La polémica ley que ordena reservar durante 10 años todas las comunicaciones realizadas por mail e Internet siguió recibiendo cuestionamientos directos. El diputado socialista Jorge Rivas anunció que pedirá la modificación de la norma. Ayer, Página/12 anticipó que la norma entrará en vigencia el 31 de julio, luego de votarse sobre tablas en el Senado, y sin que se haya discutido en las comisiones ni en el recinto. Según la norma, los prestadores de servicios deberán almacenar los sitios que visitan los clientes, los mails que envíen y el contenido de los chats durante 10 años, para entregar a la Justicia en caso de que un juez lo ordene. La publicación de la nota puso el tema en el candelero –ya que había pasado completamente desapercibido– y desató una ola de críticas por lo que se considera una invasión sobre los derechos civiles. Actualmente, según recordó Rivas, la intervención de cualquier tipo de comunicaciones sólo puede realizarse “en el momento en que se entabla, siempre y cuando se cuente con la autorización fundada de un juez federal en lo penal con jurisdicción. La interceptación sólo es técnicamente posible desde el momento en que se obtiene la autorización judicial y hacia el futuro, nunca hacia el pasado”, afirmó.