El gobierno de la República Dominicana repatrió a 17 mujeres que estaban en situación de indigencia en Buenos Aires desde hacía varios meses y que habrían llegado al país a través de una organización que las explotaba sexualmente. La red delictiva está siendo investigada por la Fiscalía Nº 32 de la Capital Federal a partir de la denuncia de 5 mujeres que declararon bajo identidad reservada. Sus testimonios involucran a la representante en la Argentina del partido gobernante y también salpicarían a la cónsul, por lo que el tema se ha convertido en un escándalo nacional en la isla caribeña. La misión en Santo Domingo de la Organización Internacional de Migraciones denunció ante la Cancillería dominicana que hay “importantes complicidades políticas y diplomáticas”. Según el organismo de la ONU, la red de tráfico transportó en los últimos años a unas 5000 ciudadanas dominicanas al país, donde son obligadas a ejercer la prostitución. Algunas estarían desaparecidas.
La fiscal Ana María Yacobucci investiga a Máxima Pérez Matos, presidenta de la Seccional en Argentina del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), actualmente en el poder, por amenaza de muerte y facilitación de la prostitución. La denuncia en su contra fue presentada el 30 de diciembre por cinco ciudadanas dominicanas que declararon con identidad reservada, con el asesoramiento jurídico de la Oficina de Asistencia a la Víctima del Delito, de la Procuración de la Nación, encabezada por Eugenio Freixas. Según declararon, Pérez Matos dirige desde hace años la Asociación Mutual de Dominicanos Residentes en Argentina que funciona en una pensión de la calle Carlos Calvo, en el barrio de Boedo, y que sería una pantalla para encubrir a la red de tráfico de blancas.
Las mujeres denunciaron que en República Dominicana les ofrecieron venir a la Argentina a trabajar en tareas domésticas por un salario de 800 dólares quincenales. Les hicieron hipotecar sus casas para conseguir dinero porque les exigieron tener entre 2000 y 3000 dólares. Un porcentaje de ese monto se lo retuvieron antes de salir de Santo Domingo. En el bolsillo les dejaron 1000 dólares, que es lo que exige Migraciones para ingresar al país. Al pie del avión las esperaba un supuesto agente de Migraciones que les sacó ese dinero y luego las trasladó en auto a la pensión de Pérez Matos, cobrándoles incluso el traslado. “De acuerdo a sus testimonios, en ese lugar tienen que esperar a que las llamen para trabajar, pero como el trabajo nunca llega, y se van quedando sin dinero porque les cobran por todo, les plantean que tienen que prostituirse y las vinculan con prostíbulos de Quequén, Mar del Plata, Necochea. Algunas se quedan en la ciudad de Buenos Aires. Dicen, incluso, que los primeros acercamientos sexuales ocurren en esa misma pensión”, detalló Freixas a Página/12. Por el miedo que tienen y las condiciones extremas que están atravesando, unas quince dominicanas, entre ellas algunas de las denunciantes, están recibiendo ayuda social y psicológica en la Oficina de Asistencia a la Víctima. Dos de las testigos encubiertas ya regresaron a su país con la colaboración de la Organización Internacional para la Migración (OIM).
Los testimonios también involucrarían a la cónsul dominicana en la Argentina Amanda Cabral, cuya hermana, Peggy Cabral, es candidata por el oficialismo a la intendencia de Santo Domingo. El tema se ha convertido en tal escándalo en República Dominicana a partir de las revelaciones de medios locales, que el presidente Hipólito Mejía ordenó la semana pasada una investigación “profunda y exhaustiva”. El único detalle es que se la encargó al embajador en la Argentina. Según informó el diario dominicano El Caribe, en realidad, el gobierno estaba al tanto del asunto desde fines de marzo, cuando la cancillería recibió de manos de OIM un informe sobre el tráfico de mujeres donde denuncia que “hay involucradas importantes complicidades políticas y diplomáticas”.
En los últimos días, El Caribe denunció que un gran número de dominicanas que llegaron engañadas a Buenos Aires están viviendo en laindigencia, en la calle, sin poder regresar a su país. Una carta que recibió el 23 de abril un diputado del oposición, Alfonso Fermín, con detalles de las penurias de las dominicanas, puso en marcha el operativo de repatriación. “Hay casos de mujeres desaparecidas, de mujeres encerradas en burdeles a las cuales se les ha obligado a ejercer la prostitución”, le escribió una abogada dominicana radicada en la Capital Federal que está investigando hace algunos años el tráfico de caribeñas y que pidió a Página/12 mantener su nombre en reserva por temor a represalias. Fermín intercedió ante el presidente Mejía y el gobierno costeó los pasajes para que regresaran 17 mujeres con 8 hijos. El grupo llegó al aeropuerto de Santo Domingo en la noche del martes en un vuelo de American Airlines. Tenían entre 6 y 10 años viviendo en Argentina y sus calamidades se profundizaron a partir de diciembre. “Quedan más personas en peor situación que la que sufrimos nosotras”, advirtió una al bajar del avión.