En la causa en la que se investiga el contrabando de cocaína a España en un vuelo de la empresa Southern Winds (SW), siguen los cuestionamientos al juez Carlos Liporace, ahora recusado por la fiscal Gabriela Ruiz Morales, quien utilizó parte de los argumentos desplegados contra el magistrado por los miembros de la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico. La fiscal aseguró en su presentación que Liporace incurrió en “prejuzgamiento y parcialidad” porque, desde su óptica, habría evidenciado un “claro diferenciamiento entre los imputados” en el escándalo. De esa forma aludió al hecho concreto de que mientras tres empleados de SW están presos, los máximos directivos de la compañía siguen en libertad, aunque en líneas generales las sospechas sobre unos y otros tienen puntos en común. Además, la fiscal se quejó por la demora de una serie de medidas solicitadas por ella al juez. La recusación coincidió con la demora de la ampliación de indagatoria de uno de los detenidos, Walter Beltrame, y con la postergación del fallo de Liporace sobre la situación procesal de los directivos de SW, Juan y Cristian Maggio y Enrique Montero.
La postura asumida por la fiscal, que también fue recusada por supuesta “enemistad manifiesta” por los empleados de SW en España, Marcelo Verdino y Flavio Cañoto, parece abrir una brecha a los defensores de Walter Beltrame, quien ampliaría su declaración el martes próximo. “Nosotros no queremos parar el trámite y por eso Beltrame está dispuesto a declarar este martes, a pesar de la recusación”, dijo a Página/12 Stella Maris Castelli, una de las abogadas del ex empleado de SW. La defensora anticipó que su representado tiene la intención de aportar a la causa “información que contradice la documentación presentada en su momento por SW”. Castelli aseguró que Beltrame está en condiciones de “demostrar que no tiene ninguna responsabilidad en los hechos y de poner en evidencia que los abogados de SW han armado una causa que se va a desmoronar”.
Sobre la postergación de la ampliación de indagatoria, Castelli sostuvo que “no se debió a la recusación de Liporace” sino “a un problema planteado por la fiscal porque el juez no la había notificado sobre la realización de la audiencia”. Ayer por la mañana, Beltrame había sido llevado al despacho de Liporace por una custodia reforzada con efectivos de la Policía Aduanera, pero pasado el mediodía se resolvió la suspensión del trámite hasta el martes próximo.
En primera instancia, la recusación debe ser aceptada o rechazada por Liporace. Con posterioridad, el planteo podría llegar a conocimiento de la Sala B de la Cámara, que ya hizo dos críticas muy duras contra Liporace, quien de avanzar los cuestionamientos podría llegar incluso a la instancia del juicio político. La recusación habría demorado la definición, por parte de Liporace, de la situación procesal de los tres directivos de SW, aunque por otro lado se dijo que el juez tiene tiempo hasta la semana próxima para decidir ese punto. Los hermanos Maggio y Montero fueron indagados mucho después de la detención de los empleados de SW Walter Beltrame, Claudio Baudino y Fernando Arriete.
Unos de los motivos de la recusación presentada contra Liporace por la fiscal es la supuesta “parcialidad en el trato a los imputados” y también la “restricción a la actividad de la fiscalía” en la causa. También habló de un supuesto “prejuzgamiento (por parte del juez) en las manifestaciones públicas” sobre el caso y respecto de la responsabilidad de algunos de los imputados. En el escrito, del que se envió una copia a la Procuración General de la Nación, la fiscal recordó que la Sala B de la Cámara ya había dicho, al confirmar el procesamiento de Arriete, que la investigación de Liporace evidencia anomalías que “tornan confusa y errática la pesquisa”. Los camaristas afirmaron, además, que el juez no hizo “lo necesario para la producción de las medidas”.
La fiscal dijo que el juez habría incurrido en un desconocimiento de la Ley del Ministerio Público, que permite a la Fiscalía iniciar actuaciones urgentes para colaborar en la investigación, y que siempre fueron trabadaspor Liporace. Antes de recusar al juez, la fiscal Ruiz Morales había denunciado amenazas telefónicas recibidas en la fiscalía y en su domicilio, además de seguimientos en auto. La fiscal dijo que esos hechos comenzaron después de la declaración del policía federal Andrés Machado, quien denunció supuestas “presiones” de parte de César Cabrera, secretario de la fiscal.