Toda la responsabilidad a Omar Chabán, a quien arrojó la bengala, a los federales de la comisaría 7ª y a los bomberos. Sobre esa base de argumentación, la ex subsecretaria de Control Comunal porteño Fabiana Fiszbin se presentará hoy a declarar ante el juez Julio Lucini y el fiscal Juan Manuel Sansone, como imputada de homicidio culposo en el caso Cromañón. Ayer, el defensor de Fiszbin entregó al juez un voluminoso escrito de casi 250 folios en el que anticipaba la argumentación de su defendida. Según aseguraron allegados a la funcionaria, “Fiszbin está dispuesta a responder todas las preguntas que le haga el juez”. Ayer, los comisarios Miguel Belay y Gabriel Sevald, anterior y actual jefe de la seccional 7ª, declararon ante Lucini. Ambos se encolumnaron como un solo hombre detrás de la obvia consigna que reza: “Acá no hubo coimas ni nada”. También ayer se presentó el ex director general de Fiscalización y Control porteño Gustavo Torres, compañero de imputación de su superior, Fiszbin, y primer funcionario de gobierno citado a declarar. Para el caso, Torres se negó a decir ni mu.
Fiszbin era la subsecretaria de Control Comunal porteño en el momento en que se desató el incendio en Cromañón, que provocó 193 muertes y centenares de heridos. Por el momento, es la funcionaria del gobierno porteño de mayor rango involucrada por la justicia en el caso Cromañón. Fiszbin fue acusada por el fiscal Juan Manuel Sansone por homicidio culposo, al igual que el resto de los imputados en el caso. Citada a declaración indagatoria, hoy debería presentarse ante el juez Julio Lucini en los Tribunales de Talcahuano.
Como anticipo a su indagatoria, el defensor de la ex funcionaria Marcelo Fainberg presentó ante el juez una declaración espontánea de su cliente. Allegados a la causa señalaron que en los principales puntos del voluminoso escrito de 228 folios se intenta quitar toda responsabilidad a Fiszbin para descargarla sobre los hombros de Omar Chabán, sobre quien arrojó la bengala, sobre la policía y los bomberos. “Chabán es el responsable primario del incendio –señaló a Página/12 un allegado a Fiszbin–. También está la o las personas que arrojaron la o las bengalas que provocaron el incendio”.
En tercer lugar, Fiszbin acusa a los federales de la 7ª. “Estuvieron en la puerta, no sólo ese día sino varios días antes –señaló la misma fuente–. Son funcionarios policiales que omitieron el cumplimiento de sus deberes porque no denunciaron contravenciones como la introducción de pirotecnia. Tampoco hicieron nada pese a que fue evidente que entraron más de tres mil personas en lugar de los mil para los que estaba autorizado el local. Y además, nunca denunciaron que a los recitales entraban menores de edad”.
Las acusaciones en defensa de Fiszbin también cargan contra los bomberos. “Tienen un sistema de detección automática de los locales cuyos certificados de seguridad contra incendios están por vencer o ya vencieron. Cuando a Cromañón le venció la habilitación los bomberos lo sabían, fueron al local pero no había nadie y no volvieron nunca más y nunca se lo comunicaron al gobierno. Al menos, la ex subsecretaria Fiszbin no fue enterada. Eso sí, le entregaron un listado de locales que estaban con su certificado vencido al defensor adjunto de la ciudad, Atilio Alimena. Cuando Fiszbin supo la existencia de un listado de locales, ella de inmediato dio la orden de clausura.”
Según Fainberg, su defendida tenía “el poder de policía, pero no el ejercicio de ese poder, porque los inspectores municipales no dependían de ella sino de la Dirección General de Fiscalización y Control. El jefe de inspectores es el que coordinaba las acciones. Fiszbin tenía una función operativa: cuando el gobierno recibía denuncias de los vecinos ordenaba los operativos, pero justo en noviembre y diciembre de 2004 el gobierno desarrollaba una campaña de control de venta de alcohol a menores en los kioscos lo que ocupaba la mayor parte del personal”. Para completar ladefensa, Fainberg ejemplificó: “Cuando una persona saca un registro, el gobierno no lo intima al vencimiento. El poseedor lo tiene que renovar personalmente. En los locales pasa lo mismo. Cuando al propietario se le vence una habilitacion, tiene que hacer el trámite en forma personal. En la ciudad hay unos 900 mil locales de todo tipo, y para la subsecretaria era imposible mandar inspectores a los 900 mil locales. Uno confía que cada ciudadano cumpla con sus responsabilidades, responsabilidades que Chabán no cumplió”.
El abogado Fernando Soto, que representa a unas 50 víctimas y que ayer participó en la reunión habitual de los familiares con el ministro Aníbal Fernández y a la que se sumó el presidente Néstor Kirchner (ver aparte), cuestionó los argumentos de Fiszbin. “Nosotros sostenemos que la estructura de inspección municipal es una caja de recaudación. La habilitación de Cromañón fue irregular desde el principio. La puerta de emergencia no daba a la calle; las salidas no estaban a la distancia exigida; el local había sido inscripto en el rubro de Bailable Clase C, pero se usaba para recitales. Según Chabán, dijo que se lo inscribió así porque el rubro de recitales no existe. Pero no es así: el Luna Park, por ejemplo, está habilitado así y cada vez que hay una actividad pide autorización. Según la acusación del fiscal ‘hasta el más novel sabe que en Cromañón se daban recitales de amplia difusión’. Además, la superficie real no responde a los planos porque las galerías superiores fueron transformadas en un entrepiso”.
El abogado agregó que “no es lo mismo que el registro de conductor. El gobierno no puede controlar a todos los conductores particulares, pero es un absurdo que diga que no tiene que controlar al transporte público. La ordenanza 50.250 obliga a que la cuando no se cumplen las disposiciones referentes a la seguridad, el gobierno debe clausurar inmediatamente”.