El presidente Néstor Kir- chner ordenó ayer desde Alemania que se derogara el polémico decreto que obliga a los proveedores de Internet a almacenar a partir del 31 de julio y por diez años toda la información referida a sus clientes, incluidos los contenidos de sus chats y de sus correos electrónicos, para que esté a disposición de la Justicia. La decisión del Ejecutivo de dar marcha atrás con el espionaje a los usuarios de la web, adelantada ayer por este diario, fue explicada por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández: “La sola posibilidad de que alguien pueda ver vulnerado su derecho a la intimidad es lo que nos hace retroceder para hacer una norma un poco más perfecta y discutirla con aquellos que quieran ofrecer alguna alternativa”, dijo durante una conferencia de prensa en Casa Rosada. El decreto que anulará la reglamentación de la norma –difundida el domingo por Página/12– se firmará al regreso del Presidente al país. Mientras tanto, en el Congreso se presentaron varios proyectos para derogar la ley que dio origen a la red de espionaje privada y también hubo presentaciones en la Justicia para frenarla.
Alberto Fernández sostuvo que en la reglamentación de la ley quedaba en claro que el objetivo era el de “controlar el tráfico y no los contenidos” de las telecomunicaciones, aunque admitió que pudo haber habido cierta confusión en la difusión del tema. Sin embargo, el primer artículo del decreto presidencial Nº 1653 –que lleva las firmas de Kirchner, Fernández y el ministro Julio De Vido– no deja lugar a dudas. Allí se define que “la captación de la telecomunicación” –que ordena la ley– debe entenderse como “la obtención e individualización, a través de medios técnicos, del contenido de una telecomunicación que se produce entre dos o más puntos o destinos”. “El texto es inequívoco: incluye los contenidos de los correos electrónicos”, señaló a este diario Damián Loreti, abogado especializado en Derecho a la Información y director de la Carrera de Comunicación de la UBA.
La decisión de derogar el decreto se tomó “para evitar cualquier tipo de suspicacias”, dijo Fernández y subrayó que “el Gobierno está absolutamente comprometido con el respeto a los derechos de las personas”.
No obstante, la Ley 25.873 que incorporó tres artículos a la de Telecomunicaciones de 1972 y dispuso el almacenamiento de datos sobre las telecomunicaciones por el plazo de diez años seguirá vigente hasta tanto sea derogada si prospera alguno de los proyectos que se presentaron en la Cámara de Diputados en las últimas horas. El kir- chnerista Osvaldo Nemirovsci, presidente de la Comisión de Comunicación, adelantó que buscará la corrección de la ley para evitar la vulneración de las libertades individuales. Ya presentaron iniciativas para derogarla el socialista Jorge Rivas, el justicialista Cristian Ritondo y el bloque Convergencia, encabezado por Miguel Bonasso.
La polémica ley recibió media sanción de Diputados el 26 de noviembre de 2003, tras ser analizada sólo en la Comisión de Comunicación. Apenas tres diputados se opusieron a su aprobación. De la versión taquigráfica se desprende que los presentes se limitaron a votar sin debatir. Llamativamente, el proyecto fue presentado como “Régimen para la prestación de servicios de comunicaciones móviles”, un título que nada tiene que ver con su contenido real. La confusión surgió porque el proyecto original, del peronista José María Días Bancalari, obligaba a las empresas de telefonía móvil a tener equipamiento para poder interceptar llamadas, ante un requerimiento de la Justicia. En el Senado se convirtió en ley unos días más tarde, el 17 de diciembre, en la última sesión ordinaria de 2003 y como último tema del día. El oficialismo solicitó el tratamiento sobre tablas. El proyecto fue presentado con el mismo título engañoso que traía de Diputados. Se votó sin pasar por ninguna comisión y tampoco fue discutido en el recinto. El titular del bloque justicialista,Miguel Angel Pichetto, se encargó de fundamentarlo: “Se trata de una iniciativa del Poder Ejecutivo (...) que apunta a fortalecer la lucha contra el delito organizado, fundamentalmente en lo que se refiere a la logística para la captación de las líneas telefónicas en secuestros extorsivos. El Estado requiere de esta ley para que las compañías puedan actuar con celeridad”, argumentó Pichetto.
Los alcances de ambas normativas fueron publicados por Página/12 en su edición del domingo. Hasta ese momento habían pasado casi desapercibidos, salvo para algunas publicaciones en Internet que venían alertando sobre sus consecuencias sobre las libertades individuales como el sitio Interlink Headlines News. La normativa fue rechazada por académicos, constitucionalistas y expertos en informática. Ayer, los abogados Ricardo Monner Sans y Eduardo Barcesat presentaron sendas medidas cautelares en distintos juzgados que apuntan a suspender los efectos de la ley. Tal como informó Página/12, existe desde mediados de diciembre una causa abierta en el juzgado Nº 12 en lo Contencioso Administrativo Federal presentada por la Cámara Argentina de Bases de Datos y Servicios en Línea (Cabase). La entidad planteó la “inconstitucionalidad” de la norma por considerar que implica una intromisión en la esfera íntima, aunque más le preocupa la inversión que deberían hacer las empresas. El juez Guillermo Rossi, a cargo del expediente, todavía no se expidió.