La dimensión del conflicto docente se convirtió en un problema para el gobierno de Juan Carlos Romero. Para disuadirlo, cuestiona la legitimidad de ATE, a esta altura cabeza de la protesta docente como consecuencia de la posición antihuelguista que adoptó la dirección del gremio de maestros de la provincia. En tal sentido, el viernes pasado, la Dirección de Trabajo de Salta emitió un dictamen que le niega a ATE la capacidad de tutela sindical. El informe fue girado al Ministerio de Educación provincial. En tanto, distintos gremios, entre ellos el Consejo de Secretarios Generales de Ctera, pidieron la intervención del gobierno nacional para mediar en el conflicto.
El dictamen intenta reconsiderar el concepto de trabajadores del Estado. Según sus autores, ese concepto comprende sólo a los que “desempeñan sus labores en el ámbito de la administración pública centralizada, quedando excluidos todos aquellos que cuenten con una categoría propia y un régimen jurídico diferenciado”, como sería el de los maestros según este criterio.
ATE representa a buena parte de los docentes que están en estado de movilización en calidad de “autoconvocados”. La conducción de la Agrupación Docente Provincial (ADP) no adhirió al paro y, aunque está bajo la órbita de Ctera, mantiene una posición diferente. El jueves pasado, el Consejo de Secretarios Generales de Ctera se reunió para emitir una resolución en la que le exigieron al gobernador Juan Carlos Romero “inmediata respuesta a las justas demandas de la docencia salteña”.