Gabriel Rodríguez es un joven profesor de dibujo. El año pasado intentó inscribirse en un concurso para cubrir un cargo docente en la ciudad de Buenos Aires, pero se enteró de que, como es uruguayo, no puede ejercer su profesión en la ciudad. Asistido por una ONG, pidió al Tribunal Superior de Justicia porteño que declare inconstitucional la norma. Al mismo tiempo, inició una acción de amparo ante un juzgado local para poder inscribirse en el concurso. Aunque el Tribunal Superior rechazó el primer pedido, el miércoles último obtuvo un fallo favorable en el amparo, por lo que, finalmente, podrá concursar el cargo. En la Legislatura hay un proyecto para modificar la norma que prohíbe a los extranjeros ejercer la docencia en la ciudad.
Uno de los requisitos para enseñar que fija el Estatuto del Docente porteño es “ser argentino nativo, por opción o naturalizado”. Con una salvedad: “En el área de Educación Superior podrán admitirse extranjeros cuando razones de idoneidad así lo requieran”. La Asociación por los Derechos Civiles, donde recurrió Gabriel Rodríguez a principios de 2004, planteó ante el Tribunal Superior porteño que se declare inconstitucional la norma.
El pedido se hizo el 27 de mayo de ese año. Y el 13 de agosto, presentaron una acción de amparo ante el juez en lo contencioso administrativo y tributario Juan Vicente Cataldo, “para que la ciudad le permita a Gabriel inscribirse en los concursos de este año y así impedir que se sigan vulnerando sus derechos”, explicó a Página/12 Natalia Monti, la abogada de ADC que lleva el caso.
El juez Cataldo dictó una medida cautelar para que Gabriel –quien estudió en Argentina– pueda desempeñarse como maestro. El magistrado se refirió a la Constitución Nacional. “El principio rector del artículo 20 garantiza que los extranjeros gozan de todos los derechos civiles del ciudadano y pueden ejercer su industria, comercio y profesión”, apuntó. Sin embargo, el fallo del Tribunal Superior fue adverso. Monti aseguró que en el documento “hay una argumentación fuerte que apunta a que una persona, siendo nacional, va a estar más comprometida con la realidad del país”. Tres de los cinco miembros del Tribunal votaron en ese sentido.
El tema no es nuevo para el defensor adjunto de la ciudad de Buenos Aires, Gustavo Lesbegueris. “El año pasado presentamos un proyecto de ley en la Legislatura porteña para modificar esta cláusula, que es discriminatoria y debe ser eliminada por inconstitucional”, afirmó ante este diario. En este sentido, comentó que la iniciativa tiene despacho favorable de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Educación. “No pedimos que los hagan ingresar a la enseñanza sino algo previo, porque lo que se les niega es la posibilidad de concurso: ni siquiera los anotan en las juntas de clasificación docente”, destacó.
Informe: Daniela Bordón