En relación con la tragedia de República Cromañón, donde murieron 193 personas, familiares de las víctimas presentarán hoy una nueva querella contra el jefe y el vicejefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra y Jorge Telerman, otros funcionarios bajo su dependencia y los titulares de las superintendencias de Bomberos y de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal. La acusación, según adelantaron a Página/12 los abogados patrocinantes, será por el delito de “abandono de personas seguido de muerte”, que tiene una pena de 5 a 15 años de prisión. Las pruebas que se presentarán, entre ellas el testimonio de un ex médico del SAME, apuntan a denunciar presuntas “situaciones de caos, desorden, abandono de personas y desatención” de las víctimas, por supuestas deficiencias en el operativo de salvamento. Por otra parte, ayer fueron indagados Omar Chabán, dueño del boliche incendiado, y el subcomisario de la Policía Federal Carlos Rubén Díaz, quienes están acusados por el pago de coimas para hacer la vista gorda durante las inspecciones que se realizaron en el local en los meses previos a la tragedia. Chabán se negó a declarar y Díaz rechazó en forma terminante la imputación.
El jefe policial, quien todavía se desempeña en la comisaría séptima, con jurisdicción en el barrio de Once, aseguró que sólo se encontró “dos o tres veces” con Chabán y rechazó el testimonio de ex empleados de Cromañón que aseguran que lo vieron retirar dinero del local. Pedro D’Attoli, abogado de Chabán, consideró que es “una barbaridad” que se adjudique a los policías alguna irregularidad, cuando se comportaron “como héroes” en las tareas de rescate. La presencia de Chabán ante el juez Julio Lucini fue fugaz, dado que se negó a declarar por el delito de cohecho.
Cuando salía de Tribunales, D’Attoli aseguró que su representado “nunca pagó” ninguna coima. El abogado dijo que “no están diciendo la verdad” los ex empleados que lo acusaron y que incluso reconocieron a Díaz, en rueda de personas, como el uniformado que iba a retirar los supuestos pagos. Dos ex empleadas, Ana Sandoval y Viviana Cozodoy, dijeron ante Lucini que Chabán le pagaba a la policía “100 pesos por cada 500 jóvenes que ingresaban al local” en cada recital. Aunque D’Attoli admitió que suelen ocurrir los casos de cohecho, en esta ocasión “no tiene sentido que se haya pagado coima a la Federal”, dado que la fuerza “está fuera del ámbito del boliche” en lo que hace a su habilitación.
El subcomisario Díaz “rechazó categóricamente” haber recibido dinero de Chabán o de su hombre de confianza, Raúl Villarreal. Apenas reconoció que vio “dos o tres veces” a Chabán, cumpliendo “directivas de la superioridad”, por ser un lugar que estaba en su jurisdicción. “Apenas le ofreció los teléfonos fijos de la seccional y los celulares de los patrulleros, por si precisaban algo”, comentó el abogado del policía, Roberto Armando Murature.
En la causa hoy habrá novedades por la presentación que harán los abogados José Iglesias, padre de Pedro Tomás, uno de los chicos fallecidos en la tragedia, Pablo Mayer y Beatriz Campos. Los acusados en el escrito, además de Ibarra y Telerman, son el jefe de Gabinete del Gobierno porteño, Raúl Fernández; los secretarios de Salud, Alfredo Stern, y de Infraestructura, Roberto Feletti; el director del SAME, Germán Fernández; el director de Defensa Civil, Víctor Capilouto; la secretaria de Derechos Humanos, Gabriela Alegre, y los superintendentes de Bomberos y de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal.
Los querellantes aseguran que en el operativo de rescate no se cumplieron las normas establecidas para casos de emergencia en la ciudad. Mediante el testimonio de un ex médico del SAME cuyo nombre se mantiene, por ahora, en reserva, se habrían establecido las siguientes irregularidades: 1) “No se cercó la denominada zona de impacto” (el lugar de la tragedia); 2) “No se estableció la noria de evacuación” para agilizar el traslado de las víctimas a los hospitales; 3) “Ese traslado fue hecho por los sobrevivientes, sin actuación de personal capacitado”; 4) “No hubo órdenes superiores que dirigiesen a los desorganizados profesionales” que actuaron; 5) “No hubo equipamiento adecuado”; 6) “No se aplicó oxígeno desde el lugar”, pese a que las víctimas daban muestras de asfixia; 7) “No se identificó a las víctimas ni se seleccionó el Triage”, sistema que ordena la atención según niveles de gravedad.
Lo enumerado, según los denunciantes, hizo que todo quedara librado “a la iniciativa de los sobrevivientes”. Otros aspectos del operativo que se cuestionan son la derivación que se hizo sin tener en cuenta la capacidad de los hospitales, lo que determinó “trasladar la zona de desastre” a los centros de atención, que no haya funcionado “en ningún momento el Comité Operativo de Emergencia, integrado entre otros por Aníbal Ibarra”, y que tampoco haya actuado “el Comité de Crisis”, conformado por el gabinete del gobierno porteño. Por eso se acusa a los nombrados, además, por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
La acusación, dice la querella, se funda en las normas vigentes, establecidas en el Plan Maestro de Defensa Civil, el Plan Operativo para desastres y el Manual de Emergencias prehospitalarias. Estas dos últimas publicaciones pertenecen al SAME. “De aplicarse el 10 por ciento de las normas, el número de víctimas fatales hubiera sido sensiblemente menor”, afirman los querellantes.