio de 2004 para que no se innove ‘en la situación tributaria –en cuanto al impuesto a los Ingresos Brutos– respecto de la actividad que se lleva a cabo a bordo del buque’”, explicó Ibarra. “Por un lado tenemos un juez federal que nos dice que no podemos avanzar sobre el casino porque hay que respetar la medida de amparo; y por el otro este juez nos pide que clausuremos”, señaló el jefe de Gobierno al anunciar la apelación.