“Quiero pedirle perdón por lo sucedido”, le dijo el jefe de la Policía Federal, comisario general Néstor Valleca, a la mamá de Camila Arjona, la nena de 14 años que fue asesinada por policías en el barrio porteño de Lugano. La frase se escuchó en la reunión en la que la mujer fue recibida por el ministro del Interior, Aníbal Fernández. En tanto, los tres efectivos detenidos por el crimen se negaron a declarar ayer ante el juez que investiga el caso.
“Señora, yo tengo algo para decirle: quiero pedirle perdón por lo sucedido. Si de alguna manera sirve, la acompaño en su pesar porque también soy padre”, le dijo el jefe policial a Norma Díaz, la madre de Camila.
El 1º de abril, Camila –embarazada de cuatro meses y medio– estaba en la casa de su novio, en la Villa 20, de Lugano, cuando oyeron una discusión y salieron al pasillo. Según relataron los vecinos, tres oficiales de la comisaría 52º, uno de ellos de servicio, estaban tomando cerveza en una esquina y quisieron obligar a un joven a que les fuera a comprar drogas.
Ante su negativa, le golpearon la cabeza contra un poste de luz y dos de ellos comenzaron a disparar al aire. El tercero “tiraba al bulto”, contó un testigo que presenció los acontecimientos desde una terraza. Camila recibió un balazo por la espalda, disparado desde cinco metros de distancia, mientras que su novio logró escapar. El mismo testigo dijo que vio cómo un policía levantó de los cabellos a la chica cuando ya estaba herida y le dio una patada en la cabeza. De hecho, en los zapatos de uno de los efectivos se encontró sangre.
Los suboficiales presos por el asesinato de la joven son Adrián Bustos, Miguel Angel Cisneros y Mariano Almirón. Ayer, los trasladaron desde el penal de Marcos Paz hasta el Palacio de Tribunales, donde el juez de instrucción porteño Jorge López esperaba tomarles declaración. Por segunda vez, los policías se negaron a hablar. Según indicaron fuentes judiciales, el magistrado les dictaría hoy el procesamiento con prisión preventiva por el homicidio de Camila, y también por “tentativa de homicidio, lesiones y violación de los deberes de funcionario público”.
Durante el encuentro con el ministro del Interior, la madre de Camila pidió que se garantice la seguridad de los testigos frente a la posibilidad de que se produzcan represalias si declaran en contra de los policías. Al salir de la reunión en Casa de Gobierno, el abogado de la familia, José Vera, señaló: “Algunos testigos manifestaron temor de declarar. Pedimos la garantía para que estén protegidos, y se les hizo saber a seis testigos clave que tienen a su disposición el pedido de protección”, precisó.
Según relató el abogado, el pedido de disculpas por parte de Valleca fue “muy importante para la familia. Lo aceptamos y lo recibimos como ha sido expresado”. Cuando le preguntaron sobre la auditoría que Asuntos Internos inició la semana pasada en la comisaría 52ª, la definió como “acertada”. En este sentido, añadió: “Si había personal de guardia en estado de ebriedad cuidando una zona y se produce una balacera donde muere Camila, obviamente la conducción no era adecuada. Nos parece que se debería haber intervenido la dependencia o, cuanto menos, haber relevado al titular”, opinó.
El juez de instrucción Jorge López dispuso que quien intervenga en la pericia y la instrucción sea la Gendarmería Nacional. “Eso para nosotros es una gran tranquilidad, no porque la Policía Federal esté haciendo las cosas mal, sino porque nos da garantías en cuanto a objetividad”, dijo Vera. Las pericias que deben llevarse adelante son balísticas y bioquímicas, estas últimas para saber si los efectivos “estaban bajo el efecto de alcohol y drogas en el momento del hecho”, señaló el abogado. El propietario de un kiosco testimonió en la causa que esa noche les había vendido a los policías ocho botellas de cerveza.